Más Madrid pide amparo al Constitucional para que el Ejecutivo de Ayuso responda por la gestión de la pandemia

Más Madrid ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la Mesa de la Asamblea, controlada por el PP, de denegar 23 comparecencias de cargos del Gobierno sobre contratos relacionados con la gestión de la pandemia y firmados antes de las elecciones del 4-M. La formación conservadora defiende que esas iniciativas de fiscalización deben circunscribirse a la acción de gobierno del Ejecutivo que está en el poder, pues este no puede hacerse cargo de lo que hicieron los precedentes. La oposición le reprocha que eso evita que responda por la mayor parte de su gestión de la pandemia, cuando la presidenta del Gobierno es la misma, Isabel Díaz Ayuso, y la discontinuidad fue provocada por ella misma al adelantar los comicios. Incluso Vox se unió en la Junta de Portavoces a Más Madrid, PSOE y Podemos para pedir que se admitieran las iniciativas rechazadas sobre los contratos de la pandemia, que abrieron una guerra civil en el PP al conocerse que el hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso, había cobrado más de 50.000 euros por conseguir mascarillas para una empresa que surtía a la Comunidad de Madrid.

“Existen iniciativas admitidas por parte de la Mesa de la Asamblea sobre contratos de otra legislatura, algunas de las cuales se han llegado a sustanciar en sesión parlamentaria”, se lee en el recurso planteado por el partido de Mónica García, al que ha accedido EL PAÍS. “La decisión recurrida restringe de manera ilegítima los derechos que integran el núcleo de la función parlamentaria de los recurrentes”, añade sobre el criterio de limitar la información a la presente legislatura, que ha servido para denegar muchas más peticiones de respuesta de toda la oposición que las recogidas en el recurso. “La función de control al Gobierno (...) se manifiesta a través de diferentes iniciativas recogidas reglamentariamente, entre ellas las preguntas al Gobierno”, sigue. “La limitación alegada por la Mesa de la Asamblea de Madrid consideramos que no está sustentada en normas legales y es inédita en la justicia constitucional”, critica. Y remata: “Esta parte no ha observado sentencia alguna en la que el Alto Tribunal se haya podido manifestar respecto de la función de control al Gobierno por parte del poder legislativo en su dimensión temporal”.

“Desde el punto de vista de control parlamentario no tiene sentido, hay que controlar a este gobierno, no a los anteriores”, discrepan en el PP. “Tienen todo el derecho a exigir las comparecencias de miembros del gobierno para hablar de su gestión actual, no de las de otros gobiernos”, siguen. “Lo que tienen que hacer es Peticiones de Información (documental) de todo lo que quieran, y se les da”, recuerda. “Para hacer su trabajo se les da la información”, recalcan. “Lo que no pueden pretender es que un gobierno actual responda de la gestión del anterior”.

El 31 de mayo, la Junta de Portavoces de la Cámara debatió la posibilidad de reconsiderar la inadmisión de las iniciativas. El PP, que tiene mayoría en la Cámara, se cerró en banda. Los portavoces del resto de la oposición mostraron su extrañeza: si en noviembre se pudo celebrar un pleno monográfico sobre la contratación en la pandemia (un día marcado por la expulsión de una diputada socialista por mencionar al hermano de la presidenta regional), bien se podrían celebrar estas comparecencias en la comisión de vigilancia de las contrataciones, argumentaron.

“Esto supone inventar la prescripción política, y el borrón y cuenta nueva con cada elección”, apunta una fuente parlamentaria, que lamenta que el argumento del PP se esté aplicando a muchas más iniciativas de control que las que recoge el recurso presentado ante el Constitucional.

Mayoría contra la investigación

“Este caso es especialmente complejo y delicado”, explica otro interlocutor con conocimiento de lo ocurrido en la Mesa. “La razón es que es cierto que hay un corte entre este gobierno y el anterior, pero es que ese corte se debe a que hubo un adelanto electoral decidido por la misma presidenta que hay ahora, y que mantiene una estructura en la que repiten todos los consejeros del PP que tenía entonces [salvo Eugenia Carballedo, que abandonó Presidencia para presidir la Asamblea]”, añade esta fuente, que recuerda que la formación conservadora ya empleó su mayoría para impedir una comisión de investigación sobre la contratación en la pandemia.

Hay, por lo tanto, una coincidencia clave y una distinción insoslayable entre las dos etapas de gobierno. La coincidencia: entonces, como ahora, la presidenta es la misma (Ayuso). La distinción: aquel era un Ejecutivo de coalición, formado por PP y Cs, con consejeros de ambos partidos, y este es monocolor, pues solo tiene consejeros conservadores.

“Pero hay una vulneración de un derecho fundamental”, defienden desde Más Madrid. “Alberto Oliver no puede hacer su trabajo parlamentario porque la Mesa niega el acceso a contratos de otras legislaturas”, detallan sobre el diputado del partido de Mónica García, que ha visto denegada decenas de solicitudes sobre, por ejemplo, la mercancía concreta que trajeron los aviones fletados desde Asia para importar material sanitario; los criterios que rigieron la adjudicación de suministros de mascarillas; o la supuesta falta de documentación en determinados expedientes.

Con las mismas trabas, sin embargo, se han enfrentado diputados de otros partidos para todo tipo de cuestiones. Entre los temas vetados por pertenecer a la legislatura pasada se encuentra, por ejemplo, el acceso al pliego de concesión de la plaza de toros de las Ventas, la explicación sobre el exceso de mortalidad de 2020, o la valoración de la contratación de familiares directos por parte de la gerente del Hospital Universitario de Fuenlabrada cuando era Directora de Recursos Humanos de dicho centro.

Además, el nuevo encontronazo jurídico confirma que el Constitucional se ha convertido en el árbitro del pulso entre el PP y el resto de partido en la Asamblea. El número de asuntos relacionados con el Parlamento madrileño que se agolpan en el Alto Tribunal no tiene precedentes. Desde las elecciones de 2019, la oposición ha acudido a esta instancia por la composición de la Mesa de la Cámara (el Constitucional le dio la razón a Más Madrid, que se quedó fuera del órgano por un pacto de PP-Cs y Vox pese a tener más diputados que la extrema derecha). También, por la aprobación de la reforma de la Ley del suelo cuando, a su juicio, no había suficientes diputados presentes para que se votara. De la misma manera, ha sido objeto de recurso el cambio pactado por PP y Vox para controlar la radio y televisión públicas de la región. Y en septiembre se han conocido el recurso de Podemos contra la llamada Ley Uber y este nuevo de Más Madrid.

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