Ayuso aplica el rodillo de la mayoría absoluta para controlar Telemadrid, la Cámara de Cuentas y el Consejo de Transparencia

El primer dique de contención fue Ciudadanos. El segundo, Vox. Pero rota la dependencia que tuvo de estos dos partidos en sus primeras dos legislaturas como presidenta, Isabel Díaz Ayuso (PP) esprinta para aprovechar su nueva mayoría absoluta y sacar adelante todos los proyectos frustrados por tener que pactar con estos dos partidos. La mejor prueba ha llegado este viernes en la Asamblea. El PP no solo ha registrado tres proyectos de ley que reforman 17 normas. También lo ha hecho por el procedimiento de urgencia, lo que acorta los tiempos. Todo, para cimentar el poder de un partido que lleva más de un cuarto de siglo gobernando Madrid, y para poner el sello PP a múltiples leyes (entre ellas la norma trans y la norma contra la LGTBIfobia) que el Ejecutivo de Cristina Cifuentes, en minoría, tuvo que negociar con el resto de partidos entre 2015 y 2018.

“La aplicación de las normas revela, con el paso del tiempo, si han servido o no al fin que perseguían en el momento de su aprobación”, justifica el PP sus proyectos legislativos, que afectan a la ley del suelo, a la de buen gobierno, a la de la Cámara de Cuentas o a la que regula la televisión y radio públicas regionales. “De ahí la conveniencia de llevar a cabo una revisión periódica de las mismas para adaptarlas a las exigencias actuales e incluso llegar a eliminar aquellas que han perdido su utilidad”.

Estos son los principales cambios recogidos en la ley de medidas para la simplificación y mejora de la eficacia de instituciones y organismos de la Comunidad de Madrid, que permitirá al Gobierno de Ayuso controlar aún más Telemadrid, y atar en corto a la Cámara de Cuentas y el Consejo de Transparencia, dos organismos estos que, precisamente, están diseñados para fiscalizar sus decisiones.

Nuevo director para Telemadrid. “Para evitar situaciones de interinidad prolongadas en el tiempo, se cambia el procedimiento de elección” del director general, defiende el PP en su texto. Hasta ahora, esa designación dependía de la Asamblea, lo que obligaba al consenso entre Gobierno y oposición. Ahora, el nombramiento se efectuará por cuatro años y a propuesta del Consejo de Administración de la sociedad, cuyos miembros serán elegidos por la Asamblea de Madrid de entre los propuestos por los Grupos Parlamentarios y de acuerdo a su peso político. Es decir, dominará el partido mayoritario. Todo un resumen de cómo Díaz Ayuso ha ido controlando la televisión pública desde que llegó al poder. Así, Ciudadanos defendió una reforma de la ley que obligaba a un acuerdo político. Tras las elecciones de 2021, en las que este partido no logró representación, el PP se alió con Vox para cambiar la norma, despedir a la dirección del momento, a la que Díaz Ayuso acusaba de operar en su contra, y nombrar a un administrador provisional, figura de nueva creación ideada para sortear la necesidad de lograr una mayoría suficiente para nombrar a un director.

El puesto lo ocupa José Antonio Sánchez, votante confeso del PP que reconoció aparecer en los papeles de Bárcenas, y al que PP y Vox han mantenido en el puesto vetando una propuesta del consejo de administración para nombrar un nuevo director general. Ese consejo, además, deberá ser renovado en el primer trimestre tras la aprobación de la nueva regulación, mientras que el nuevo presidente deberá ser nombrado, como máximo, seis meses después de esa tramitación favorable en la Cámara.

Un consejo de Transparencia elegido por el Gobierno. El Consejo de Transparencia y Participación está integrado por tres consejeros nombrados por la presidencia de la Asamblea, a propuesta del Pleno de la Cámara, por mayoría de las tres quintas partes. Están en el cargo durante seis años, y se distribuyen rotatoriamente la presidencia cada dos años. Hasta ahora. Con la reforma del PP, el órgano que dirime las quejas sobre la transparencia del Ejecutivo será presidido por una persona designada por ese mismo Ejecutivo, su único integrante, pues el número de consejeros pasa de tres a uno. Y se especifica: “Se elimina su dependencia de la Asamblea”. La formación conservadora justifica que la reforma incluye poner “a su disposición una unidad técnica de apoyo, lo que redundará en su mayor carácter técnico, manteniendo la independencia del órgano”.

Una Cámara de Cuentas controlada por el partido en el poder. El PP lleva desde febrero de 2022 intentando controlar la Cámara de Cuentas, el organismo que fiscaliza sus contratos y gastos, y no lo había conseguido hasta ahora porque estaba en minoría, dependía de Vox, y el partido ultra se había opuesto. ¿Qué ocurre? Desde 2019, los integrantes de este ente público eran elegidos por dos tercios de la Asamblea, lo que obligaba a un pacto entre todos los partidos sin posibilidad de desbloqueo en caso de desacuerdo. Con la justificación precisamente de ese bloqueo, los conservadores apuestan porque el número de miembros del órgano pase de tres a siete y se modifica el sistema de elección de presidente y consejeros de forma similar al de elección de la Mesa de la Asamblea. Es decir, que el partido mayoritario en la Asamblea controlará la Cámara, como ocurre en el Parlamento. Y lo hará bien pronto: la nueva alineación debe ser aprobada, como tarde, tres meses después de su aprobación.

Recentralización de los nombramientos para dirigir hospitales. La modificación patrocinada por los conservadores busca “devolver al Consejo de administración del SERMAS la posibilidad de ejercer las competencias que le son propias y poder elegir, de entre los mejores, a los gestores de los hospitales, agilizando los nombramientos y ofrecer así una respuesta más rápida y eficiente a las necesidades de cada centro hospitalario”. Así lo interpreta el exdiputado del PSOE y exconsejero de Sanidad del País Vasco José Manuel Freire: “Es volver al dedazo sin dar cuentas. Dejará de haber una convocatoria pública, para que se presente quien quiere y la ciudadanía pueda ver quién quería el puesto y a quién se lo han dado. Es un golpe de mano contra la tendencia universal hacia la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción”.

En el área de Sanidad también se impulsa un viejo proyecto de Díaz Ayuso, la incorporación de personal sanitario extra-comunitario para cubrir de forma temporal especialidades médicas deficitarias.

Un estatuto para los expresidentes de la Comunidad. El Gobierno regional quiere “dignificar” la situación de los expresidentes y exconsejeros, acabando, explicita el texto del PP, con la “anomalía” de que Madrid sea la única región, con Cantabria, sin este tipo de previsión normativa. ¿Implicará eso gasto en sueldos y oficinas para expolíticos como Esperanza Aguirre, Ignacio González, Alberto Ruiz-Gallardón, Ángel Garrido o Cristina Cifuentes? “Simplemente se habilita al Consejo de Gobierno a que regule sobre esa materia”, contesta una fuente que cuenta con la confianza de Díaz Ayuso. Y asegura: “No hay nada encima de la mesa con cuestiones que conlleven gastos”.

Además, se añade una disposición adicional “para mantener la cobertura de puestos de libre designación en la Comunidad de Madrid y controlar el traslado de funcionarios hacia otras administraciones. Se exigirá al igual que en el Estado, un informe previo favorable del departamento correspondiente para autorizar el destino por libre designación en otra administración”. Y se elimina la eliminación de mandatos en la presidencia de la la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, fijada en ocho años, lo que permitirá seguir en el poder al actual presidente si así lo quiere.

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