El Gobierno de Ayuso maniobra para controlar el órgano que fiscaliza sus contratos y gastos

La ley ómnibus que patrocina el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso desde diciembre incluye un cambio legal que permitiría al PP y a Vox controlar la Cámara de Cuentas, el organismo que fiscaliza sus contratos y gastos. Desde 2019, los integrantes de este ente público eran elegidos por dos tercios de la Asamblea, lo que obligaba a un pacto entre todos los partidos sin posibilidad de desbloqueo en caso de desacuerdo. De salir adelante la reforma, el PP podrá usar su mayoría para bloquear esa votación de consenso (que sería de tres quintos) y aprovechar luego un pacto con Vox para controlar el órgano a través de tres votaciones en las que se seleccionarían a siete consejeros por mayoría simple (a razón de uno, tres y tres en cada ronda). Un sistema idéntico al de la ley original del ente, de 1999, y que solivianta a la oposición de izquierdas en mitad de la polémica por los contratos del hermano de Díaz Ayuso con la Administración.

“Es un retroceso respecto al pacto que se alcanzó en la legislatura de Cristina Cifuentes. Volvemos al rodillo. ‘Como no lo controlo, lo cambio”, se queja Alberto Oliver, diputado de Más Madrid en la Asamblea, sobre el modelo vigente, pactado aprovechando la debilidad de aquel Gobierno del PP, que dependía de Cs. “Ahora será: ‘Estos son mis consejeros, o los tomas, o los tomas”, añade. Y recuerda: “Este es el órgano que fiscaliza la contratación, y lo que hacen es pasarlo a su control absoluto automáticamente. Eligen quién les fiscaliza a ellos, lo que es una alteración de la separación de poderes”.

“Consideramos que se produce un retroceso democrático al modificar el procedimiento de elección de los consejeros”, coincide Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta del PSOE. “Además el presidente vuelve a ser elegido por los consejeros y nombrado por el presidente de la Asamblea, en lugar de ser elegido por la Asamblea”.

“Después del escándalo de los contratos del hermano de Ayuso y el presunto tráfico de influencias de la presidenta no comprendemos cómo puede tener la desfachatez de plantear un recorte de la Ley de Transparencia y una modificación de la Cámara de Cuentas, que va a suponer que el PP se garantice el control del órgano, y que organizaciones o personas afectadas por los casos de corrupción tengan mucho más difícil ser escuchadas”, dice Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos, sobre una modificación legal que en realidad echó a andar en diciembre de 2021. “Desde Unidas Podemos hemos solicitado al Defensor del Pueblo la paralización de esta ley cuanto antes”.

Mientras el PP tramita la ley ómnibus, que incluye más de 40 cambios legales de calado en una sola votación, el tiempo sigue congelado en la Cámara de Cuentas. Su presidente, Arturo Canalda, dimitió en 2017: había sido llamado a declarar como investigado en el caso Lezo, pues era el gerente del Canal de Isabel II en 2001, cuando la compañía pública adquirió la sociedad colombiana Inassa. En consecuencia, el consejo del órgano tiene una silla vacía y solo está compuesto por seis miembros. Una cifra que en realidad debería ser mucho menor (tres), según la ley aprobada en 2019 por la Asamblea, y que no se ha aplicado, entre otras razones, porque ningún partido ha pedido renovar el órgano. Excusa que emplea ahora el Ejecutivo para defender su iniciativa.

“Las personas que actualmente integran la Cámara de Cuentas llevan en funciones desde 2018. En 2019, se cambió el sistema de elección de sus miembros, a petición de Cs”, dice un portavoz gubernamental sobre el órgano de fiscalización, aunque en realidad la reforma de hace tres años se aprobó por unanimidad y con un modelo de tres consejeros impulsado por Podemos. “Se establecía un acuerdo de dos tercios de la Asamblea, lo que ha hecho imposible su renovación”, defiende. “Desde la aprobación de esa ley, ningún partido ha solicitado la renovación de los consejeros de la Cámara”, asegura. “La Ley Omnibus pretende desbloquear esta situación contando con la participación de los grupos parlamentarios, volviendo al sistema inicial de elección, del año 99, que está recogido en la ley que regula este organismo, con excelente resultado”.

Tras el triunfo de Díaz Ayuso el 4-M, el PP tiene más votos que Más Madrid, PSOE y Podemos juntos. Y llega a la mayoría absoluta si pacta con Vox. Como consecuencia, el PP domina la Mesa de la Asamblea, el órgano que controla el día a día del Parlamento regional. Y su suma con Vox le ha permitido, entre otras cosas, cambiar la ley de Telemadrid introduciendo mecanismos de elección nuevos e inspirados en los mismos objetivos que los que ahora quiere impulsar en la Cámara de Cuentas.

Así, los dos partidos se combinaron a finales de 2021 para desalojar a la dirección de la cadena, que había sido elegida durante el mandato de Cristina Cifuentes, y que le era incómoda a Díaz Ayuso. En su lugar, se creó una nueva figura ejecutiva, sin mecanismo de destitución y cuyo nombramiento pudieron alcanzar sumando sus votos. Se trata del Administrador provisional de Telemadrid, cargo que ocupa el polémico José Antonio Sánchez, votante confeso del PP y que aparece en los papeles de Bárcenas, y que se mantendrá en el poder hasta que un improbable acuerdo de derechas e izquierdas en el Parlamento permita designar un nuevo director general de Telemadrid.

Ahora llegará el turno de la Cámara de Cuentas, un órgano clave en el funcionamiento de la Administración: es la garantía de que los políticos tienen que responder de sus decisiones de gestión. Y no se deja nada al azar. Así, los jefes de cada unidad fiscalizadora, que son los que organizan el trabajo, pasarán de ser seleccionados por un concurso de méritos público a ser elegidos por el consejo de la Cámara de Cuentas. Un consejo que a su vez puede estar controlado por el PP y Vox únicamente, y además tan solo tres meses después de que se apruebe el cambio: así lo exige la ley ómnibus.

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