La investigación obliga al novio de Ayuso a confesar una docena de engaños tras su enriquecimiento
La inspección fiscal destapó tras 18 meses de comprobaciones un fraude de 350.000 euros que el propio empresario acabó admitiendo por fases
El empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, intentó engañar durante al menos dos años a la Agencia Tributaria en las declaraciones del impuesto de sociedades presentadas el 14 de julio de 2021 y el 22 de julio de 2022. El relato de los hechos descubiertos durante la inspección fiscal, incorporado al sumario del caso, acredita cómo González Amador incluyó en sus declaraciones de 2021 y 2022 una docena de facturas de supuestos gastos a sabiendas de que esos desembolsos de grandes cantidades de dinero no se habían producido o no se correspondían con lo declarado.
La Agencia Tributaria descarta que hubiera discrepancias con el empresario, y detalla en su informe los intentos de engañar a Hacienda para pagar menos impuestos. Cuando el trabajo de la inspección descubrió los distintos engaños, estos fueron admitidos por el propio González Amador. El novio de la presidenta madrileña, con la que convive en una vivienda propiedad de González Amador, ha implicado a nueve empresas y cuatro particulares en esas maniobras irregulares para ahorrarse el pago de al menos 350.000 euros en los dos ejercicios investigados. El empresario, imputado por dos delitos fiscales, deberá declarar ante la jueza el próximo 20 de mayo. González Amador puede intentar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para rebajar la pena de cárcel prevista en el Código Penal (de uno a cinco años por cada delito fiscal) siempre que repare el daño causado mediante el pago de una cantidad muy superior a la defraudada.
La inspección fiscal inició sus trabajos el 12 de mayo de 2022, tras comprobar que la declaración del impuesto de sociedades de 2020 incluía datos sospechosos. Con seis veces más ingresos que en 2019, la empresa de González Amador declaró un tercio de la cuota tributaria registrada un año antes. Solo seis meses después de iniciar la investigación, la Agencia Tributaria decidió ampliar la inspección a la declaración del impuesto de sociedades de 2021, donde también detectó irregularidades. Los inspectores fueron descubriendo el engaño tras una serie de comprobaciones que se prolongaron durante 18 meses y que obligaron a González Amador a reconocer la falsedad de sus declaraciones de gastos.
Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, declaró sin embargo este domingo en una entrevista en El Mundo que todo se trata de una estrategia general de acoso contra su jefa del Gobierno y que Alberto González es “un brillante ejecutivo de empresa que lleva muchos años declarando a Hacienda que gana más que el presidente del Gobierno y que tiene un problema, no con su inspección fiscal, ya que le han inspeccionado a él personalmente y está al corriente, sino con una empresa de la que la inspectora dice que no se cree dos facturas falsas”.
Los principales hitos de la investigación fiscal, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, son los que siguen:
Una empresa mexicana anuló en diciembre de 2020 la factura que Maxwell presentó seis meses después. La empresa Maxwell, propiedad de González Amador, intermedió entre dos empresas españolas (una catalana y otra gallega) para la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia y logró casi dos millones de euros en comisiones. González Amador presentó en su declaración del impuesto de sociedades (julio de 2021) una factura de 620.000 euros a favor de MKE, empresa mexicana que supuestamente había prestado servicios para Maxwell. El empresario pretendía así deducirse esos gastos y ahorrarse el pago de impuestos. La investigación abierta por Hacienda descubrió que el novio de Ayuso conocía, mucho antes de presentar la declaración, que la factura de los 620.000 euros había sido anulada en diciembre de 2020 por MKE, circunstancia que esta firma mexicana reconoció ante Hacienda. Además, apenas un año después de presentada la declaración del impuesto de sociedades, González Amador admitió que “no hubo acuerdo con MKE, ni se pagó la factura, ni existió proyecto cerrado” que obligara al desembolso que había declarado.
