Un defecto de forma en el expediente abierto para sancionar con 20.001 euros por falta “muy grave” el curso Camino a la heterosexualidad ha llevado a la Comunidad de Madrid a archivar sus actuaciones y comenzar desde cero la investigación de un caso de presunta “promoción de terapias de curación o aversión de la homosexualidad” que afecta a la coach Elena Lorenzo. El expediente arranca en febrero de 2020, con la denuncia de la asociación LGTB Arcópoli. En octubre de 2022, la instructora concluye que hay una infracción “muy grave” y propone la sanción de 20.001 euros. Sin embargo, en noviembre, y tras casi tres años de instrucción, el Consejo de Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso decide anular el caso.

¿La razón? Que haber permitido la personación en el procedimiento de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión creó “indefensión” en la afectada, según los juristas del Gobierno. Aunque esta organización ha recurrido contra el archivo del expediente, el Ejecutivo parece inclinado a incoar uno nuevo, según un portavoz de la Comunidad, que así busca evitar que un juzgado anule posteriormente la sanción. Para la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, que se personó en el caso, lo sucedido refleja una ausencia de voluntad de la administración madrileña para sancionar e investigar estas actuaciones y, según su presidente, Saúl Castro, “una argucia de PP y Vox para evitar una investigación”.

No es una casualidad. El Gobierno actúa con pies de plomo porque Lorenzo ya logró tumbar en los tribunales una sanción previa impuesta en aplicación de la ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad en la Comunidad de Madrid, considerada en su momento “histórica” y “pionera”, y que fue anulada precisamente por “irregularidades procedimentales” que causaron indefensión en la afectada.

Así explica la Comunidad de Madrid su decisión a través de un portavoz: “El órgano competente para resolver sobre este expediente es el Consejo de Gobierno, que ha apreciado un defecto de forma en la tramitación de este, por lo que ha resuelto proceder al archivo de las actuaciones. Ahora la Consejería de Familia, Juventud y Política Social volverá a incoar el expediente sancionador con todas las garantías establecidas en el procedimiento administrativo”.

Tras casi tres largos años de instrucción, la decisión ha indignado a la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, personada en un procedimiento en el que constan capturas de la web, videos y entrecomillados de los tutoriales del curso. “El caso de Elena Lorenzo parece, cuanto menos, un laberinto kafkiano y pone de manifiesto dos cuestiones”, lamenta Saúl Castro, abogado especializado en derechos LGTBI. “Por un lado, una clara ausencia de voluntad por parte de la Administración madrileña de investigar y sancionar la práctica y promoción de terapias de conversión”, comienza a enumerar. “Y, por otro lado, el hecho de que el régimen sancionador se queda corto y es necesaria la criminalización de estas prácticas para acabar con su impunidad”, opina.

“En este caso, la Comunidad acuerda anular el expediente sobre la base de que la Asociación Española contra las Terapias de Conversión no tiene derecho a figurar como interesada”, recuerda. “Todo ello ignorando que la propia Ley reconoce que las asociaciones LGTBI serán interesadas en los procedimientos administrativos derivados de esa ley”, apunta. “Esta es, claramente, una nueva argucia del PP y VOX para evitar investigar y sancionar a quienes buscan borrar nuestra diversidad”.

No es una terapia

La opinión de Lorenzo es mucho más sucinta. “He recibido la notificación, el proceso se ha archivado. Sí soy [la] persona afectada”, escribe a través de un correo la coach, que durante el procedimiento alegó, entre otras cuestiones, que el curso no es suyo ni ha sido creado por ella, pues pertenecería a la Association for Catholic Formation and Leadership INC, ni lo ha promocionado, ni lo ha impartido, ni es una terapia, ni puede ser objeto de sanción por la Comunidad de Madrid al ser una web y no impartirse los estudios físicamente en la región.

Este periódico solicitó la opinión de la asociación Arcópoli, que denunció el caso en 2020, sin obtener respuesta. Es posible deducir que los promotores de Camino a la heterosexualidad sabían a lo que podían llegar a enfrentarse. No hay una palabra elegida a la ligera en la web que alojaba el curso, que en estos momentos se encuentra en mantenimiento y este diario pudo consultar con una aplicación informática.

“No es una terapia. Es coaching de identidad”, se especifica, taxativamente, en el sitio, que estuvo activo, al menos, entre el 8 de febrero de 2020 y el 15 de mayo de 2022, según la denuncia de Arcópoli. “El coaching de la identidad es un proceso de crecimiento personal dirigido a personas con sentimientos homosexuales”, se detalla. “No podemos confundirnos con las terapias de aversión o conversión que tienen la finalidad de modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona”, se puntualiza. “No se trabaja sobre la sexualidad de la persona, el coaching de identidad se enfoca en la situación afectiva-emocional, la seguridad personal, la autoestima, entre otros”.

Sin embargo, ninguna de esas precisiones convenció a la instructora del caso, integrada en la consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid. Se puede deducir que alcanzar la heterosexualidad es “el objetivo de un curso titulado Camino a la heterosexualidad”. Además, la web retrata a la homosexualidad como algo “controvertido y polémico”. Se identifica a los destinatarios de los estudios como “personas que lo sufren a nivel personal y familiar” o “experimentan sentimientos homosexuales no deseados”. Se habla de “causas que provocan la homosexualidad”, lo que lo convierte en algo modificable, y se afirma: “Nacemos heterosexuales”.

“Todo lo anterior lleva a la conclusión de que el curso ofertado por la denunciada constituye una promoción de terapias de curación o aversión de la homosexualidad, camuflada bajo términos como ‘proceso’, ‘opciones’ o ‘solución”, opina la instructora del caso. “La actividad desarrollada por la interesada, con independencia de su denominación, sí tiene como objetivo intervenir en el proceso de modificación de la orientación sexual de la persona, ya que participa en el mismo sin que tenga que tenerse en cuenta quien inicia el proceso de cambio”.

No obstante, todo ha quedado, por ahora, en nada. El 29 de noviembre, la Comisión Preparatoria de Consejo de Gobierno indicó que “cabe apreciar un vicio de procedimiento causante de indefensión, lo que podría dar lugar a la anulación de la resolución sancionadora”, ya que se permitió indebidamente la personación de asociaciones que así han conocido todos los detalles del caso, y han podido alegar en el mismo. Apunta la comisión que “dado que aún no ha prescrito la infracción, por su carácter de muy grave, parece razonable dictar resolución de archivo e incoar un nuevo procedimiento”. Y, tras tres años de instrucción, todo parece listo para volver a empezar ahora desde cero.

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