Batalla en el Constitucional para frenar las normas de Ayuso: el Defensor del Pueblo recurre la ‘ley trans’ y el PSOE la ‘ómnibus’

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha anunciado este lunes un recurso de inconstitucionalidad contra un inciso de un artículo de la ley trans aprobada por el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso en diciembre. En paralelo, fuentes del PSOE avanzan a EL PAÍS que el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, anunciará este martes la impugnación de la ley ómnibus, que ha permitido al PP controlar la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia y la radio y televisión públicas de la región. Esas dos decisiones, que no están coordinadas, elevan a ocho los recursos contra normas o decisiones de Ayuso y la Asamblea pendientes de resolución o admisión por el alto tribunal, un balance que constata que la oposición cree haber encontrado en el Constitucional una vía para batallar contra las leyes más polémicas de la líder conservadora.

Así, el PSOE une el recurso de la ley ómnibus a otros dos ya registrados contra la reforma de la norma que regula Telemadrid y contra la aprobación de la ley del suelo cuando, a su juicio, no había los diputados suficientes, según detalla el departamento de prensa del propio tribunal. Más Madrid patrocina otros tres recursos, dos de amparo contra la inadmisión de preguntas y la falta de quorum en la votación de la ley del suelo; y el de la ley trans impulsado por el Defensor del Pueblo. Y Podemos tiene registrados dos, uno contra la ley Uber y otro de amparo por la del suelo.

Este lunes, último día de plazo para pronunciarse, Gabilondo ha decidido recurrir por inconstitucional un inciso de la ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid que establece la obligatoriedad de que los menores trans que quieren recibir tratamiento hormonal tengan apoyo de profesionales de salud mental infanto-juvenil, y lo mantengan durante todo el proceso. Además, en el caso de que existiera comorbilidad ―presencia de dos o más enfermedades al mismo tiempo en una persona― será imprescindible un informe favorable del profesional que esté tratando al menor en dichas patologías.

Ambos requisitos resultan, a juicio del Defensor del Pueblo, “patologizantes y desproporcionados con respecto al bien que se quiere proteger”. Se trataría de un caso de “sobreprotección” que supera las competencias del legislador, según Gabilondo, pues ya es requisito previo al inicio del tratamiento que un pediatra examine al menor y que el proceso sea autorizado por quienes tengan su tutela, o por un juez.

“Presumir que es bueno para todos los menores recibir el apoyo de profesionales de la salud-mental, así como exigir un informe favorable del médico que trate al menor en caso de padecer alguna enfermedad, lejos de protegerles les estigmatiza, y restringe el ejercicio del derecho a preservar su intimidad, su espacio de seguridad y libertad frente a terceros, y a desarrollarse de la manera deseada”, argumenta la oficina del Defensor, que ha actuado a instancias de Más Madrid (que no cumple con los requisitos para plantear el recurso por sí mismo) y de una asociación.

Además, el PSOE registró el 26 de marzo un recurso de inconstitucionalidad contra la ley ómnibus, según documentación a la que accedió EL PAÍS. “Una ley que modifica 10 leyes y que transforma sustancialmente el régimen jurídico de la Cámara de Cuentas, de Radio Televisión Madrid y del Consejo de Trasparencia y Participación, dificulta el ejercicio de sus funciones representativas a los Grupos Parlamentarios y a los Diputados de la Asamblea, funciones que les reconoce el artículo 22.3 de la Constitución”, argumentan los socialistas, que plantean reabrir el debate sobre estas normas de contenido heterogéneo, que ya fueron avaladas en 2011 por el Constitucional, además de cuestionar el procedimiento por el que se aprobó, y artículos concretos que consideran inconstitucionales.

Con la reforma aprobada por el PP, el número de miembros de la Cámara de Cuentas pasa de tres a siete y se modifica el sistema de elección de presidente y consejeros para que sea similar al de elección de la Mesa de la Asamblea. Es decir, el partido mayoritario controlará la Cámara, como ocurre con el Parlamento, sin tener que alcanzar acuerdos con la oposición. Dicho de otra forma: el Gobierno del PP tendrá las riendas del organismo que debe fiscalizar al Gobierno del PP, para lo que ha seleccionado a un grupo de cinco consejeros entre los que se encuentra el expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, que cobrará 100.556,52 euros al año.

Además, el consejo que dirime las quejas sobre la transparencia del Ejecutivo será presidido por una persona designada por ese mismo Gobierno, su único integrante, pues el número de consejeros ha pasado de tres a uno. “Se elimina su dependencia de la Asamblea”, explicaron la reforma los conservadores, resumiendo en una sola frase la queja que ahora eleva el PSOE al Constitucional. “Esta ley ómnibus desapodera a la Asamblea de Madrid de atribuciones de control y de dirección política que le habían conferido Leyes anteriores”, denuncian Lobato y el resto de senadores socialistas que firman el recurso.

Finalmente, la aprobación de la ley ómnibus permitirá al partido mayoritario en la Asamblea (el PP, en este caso) controlar el nombramiento del nuevo director general de Telemadrid. El PSOE, precisamente, ya había registrado en 2022 un recurso contra la anterior reforma de la ley de Telemadrid, que permitió al PP y a Vox controlar la radio y la televisión públicas de la región, echando a la anterior dirección y fichando como administrador provisional al polémico José Antonio Sánchez.

Pulso por la ‘ley trans’ y contra la LGTBIfobia

Pero el campo de batalla en el que se ha convertido el Constitucional es mucho más amplio. En él se enfrenta el Gobierno de Ayuso con el Ejecutivo central y con otros partidos de la oposición. Así, Podemos ya pidió amparo en 2021 contra la aprobación de la ley del suelo, al estimar que no había quorum en la votación en la que salió adelante, y recurrió en 2022 la ley Úber, que permitió seguir operando en la región a las empresas de VTC (Uber, Cabify o Bolt).

Por su parte, Más Madrid está pendiente de la resolución de un recurso de amparo contra la decisión de inadmitir a partir de las elecciones de 2021 preguntas, comparecencias y peticiones de información relacionadas, entre otros asuntos, con la gestión de la pandemia, o con la comisión de 234.000 euros cobrada por el hermano de la presidenta por facilitar las mascarillas que necesitaba una empresa para cumplir el contrato de 1,5 millones firmado con la administración que preside su hermana. ¿El argumento para negarse a la fiscalización? Que esas decisiones adoptadas en 2020 y 2021 correspondieron a un gobierno anterior, pese a que continúan al frente de la Comunidad el mismo partido (PP) y la misma presidenta (Díaz Ayuso).

Además, el partido de Manuela Bergerot reclamó al Defensor del Pueblo que recurriera la “derogación encubierta” de la ley trans y contra la LGTBIfobia, al no cumplir el partido con los requisitos necesarios para registrar la impugnación por sí mismo. Finalmente, el exministro socialista ha decidido este lunes recurrir un punto de la primera de esas dos normas, que seguirán en el ojo del huracán durante los próximos meses.

¿La razón? Que las leyes trans y contra la LGTBIfobia, precisamente, enfrentan también al Gobierno regional con el central. De esta manera, el Estado ha convocado a la Comunidad a una mesa bilateral de negociación para intentar resolver los puntos de esas reformas que considera inconstitucionales. Si no se logra un acuerdo en seis meses, el Gobierno de España también llevará sus discrepancias con el Ejecutivo regional al Tribunal Constitucional. Un camino de doble dirección: el alto tribunal ya ha admitido a trámite el recurso que planteó Madrid contra un contrato del Estado para formar a familias de acogida, al considerar que invade sus competencias.

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