El agujero negro del coronavirus en Madrid: 945 millones en 4.000 contratos de emergencia

La Cámara de Cuentas detecta en un informe preliminar una minoría de acuerdos que no se debieron celebrar y reclama a la Comunidad que ponga más celo en cumplir los procedimientos

Entrada al hospital Clínico San Carlos.
Entrada al hospital Clínico San Carlos.Marcos del Mazo (GETTY)

El robot para operaciones que compró el hospital Clínico San Carlos en 2020 llegó envuelto en una contradicción: con la excusa de la pandemia se había adquirido de emergencia (sin publicidad, ni competencia entre proveedores), pero el informe correspondiente reconocía que no serviría para tratar a pacientes covid. Según un balance preliminar al que ha accedido EL PAÍS, es uno de los problemas que ha encontrado la Cámara de Cuentas en el agujero negro provocado por el virus en la contratación pública regional. En 2020, Madrid firmó 4.461 contratos de emergencia por 945 millones de euros. A falta de las alegaciones de la Administración, de los 249 acuerdos analizados por el organismo, cuatro no estaban justificados; en 42 no consta que pasaran por el Consejo de Gobierno; en 109 esa dación de cuentas fue fuera de plazo; y en 33 hubo desviación de gasto, casi siempre a la baja. El órgano fiscalizador reclama a la Comunidad de Madrid que ponga más celo en cumplir los procedimientos administrativos y le pide un marco legal para las situaciones de emergencia que permita cumplir los principios de la contratación pública.

“En anteproyecto de la Cámara de Cuentas que analiza la contratación por la vía de emergencia durante la emergencia sanitaria confirma que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha abusado de esta figura en muchos momentos, retorciendo la ley para saltarse algunos de los elementos esenciales de la contratación pública”, lamenta Alberto Oliver, diputado de Más Madrid especializado en fiscalizar la contratación pública. “Por desgracia, el informe, comparado con el realizado por otras comunidades autónomas es muy somero, por lo que nos veremos obligados a pedir una revisión mucho más profunda de las irregularidades detectadas”, añade.

Obras valoradas en 1.178.240,38 euros que tardan meses en empezar pese a que se contratan por la vía de emergencia. El robot del San Carlos, que costó 1.105.395,50. Dos equipos de mamografía por 560.000. O tres ecógrafos por 102.800,00. Son algunos ejemplos de contratos que se rubricaron por la vía de emergencia, sin que esta sea justificable, según concluye la Cámara de Cuentas tras examinar el 6% de los firmados. Una cata reducida que no solo excluye los acuerdos alcanzados para el hospital Enfermera Isabel Zendal, sino que deja sin analizar otros gastos que ya llamaron la atención dentro de la Administración y de la oposición, hasta el punto de provocar, este jueves, un pleno monográfico en la Asamblea.

Por ejemplo, por la vía de emergencia y con los fondos covid se gastaron 21.337,14 euros en dos cuchillas quitanieves y dos extendedores de sal para el Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil (para atender a enfermos en lugares de difícil acceso, explica el Ejecutivo). O 110.003,30 en un sistema de videovigilancia “de vital importancia para poder afrontar la pandemia” para el hospital de La Paz, que también adquirió vinilos decorativos “indispensables para actuar contra la pandemia” humanizando el hospital (53.966), o decidió la sustitución de la central de detección de incendios (por 38.593,20) para que proteja nuevas estancias habilitadas por la afluencia de pacientes con covid.

El Gregorio Marañón, por su parte, justificó el gasto de 2,5 millones de euros en un PET-TAC con el argumento de las afecciones pulmonares de los infectados por la covid, y de que el virus ha generado una larga lista de espera, razonamiento este último que también sustentó la inversión de 280.000 euros en un equipo de mamografía digital. Además, en un macrocontrato de 2 millones de euros incluyó partidas como material de carpintería, reparaciones de muebles, mantenimiento de colchones, o lencería.

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El Clínico San Carlos, además del robot para operar rodillas (514.552,50) que señala el informe preliminar y pendiente de alegaciones de la Cámara de Cuentas, se hizo con otro para empaquetar blísteres (157.300), o con un láser dermatológico (90.750 euros), según la información publicada en el portal de contratación.

Auriculares para atención telefónica

Y en atención primaria se decidió, por ejemplo, gastar 1,2 millones de euros en el concepto “suministro de 7.000 auriculares con micrófono COVID19″ para facilitar la atención telefónica.

De los 4.461 contratos firmados a lo largo de 2020, 162 corresponden a obras, 3.626 a suministros y 673 a servicios, según el informe del órgano fiscalizador. El mes que más se gastó fue junio (157.688.496,74), cuando ya remitía la primera ola. Y curiosamente se adjudican gastos a enero y febrero, pese a que el primer positivo por el virus en la región no se detectó hasta el segundo mes del año.

“Con carácter general, la mayoría de los contratos fiscalizados se han adaptado a las prescripciones que establece el ordenamiento jurídico para esta situación”, afirma el informe sobre la base de la cata de contratos. “Se ha observado que en algunas ocasiones los expedientes carecen de la documentación mínima necesaria que todo expediente de contratación precisa, aún tramitado por la vía de emergencia”, añade. Y concluye con dos peticiones. Primera: “Establecer un marco legal y un protocolo procedimental para emergencias en las que, tanto los daños como la evolución en el tiempo, sean indeterminados, de forma que, en la medida de lo posible, se garanticen los principios básicos de la contratación pública”. Y segunda: “Extremar el celo en el cumplimiento de los procedimientos administrativos procurando que en el expediente consten realizadas todas las fases preceptivas del mismo”.

Una forma de luchar contra el agujero negro que ha supuesto la contratación de emergencia en mitad de la crisis sanitaria.

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Sobre la firma

Juan José Mateo

Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.

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