Un informe alerta de que el Gobierno de Ayuso ha deteriorado el sistema de contrapesos institucionales de Madrid

El sistema de contrapesos institucionales de la Comunidad de Madrid ha sido erosionado por la acción legislativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso desde que el PP logró mayoría absoluta en las elecciones de mayo de 2023. Esa es una de las conclusiones del informe presentado este jueves por la Fundación Hay Derecho sobre el periodo 2022-2023, y que pone uno de sus focos en la ley ómnibus aprobada por el PP en la Asamblea regional en diciembre de 2023. La norma supuso aumentar la influencia del Ejecutivo autonómico en los organismos que deberían actuar como sus contrapesos: la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia, o la radio y televisión públicas de Madrid. Una conclusión compartida por el PSOE, que en la primavera de 2024 recurrió la norma ante el Tribunal Constitucional.

El informe, además, destaca que España sigue situándose entre los países de la UE que menos jueces por habitante tiene (12 por cada 100.000) o con un porcentaje mayor de personas que piensan que la independencia judicial es mala o muy mala; y que la autonomía de la Fiscalía “se está viendo cada vez más comprometida” (el documento se ocupa de un periodo previo a la investigación abierta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una presunta revelación de secretos).

“Nuestro informe pone de manifiesto deficiencias que afectan directamente al funcionamiento del Estado de derecho en la región [de Madrid], como los cambios en los mecanismos de elección de órganos de contrapeso”, ha afirmado Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho, en un comunicado remitido a la prensa. “A nivel autonómico se reproducen vicios que vemos a nivel estatal”, ha abundado durante la presentación del informe, celebrada en la Fundación Ortega-Marañón.

Esto ha añadido Safira Cantos, directora general de la Fundación. “Nos encontramos una tendencia a neutralizar la capacidad de contrapeso de estos órganos”, ha dicho. “Son cambios relevantes”, ha subrayado, tras recordar que el ejecutivo central, que encabeza Pedro Sánchez, ha nombrado a exministros socialistas para dirigir el Consejo de Estado (Carmen Calvo), el Banco de España (José Luis Escrivá) o ser Defensor del Pueblo (Ángel Gabilondo).

¿Qué ha ocurrido en Madrid? Con la reforma aprobada en 2023 por el PP, el número de miembros de la Cámara de Cuentas pasó de tres a siete y se modificó el sistema de elección de presidente y consejeros para que fuera similar al de elección de la Mesa de la Asamblea. Es decir, desde entonces el partido mayoritario puede controlar la Cámara, como ocurre con el Parlamento, sin tener que alcanzar acuerdos con la oposición. Dicho de otra forma: el Gobierno del PP tendrá las riendas del organismo que debe fiscalizar al Gobierno del PP, para lo que ha seleccionado a un grupo de cinco consejeros entre los que se encuentra el expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, que cobrará 100.556,52 euros al año.

Además, el consejo que dirime las quejas sobre la transparencia del Ejecutivo está presidido desde que se aprobó la reforma por una persona designada por ese mismo Gobierno, su único integrante, pues el número de consejeros ha pasado de tres a uno.

“Se elimina su dependencia de la Asamblea”, explicaron en 2023 la reforma los conservadores, resumiendo en una sola frase la queja que elevó el PSOE al Constitucional. “Esta ley ómnibus desapodera a la Asamblea de Madrid de atribuciones de control y de dirección política que le habían conferido Leyes anteriores”, denunciaron los senadores socialistas que firmaron el recurso el año pasado, entre ellos el defenestrado Juan Lobato.

El atasco en el organismo es monumental desde que se hizo el cambio legal: cientos de expedientes heredados en mayo de 2024 del antiguo consejo seguían sin resolverse en diciembre, pese a que el plazo para cerrarlos es de tres meses.

Finalmente, la aprobación de la ley ómnibus ha permitido al partido mayoritario en la Asamblea (el PP, en este caso) controlar el nombramiento del nuevo director general de Telemadrid. En junio, Ayuso eligió para ese puesto a José Antonio Sánchez, un profesional avalado por una larga trayectoria que incluye haberse reconocido votante del PP, haber dirigido RTVE durante el Gobierno de Mariano Rajoy y haber admitido aparecer en Los papeles de Bárcenas.

Tramitación de urgencia

Pocas decisiones resumen mejor que esta el deterioro de los contrapesos institucionales de Madrid del que alerta el documento, titulado Informe del Estado de derecho de la Fundación Hay Derecho.

Antes de su ascenso, Sánchez había desembarcado en RTVM en 2021 como administrador provisional. Su misión era resolver un problema. Ayuso consideraba que la dirección anterior, elegida durante el gobierno en minoría de Cristina Cifuentes como fruto de una negociación entre partidos en la Asamblea, actuaba en contra de sus intereses. “Soy la única presidenta que tiene una televisión que le es crítica”, llegó a decir en una entrevista en El Mundo. Esas 12 palabras, según interpretación de la oposición, desvelaron lo que buscaba Ayuso con el cambio de directivos, que requirió de una reforma legal aprobada por el PP y Vox en la Asamblea: una televisión, como poco, acrítica. O peor, subrayaron: pasar de tele-Espe, como se denominaba a Telemadrid en la época de las mayorías absolutas de Esperanza Aguirre, a tele-Ayuso.

El informe también destaca la propensión del PP a tramitar sus propuestas legales de urgencia, incluso cuando goza de mayoría absoluta. Así, la fundación señala que “en 2023, de las cuatro proposiciones de ley presentadas por el grupo parlamentario popular, en el Gobierno, tres fueron tramitadas de urgencia”. Y afea: “Este uso recurrente de la proposición de ley por el partido que gobierna y por vía de urgencia plantea el problema de la eliminación de garantías básicas, como informes y trámites de audiencia, y el riesgo de reducir el tiempo disponible para un debate público adecuado”.

Tampoco apoyan los expertos encargados del informe que el PP haya impulsado, y aprobado, desde 2022, hasta cuatro leyes ómnibus, que versan simultáneamente sobre distintas cuestiones, y que modifican más de una decena de normativas en una sola votación.

“Son una especie de cajón de sastre en los que cabe todo y se mete todo”, ha criticado De la Nuez, pues al mezclarse todo se impide que el resto de partidos puedan apoyar aquello en lo que coinciden, y rechazar aquello a lo que se oponen. Unos reparos que ya ha mostrado la oposición de la Asamblea (Más Madrid, PSOE y Vox), y que marcan el día a día de la política madrileña desde que Díaz Ayuso logró la mayoría absoluta, en mayo de 2023. Desde entonces, el PP está inmerso en un viaje en el tiempo con un objetivo: retrotraerse a la época de la presidencia de Esperanza Aguirre (2003-2012) y recuperar todo el poder que debió ceder Cristina Cifuentes durante su gobierno en minoría (2015-2018).