La investigación acumuló más pruebas del fraude. Maximiliano E. Niederer, supuesto socio de González Amador, aparecía como representante de MKE en la firma del contrato de colaboración, pero lo negó ante los inspectores de Hacienda en mayo de 2023. Poco después, admitió que conocía a algunos de sus representantes y que alguien firmó en su nombre el contrato aportado por González Amador. Para cerrar el círculo, el 3 de octubre de 2023, la autoridad fiscal de México envió una comunicación a la Agencia Tributaria en la que respondía así a una petición de información: “De una búsqueda exhaustiva en nuestras bases de datos, la empresa MKE no expidió factura alguna a Maxwell”.
Pago inexistente a una firma que nunca vendió vacunas a Costa de Marfil. González Amador repitió un año después en su declaración del impuesto de sociedades, del 22 de julio de 2022, el intento de engaño. En este caso, presentó facturas a favor de una sociedad de Costa de Marfil llamada Gayani, también representada por Maximiliano E. Niederer, a la que había pagado 922.585 euros por los servicios para vender dos millones de vacunas al Gobierno de Costa de Marfil. Las facturas estaban fechadas el 16 de junio de 2021, apenas 15 días después del contrato de colaboración firmado entre Maxwell y Gayani. Un año antes de la declaración del impuesto de sociedades, el empresario González Amador supo que no había logrado el contrato para vender mascarillas a Costa de Marfil y, por tanto, no había nada que pagar a la empresa Gayani.
La empresa TEC Pharma Europe fue la encargada de presentar la oferta como entidad de intermediación de medicamentos y, según la investigación de Hacienda, informó a Maxwell de que no había resultado adjudicataria el 19 de julio de 2021, un año antes de que González Amador presentase a la Agencia Tributaria una factura por los gastos en el proyecto de venta de vacunas a Costa de Marfil. “Contabilizan la factura”, señalan los inspectores de Hacienda, “pero a esa fecha saben que el resultado de la licitación suponía la rescisión del contrato marco sin que hubiera generado el derecho a cobrar ninguna cuantía por parte de Gayani”.
14 facturas de gastos no deducibles a empresas sevillanas. González Amador pagó 178.400 euros a seis empresas localizadas en municipios de Sevilla por “servicios inexistentes”, según la inspección fiscal. La Agencia Tributaria llegó a comprobar que las cantidades pagadas por Maxwell mediante trasferencia bancaria a estas firmas eran retiradas en su totalidad a las pocas horas, sin precisar los motivos de tan extraño comportamiento. El novio de Ayuso pretendió deducirse estos gastos en su declaración del impuesto de sociedades de 2022 y acabó admitiendo que los gastos declarados por los supuestos servicios prestados por tres de estas empresas (siete facturas) no eran deducibles por no estar relacionados con su actividad.
La cesión simulada del contrato de Quirón Salud. Los ingresos principales de González Amador antes de ganar en 2020 casi dos millones de euros por la intermediación en la venta de mascarillas correspondían a la asesoría que prestaba para el grupo Quirón Salud. González Amador lleva a cabo en 2021 una extraña operación, con el beneplácito de Quirón Salud, por la que cede el contrato que tiene con ese grupo empresarial a otra empresa, Masterman, también de su propiedad, que no tiene empleados. Esa ingeniería financiera es censurada por los inspectores fiscales como otro intento de engaño para reducir de nuevo el pago de impuestos.
Los inspectores fiscales desmontaron en año y medio de investigación el tinglado de facturas falsas que González Amador había fabricado para ahorrarse el pago de impuestos: “A juicio de este equipo”, escribieron en el informe que ahora analiza la jueza encargada del caso, “cabe concluir que existen, en los hechos y circunstancias que rodean la conducta del obligado tributario [Alberto González Amador], elementos suficientes para apreciar la existencia de dos posibles delitos contra la Hacienda Pública respecto al impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2020 y 2021″.
