El PSOE de Madrid solicita personarse como acusación particular en el caso de la pareja de Ayuso

El PSOE de Madrid, que dirige Juan Lobato, solicitó el 26 de marzo personarse como acusación particular en la causa penal abierta contra el comisionista Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a quien la Fiscalía acusa de dos delitos de fraude fiscal valorados en 350.951 euros y de uno de falsedad en documento mercantil. El empresario multiplicó por seis las ventas de su compañía durante la pandemia, al ejercer de intermediario entre vendedores y compradores de mascarillas y guantes, y luego, presuntamente, y según los investigadores de Hacienda, orquestó una serie de facturas falsas para pagar menos impuestos por sus beneficios. González Amador reconoció los hechos a través de su abogado en un correo dirigido a la Fiscalía en el que se ofreció a restituir el dinero defraudado con el objetivo de alcanzar un acuerdo para mitigar una hipotética condena. Además, el PSOE ha registrado en el Senado una moción para que se condenen los ataques “intolerables, inadmisibles y graves” a los periodistas por parte de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, que impulsó bulos contra periodistas de EL PAÍS (distribuyendo su nombre y fotografía) y eldiario.es que investigaban el caso.

“Nos personamos por defensa del interés general, por esos 350.000 euros de todos los españoles, y para fiscalizar cada euro que han pagado con sus impuestos las familias y las empresas en la Comunidad de Madrid”, ha explicado Lobato, el secretario general de los socialistas madrileños. “Estamos viendo que en este procedimiento la empresa de la pareja de Ayuso pasó de tener un beneficio de 27.000 euros a 1,9 millones, principalmente porque ha recibido fondos del grupo Quirón, que en los últimos años ha sido el mayor receptor de fondos públicos en la Comunidad de Madrid”, ha añadido. “Por eso nos personamos para tener acceso al procedimiento y a toda la información, que nos sirva también para fiscalizar, como es nuestra tarea, la acción del gobierno y a dónde han ido los euros de todos los madrileños”.

Una argumentación que ha criticado con dureza Díaz Ayuso en una rueda de prensa ofrecida tras una visita oficial a un centro de empleo. “Cometen una gran torpeza”, ha dicho sobre la personación del PSOE. “Son incapaces de disimilar la estrategia política que hay en todo esto, intentar desde lo personal hacer daño a un adversario político. Por eso se está haciendo esta persecución que hace flaco favor a la verdad. Allá ellos con esas actitudes chavistas”.

Tras más de un año de trabajo por parte de los inspectores fiscales, el servicio jurídico regional de la Agencia Tributaria emitió hace dos meses un informe en el que califica así el fraude atribuido a González Amador: “La conducta descubierta no es fruto de un mero error, sino de una conducta consciente, deliberada y claramente dolosa que amerita su reproche penal”. Los investigadores de Hacienda sostienen que las compañías del empresario presentaron 15 facturas falsas por gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros.

Como reveló EL PAÍS, la investigación de Hacienda sobre Maxwell Cremona, la empresa de González Amador, puso especialmente en la diana dos facturas emitidas por una empresa de México y otra de Costa de Marfil. Así, Maxwell Cremona se dedujo en 2020 una “factura por importe de 620.000 euros emitida por la sociedad mexicana MKE Manufacturing SA, [...] empresa que no realizó ningún servicio o trabajo”. Además, una compañía radicada en Costa de Marfil, Gayani Ltd, permitió al investigado deducirse “indebidamente” 922.585,63 euros en 2021.

Tras la correspondiente denuncia de la Fiscalía, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid abrió el 20 de marzo diligencias previas contra los cinco investigados en el caso: González Amador; sus tres presuntos colaboradores residentes en un pueblo de Sevilla, y un empresario mexicano.

En el escrito, la jueza recordó que la denuncia de la Fiscalía argumenta que “como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el impuesto de sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros, delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal”.

Los delitos de los que ha sido acusado González Amador prevén penas de cárcel de hasta seis años y el pago de multas que podrían suponer un desembolso millonario. El delito contra la Hacienda Pública está recogido en el artículo 305 del Código Penal. Se produce cuando la cuota tributaria defraudada excede los 120.000 euros y la ley prevé penas de prisión de uno a cinco años y sanciones que pueden ser hasta siete veces superiores a la cuantía defraudada.

La pareja de Ayuso también está acusada de falsedad documental. En este caso, son los artículos 390 y siguientes del Código Penal los que regulan el castigo: “Prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses”.

La denuncia de la Fiscalía contra González Amador, a la que accedió este diario, señala al grupo Quirón como el principal cliente de Maxwell Cremona, la empresa del intermediario. El grupo Quirónsalud opera cuatro hospitales públicos de gestión privada en la región (Fundación Jiménez Díaz, en régimen concertado; e Infanta Elena, Villalba y Rey Juan Carlos, en régimen de concesión). Desde mediados de 2022, el Gobierno de Díaz Ayuso ha saldado más de 1.300 millones de euros de la deuda que mantenía desde hace años con este conglomerado empresarial.

Por otra parte, el PSOE ha registrado en el Senado una moción para que se condenen los ataques “intolerables, inadmisibles y graves” a los periodistas por parte de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Este cargo público autonómico filtró a medios afines el nombre y la fotografía de dos redactores de EL PAÍS, acusándolos falsamente de haber acosado a menores mientras investigaban una ramificación del caso de presunto fraude fiscal fiscal que afecta a Alberto González Amador, la pareja de la líder conservadora. Además, Rodríguez afirmó que dos periodistas de eldiario.es habían intentado entrar en la vivienda de la presidenta encapuchados, lo que ha negado repetidamente este medio, y dirigió una mensaje amenazante a una periodista de este digital (“Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar”). Como el PP goza de mayoría absoluta en el Senado, lo previsible es que la iniciativa, firmada por los senadores Juan Lobato, y José Manuel Franco, no salga adelante.

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