El PP y Vox se han aliado este martes en la Asamblea para tumbar la candidatura de Alfonso García como nuevo director general de Telemadrid. Propuesto por el consejo de administración de la compañía tras un proceso de selección con otros tres aspirantes, como adelantó EL PAÍS, el voto contrario de los conservadores, y la abstención de sus socios, ha servido para mantener al frente de la compañía pública al polémico José Antonio Sánchez. Este directivo, votante confeso del PP, es el Administrador Provisional del ente por elección de Isabel Díaz Ayuso, que reformó la ley de Telemadrid para crear ese cargo y expulsar a la dirección anterior, que le era incómoda. Su permanencia en el poder dependerá de que el PP logre el segundo cambio en esa norma en ocho meses: quiere modificar el mecanismo de elección del director general para que no sea necesario un pacto entre derecha e izquierda, como hasta ahora, y baste la suma de PP y Vox.

“Vengo con la mochila llena de ideas, pero vacía de servidumbres”, ha dicho García durante la defensa de su candidatura, en la que ha puesto como ejemplos de su proyecto a TV3 y ETB por su “penetración territorial”. “Tengo talante de moderación, capacidad de diálogo, y de llegar a consensos y acuerdos con todos los grupos aquí presentes, sin ningún tipo de estigmatización a nadie”, ha afirmado el periodista, destituido en su día por Esperanza Aguirre (PP), y que trabajó para el Ayuntamiento en la etapa de Manuela Carmena (Ahora Madrid) como alcaldesa. “En mi trayectoria como director de informativos y presentador no soy recordado por ningún escandalo de ningún tipo que haya podido ennegrecer mi currículo”.

Ni esos argumentos, ni la detallada presentación de su proyecto, han convencido al PP y a Vox. Pese a que la extrema derecha aboga por el cierre de la compañía, los dos partidos han ido de la mano en todas las votaciones que han afectado a la radio y televisión públicas desde las elecciones autonómicas del 4 de mayo de 2021. Así, se unieron para reformar la ley de Telemadrid y expulsar a la dirección de José Pablo López, que había recuperado las audiencias de la cadena, y su prestigio, al independizarla de la influencia que ejercía el PP en su línea editorial desde los tiempos de Aguirre. Luego, pactaron recortar un 10% el presupuesto del ente para refrendar a Sánchez como Administrador Provisional. Y ahora negocian una segunda reforma legal que aumentaría su control sobre la compañía, que, en paralelo, ha vivido una crisis de audiencia.

Valle de los caídos

¿Qué llegará antes? ¿La nueva reforma de la ley que impulsa ahora el PP, o un nuevo candidato? “Abriremos otra vez una convocatoria pública para que se presenten candidaturas”, ha dicho este martes Celia Ferrero, presidenta del consejo de Administración de Telemadrid, durante una comparecencia en el Parlamento regional. Un largo proceso con final conocido: el PP y Vox tienen capacidad de bloqueo, porque juntos no pueden decidir el nombre del nuevo director general (salvo que salga adelante la nueva reforma), pero sí impedir que lo designe la izquierda. Una circunstancia que este martes ha vuelto a provocar una referencia irónica de Sánchez, cuando la oposición le ha tildado de “administrador provisional permanente”.

“Depende de ustedes”, ha dicho sobre su continuidad en el cargo, y solo unos minutos después de que la derecha evitara que perdiera el puesto. Luego, la polémica.

“Contó usted aquí en el pasillo que la cruz del Valle de los Caídos, la santa cruz, dijo, era la más grande del mundo, y unos días después era un tuit de Telemadrid“, arranca Hugo Martínez Abarca, de Más Madrid, criticando la influencia del directivo en la línea editorial de la compañía.

“Eso es una basílica consagrada, no por mi”, le replica, socarrón, Sánchez. “Le quiero recordar que eso es un cementerio, eso no es una fosa común, como ha dicho usted, ahí están los nombres y apellidos, eso es un cementerio”.

“Allí solo hay un nombre, José Antonio, sin apellidos, y estaba antes el de Francisco Franco”, le contesta Martínez Abarca. “Es el único cementerio de España donde hay muertos cuyos familiares quieren sacarlos y no pueden, y que en muchos casos se enteraron 40 años después de que estaban allí”, ha seguido. “El listado de nombres lo queremos poner porque sería una forma de dignificar a las personas que hay allí enterradas, en muchísimos casos contra la voluntad de sus familias (...) Es una ignominia (Decir eso)”.

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