Vox pacta con el PP de Ayuso rebajar las leyes LGTBI autonómicas y “neutralizar” la de eutanasia

Vox ha celebrado este viernes que su acuerdo con el PP para aprobar la ley ómnibus (que modificará más de 40 normas en una sola votación) le haya permitido imponer su agenda ideológica en dos aspectos concretos de tres leyes que tiene en la diana. Por un lado, el partido de Rocío Monasterio ha logrado la eliminación de la obligatoriedad de hacer estudios de impacto de género en materia urbanística, que recogen las normas de igualdad y contra la LGTBIfobia de la región. “Es para acabar con la ideología de género”, ha dicho la portavoz de extrema derecha. Y por otro, Vox ha conseguido que se cree la especialidad de cuidados paliativos. “Para neutralizar la ley de eutanasia”, ha afirmado Monasterio). Sin embargo, Más Madrid ha recurrido inmediatamente el texto en la Asamblea para bloquear su aprobación, al considerar que no se ha tramitado correctamente. Eso ha provocado que esta tarde se haya suspendido el debate y aprobación del dictamen correspondiente en la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas hasta que el lunes se pronuncie la Mesa de la Cámara, que domina el PP. Así, como poco, la aprobación de la norma se retrasará unos días: si la derecha impone finalmente su criterio, lo más probable es que la ley no vuelva a la comisión hasta el 2 de noviembre.

“PP y Vox han presumido esta mañana de suspender parte de los derechos de las personas LGTBI, reconocidos en dos leyes de la Comunidad, a través de una triquiñuela en la ley ómnibus”, ha denunciado Tania Sánchez, diputada de Más Madrid, que ha subrayado que esas modificaciones no estaban entre las enmiendas originalmente registradas en la comisión correspondiente, que se cambió en el último momento el texto de dos, sin que hubiera unanimidad para tramitarlas, y que por lo tanto es irregular incluirlas en el texto final. “Ante esa chulería para suspender esos derechos, hemos registrado un recurso para bloquear que se pueda aprobar una ley que rompe los derechos fundamentales conquistados por estos colectivos”, ha recalcado. Y ha rematado: “Vox exige una dureza con los derechos LGTBI que el PP quiere entregar por la puerta de atrás, sin pagar el precio de decir en público que quiere suspender las leyes de derechos conquistados la legislatura anterior”.

El PSOE, que ha coincidido en esa argumentación, también ha registrado un recurso. “Entendemos que se han admitido dos nuevas enmiendas al articulado bajo la apariencia de transacción, sin que medie el acuerdo unánime de todos los ponentes”, ha argumentado la socialista Pilar Sánchez Acera. “Se ha producido un vicio que llevaría, de mantenerse, a la nulidad de todas las actuaciones”, ha añadido.

La obligatoriedad de realizar estos informes de impacto de género en materia urbanística está recogida en dos normas que están en la diana de Vox, que querría derogar la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, y la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia. Esas normas fueron aprobadas durante el Gobierno en minoría de Cristina Cifuentes, y el PP nunca las ha sentido plenamente suyas, aunque comparta su espíritu general. Hasta ahora, Ayuso se ha opuesto a su eliminación, abriéndose a modificaciones puntuales. En este caso, la supresión de la obligatoriedad de realizar los informes se hará a través de la ley del suelo, ha precisado una fuente del Gobierno.

“La experiencia nos dice que durante todos los años que han estado en vigor en los planes urbanísticos, los informes no han dicho absolutamente nada”, ha argumentado Enrique Ossorio, el número dos del Gobierno de Ayuso, durante una rueda de prensa conjunta con Monasterio celebrada en la Asamblea. “Es evidente que tiene escasa incidencia y que retrasa los procedimientos y no aporta nada”, ha sostenido. “El impacto de género en un planeamiento urbanístico tiende a cero”.

Frente al discurso controlado del portavoz del Ejecutivo, que ha intentado quitarle hierro al asunto, el cargado de tintas de su socia parlamentaria.

“Nuestro empeño en derogar y acabar con toda la ideología de género no es un tema de tramitación, es de batalla cultural”, ha sostenido Monasterio sobre la eliminación de los informes de impacto de género en materia urbanística. “Es un lenguaje y una ideología que no podemos tolerar, porque no asumimos la ideología de la izquierda”, ha defendido. “Supone un retraso en la tramitación [de obras y planes urbanísticos], pero hemos venido a dar la batalla cultural y sacar las ideas de la izquierda del Gobierno, la política y la vida de los madrileños”.

La inclusión de medidas de carácter ideológico para lograr la aprobación de la ley ómnibus, que incluye más de 40 modificaciones legales, es sintomática. Para conseguir que los médicos de fuera de la UE puedan trabajar en especialidades con déficit de profesionales, aligerar los trámites de las constructoras, o facilitar la cesión de suelo público para levantar viviendas, el PP ha tenido que ceder. Un aviso para las muchas negociaciones pendientes de aquí a marzo de 2023, cuando se disolverá la Asamblea para que se celebren las elecciones autonómicas y municipales de mayo: además de los presupuestos autonómicos, cuyo proyecto se aprobará previsiblemente el miércoles en el Consejo de Gobierno, hay una quincena de cambios legales pendientes del acuerdo de los dos socios de derechas.

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