La ‘ley ómnibus’ de Ayuso eleva la opacidad alrededor de las decisiones de los altos cargos

“¡No a la ley ómnibus!”. Las pancartas y los gritos se suceden el sábado en la Puerta del Sol, cuando miles de personas se manifiestan contra un proyecto del Gobierno de Madrid que incluye más de 40 cambios legales de calado en una sola votación. Uno de ellos, como informó EL PAÍS, facilitaría que el PP y Vox se hagan con el control de la Cámara de Cuentas, el órgano que fiscaliza los contratos y gastos del Ejecutivo. Otro modificaría la ley de transparencia, aprobada en 2019 con el voto en contra del PP, y gracias a la unión de PSOE, Cs y Podemos. Si la norma sale adelante, será más difícil saber con quién se reúnen los dirigentes regionales antes de tomar sus decisiones. La reforma fue impulsada en diciembre, y coincide ahora en su tramitación con la polémica por la opacidad con la que se gestionó un contrato entre la Administración y la empresa Priviet por el que el hermano de la presidenta ganó 55.850 euros.

“En ningún caso de hace una redacción más restrictiva (de la ley) e incluso se incorporan nuevas obligaciones para el personal incluido en el ámbito de la ley”, defiende un portavoz gubernamental. “Son ajustes técnicos que tratan de adaptar el texto a la realidad de la actividad administrativa, mejorar la imprecisión de parte de su articulado y resolver un conflicto competencial con la Administración General del Estado [que reclamó eliminar la prohibición de contratar durante un año con las administraciones públicas de las sanciones de la ley vigente]”, añade. “Toda la actividad pública deberá ser recogida en las agendas, salvo los encuentros de mera cortesía”, subraya sobre el punto más polémico.

Así, la ley ómnibus crea el concepto de reuniones “de mera cortesía institucional”, que quedan exentas de la obligación de ser publicadas: un agujero negro en el que caben muchas cosas, pues nada se detalla de las características formales de estas citas, más allá de que serán “no tendentes a influir en el proceso de elaboración o diseño de normas jurídicas o de elaboración y aplicación de políticas públicas”.

Preguntado por este diario, el Gobierno especifica que serán citas “carentes de interés público, en los que no exista ni convocatoria formal, ni orden del día”, pero eso no aparece en el proyecto. El Ejecutivo, además, pone como ejemplo breves reuniones de presentación. Una falta de precisión que despierta dudas en la oposición.

¿Recibir como representante de la Administración a una persona interesada puede entrar en esa zona gris con la excusa de que no haya orden del día, cuando nadie puede saber de qué se hablará durante el encuentro, ni qué planteará el visitante? ¿También invitar a un cargo público a un evento, o una charla, o un curso? Si es así, y no se conocen esas citas, ¿qué garantiza que en ellas no se produzcan conversaciones y contactos que influyan luego en la toma de decisiones del Gobierno?

Además, la reforma, de aprobarse, permitirá que los “intermediarios” o lobbies se inscriban en el registro de transparencia sin declarar quiénes son sus clientes cuando su actividad responde a un contrato previo, lo que dificultará que se sepa qué intereses defienden ante la Administración.

“La ley ómnibus supone un importante retroceso en materia de transparencia, en un momento donde la ciudadanía demanda al sector público una apertura cada vez mayor”, lamenta Alberto Oliver, diputado de Más Madrid, el partido que lidera la oposición. “Siguen empeñados en crear una figura jurídica destinada a permitir la discrecionalidad de los altos cargos a la hora de declarar con quien se mantienen reuniones”, detalla. “Esto tiene varias consecuencias directas: menos rendición de cuentas y más opacidad, menor control de la oposición y sobre todo aumenta la distancia existente entre gobernados y gobernantes”, añade. “Justo todo lo contrario a lo que desde Más Madrid consideramos que se debe apuntar”.

“Hay un retroceso en la transparencia de las instituciones públicas, y una utilización que no tiene cabida de la ley ómnibus, cuya motivación son medidas para la recuperación económica”, coincide la portavoz adjunta del PSOE, Pilar Sánchez Acera.

“Se trata de recortar al máximo el control de la Administración sobre quién opera y contrata con la Comunidad de Madrid, en un momento en el que se ha puesto de manifiesto que precisamente lo que hace falta son más mecanismos de control para evitar los desmanes de la presidenta Díaz Ayuso”, amplía Alejandra Jacinto, de Podemos.

La ley de transparencia fue un éxito conjunto de la oposición que tiene apenas tres años de vida. Corría 2019. El PP estaba en descomposición: Cristina Cifuentes había dimitido por el caso máster, y Ángel Garrido presidía la región sabiendo que no sería el candidato para los comicios autonómicos. Entonces, Ciudadanos, PSOE y Podemos se aliaron para sacar adelante una normativa que ahora Díaz Ayuso quiere modificar aprovechando un cambio drástico del equilibrio de fuerzas.

Las elecciones del 4-M dispararon al PP hasta los 65 diputados, más que toda la izquierda junta. Y eso le permite ahora buscar el apoyo de Vox para deshacer los acuerdos que no le gustan de las dos últimas legislaturas, en las que su minoría parlamentaria se tradujo en un mayor margen de maniobra para la oposición. Primero fue la Cámara de Cuentas. Y ahora, la ley de transparencia.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.