Ayuso recorta los derechos de las leyes trans y contra la LGTBIfobia de Madrid

Los menores trans de la Comunidad de Madrid solo podrán iniciar su tratamiento previo examen de un pediatra, tras ser atendidos “por un profesional de la salud mental” (psicólogo o psiquiatra), y necesitarán un informe médico favorable “imprescindible” si tienen dos o más enfermedades o trastornos mentales al mismo tiempo. En la región también desaparecerá la inversión de la carga de la prueba, que obliga al acusado de discriminar a personas trans a demostrar su inocencia, y se derogará el derecho al reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada, al igual que al libre desarrollo de la personalidad y a ser tratado de conformidad a la identidad de género. El reconocimiento de este colectivo en los centros educativos y la administración será diluido, y se eliminará el código sancionador específico para las infracciones que vulneren los derechos de las personas trans e intersexuales. Esas son las principales consecuencias de la reforma de la ley trans que ha registrado este viernes el PP de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea regional, donde se aprobará por la vía de urgencia gracias a su mayoría absoluta. Lo mismo pasará con otra reforma para la norma contra la LGTBIfobia. Ambas leyes fueron aprobadas durante el Gobierno de Cristina Cifuentes y Vox pedía su derogación desde 2019.

“Ayuso allana el terreno a los comportamientos violentos con una reforma de la ley trans que es de facto una derogación camuflada”, ha criticado Mónica García, la líder de la oposición y portavoz de Más Madrid. “Le quita los derechos a las personas trans, el reconocimiento, las patologiza y supone la primera vez en décadas que la Comunidad va hacia atrás en el reconocimiento legislativo de las personas trans y LGTBI”, ha seguido. “Amputa la ley trans para satisfacer así sus pulsiones más ultras”.

También ha sido muy crítica con las nuevas normas la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, de Podemos. “Ayuso despliega su agenda reaccionaria. Que no olvide que está obligada a cumplir la ley”, ha dicho en referencia a la nueva ley estatal, que precisamente es usada por el PP como una de las excusas para adaptar dos leyes relativamente recientes.

Una línea argumental parecida a la de Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno de España. “El 23 de Julio la comunidad LGTBI se movilizó por sus derechos”, ha escrito en la red social X (antes conocida como Twitter), en referencia a las elecciones generales. “Es nuestro compromiso defenderla. Habrá un Pacto de Estado a favor de los derechos y libertades LGTBI en toda España”.

Por su parte, Santiago Rivero, del PSOE, ha criticado: “Se ha perpetrado un ataque a los derechos LGTBI. Vamos a estar en frente. Ayuso ha decidido aliarse con lo más ultra de la sociedad”.

Esto ha contrapuesto el PP a la hora de registrar las dos nuevas normas: “El objetivo es dar mayor claridad y seguridad jurídica, así como eliminar algunos aspectos como la inversión de la carga de prueba sin menoscabo de continuar con la garantía y protección de los derechos de las personas trans y LGTBI”. El partido conservador argumenta que aspectos de la ley vigente, como la inversión de la carga de la prueba, o la discriminación por error, que eliminará con la reforma, “pueden acabar conculcando derechos como la libertad de expresión y de prensa, y la libertad de cátedra y educativa de los artículos 20 y 27 de la Constitución Española, o la presunción de inocencia”.

La Ley regional de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación (conocida como ley trans) fue aprobada en 2016, cuando el Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) dependía de CS. La norma partió de la oposición y los conservadores no la apoyaron: se abstuvieron. Desde que Ayuso llegó al poder, en agosto de 2019, tiene esta ley en la diana. Tanto ella como sus principales asesores, empezando por el hoy presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, la consideran excesivamente ideológica, ineficaz en su redacción y cuestionable en alguno de sus preceptos.

De esta manera, ahora se deroga el derecho al reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada (recogida en el artículo 3 de la norma), al igual que al libre desarrollo de su personalidad y a ser tratado de conformidad a su identidad de género. Se quita de la norma que el contenido educativo contemple la no discriminación por la identidad y expresión de género, y las acciones de los centros educativos para proteger contra el acoso.

Algo parecido pasa con la ley de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, que la pasada legislatura Díaz Ayuso ya pactó rebajar con Vox a cambio de recabar su imprescindible apoyo para aprobar la ley ómnibus. Pero ahora se va mucho más allá. Así, se elimina la prohibición de que “ninguna persona podrá ser obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte su libertad de autodeterminación de género”. En este caso, también desaparece con la reforma la inversión de la carga de la prueba, con el argumento, sostiene el PP en su texto, de que fue introducido en la ley “de buena fe o movidos por el afán de imponer ciertas doctrinas conocidas como “de género”.

La norma, además, pasa a denominarse “Ley de protección, igualdad efectiva y no discriminación de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid”. Se deroga la creación del Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid, o el Centro de documentación y memoria histórica LGTBI, y se elimina la contribución de las instituciones y los poderes públicos madrileños a la visibilidad de las personas LGTBI en Madrid. También se suprimen todos los apartados correspondientes a los planes educativos y el fomento de la no discriminación, al igual que a la revisión de currículos educativos para incluir “la realidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual en los contenidos transversales de formación de todo el alumnado de Madrid”. Las organizaciones LGTBI con experiencia en la materia ya no impartirán a los profesionales de los centros educativos la formación necesaria para garantizar el derecho a la educación de los menores de edad LGTBI. Se borra la obligación legal de dar visibilidad a la diversidad a través de la publicidad institucional. Y se retira la normativa sancionadora específica, que se subsume en la general.

Ayuso ya se comprometió a realizar estas reformas al final de la pasada legislatura, y en su último discurso de investidura. El alcance de las modificaciones, sin embargo, no se ha conocido hasta ahora: suponen un recorte en los derechos y reconocimientos antes recogidos, según la oposición.

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