Hacienda puso la diana en dos facturas emitidas a la empresa de la pareja de Ayuso por sociedades de México y Costa de Marfil

La investigación de Hacienda sobre Maxwell Cremona, la empresa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, puso en la diana dos facturas emitidas por una empresa de México y otra de Costa de Marfil antes de que trascendiera que la Fiscalía le acusa de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental correspondientes a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. El empresario asumió una sanción de entre 350.000 y 400.000 euros por ellas, según una fuente que cuenta con la total confianza de la política conservadora, aunque este interlocutor no aportó ninguna prueba documental de que se hubiera producido el pago y otra fuente negó que este se hubiera producido.

“[González Amador] Pagó una multa de 350.000 o 390.000 euros por un primer expediente antes de que Hacienda lo elevara a la Fiscalía”, explica este interlocutor del entorno de Díaz Ayuso. “Esa multa se corresponde a una factura por servicios [sanitarios] en México y otra por servicios en Costa de Marfil que Hacienda solo estimó en parte, cosa increíble”, añade. “Luego le abrieron otro expediente [el que ha provocado la polémica al trascender que se le acusa de presuntamente defraudar 351.000 euros], pero no pudo pagar porque no le dejaron, y es por ello que está en la Fiscalía”, sigue. “Es todo un invento para dañar en lo personal a la presidenta”, opina. “Primero, el fiscal le ofreció negociar; después, al fiscal le prohibieron negociar con él. Es todo turbio y feo”.

Sin embargo, fuentes conocedoras de la investigación en la Fiscalía aseguran que esa versión sobre la negociación es falsa. “La Fiscalía siempre ofrece conformidades tras la presentación de la denuncia, pero eso implica reconocer los delitos”, asegura dicha fuente.

La denuncia contra González Amador sostiene que las compañías del empresario habrían presentado 15 facturas falsas por gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros. Al mismo tiempo, la investigación recoge que su empresa, Maxwell Cremona, se dedujo en 2020 una “factura por importe de 620.000 euros emitida por la sociedad mexicana Mke Manufacturing SA (...) empresa que no realizó ningún servicio o trabajo”. En cambio, no hay referencia alguna a una compañía de Costa de Marfil. Sí a una empresa “costarricense”, Gayani Ltd, que en 2021 permitió al investigado deducirse “indebidamente” 922.585,63 euros. Esas dos entidades estarían administradas por el mismo empresario.

Los investigadores consideran que las facturas se emitieron “con la única finalidad de reducir la tributación, deduciéndose indebidamente gastos en virtud de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados”.

“Hasta donde sé, mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020, 2021 y ahora pretenden que sea el 2022 para retrasar [la devolución de] los casi 600.000 euros que Hacienda le debe”, ha defendido este miércoles Díaz Ayuso. “Es falso que sea él quien deba a Hacienda 350.000 euros por fraude. Es Hacienda quien el debe los casi 600.000 euros, a pagar por intereses”, ha añadido. “Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder del Estado porque es mi pareja”.

Hasta que su figura trascendió a la luz pública a través de su relación con Díaz Ayuso, González fue un consultor especializado en prevención laboral que desarrolló gran parte de su carrera en vinculación con el grupo Quirón Prevención. “Era bastante jefe”, describe una fuente sobre su actividad profesional, que desarrolla como colaborador externo de la empresa, que tiene actividad comercial en 25 países y oficinas en Perú, Ecuador, Colombia o México.

Pero con la llegada de la pandemia, Maxwell Cremona, la empresa unipersonal de González, pegó un pelotazo. Así, pasó de ingresar 357.773 euros en 2019 a realizar ventas por 2,3 millones en 2020, y 1,3 millones en 2021. “Vendía material sanitario”, afirma sobre González una fuente conocedora de cómo funcionaba durante la pandemia el mercado de la salud.

De hecho, González intermedió, a cambio de una comisión, a favor de FCS Select Products S. L., una organización con sede en Barcelona y contactos en China que empezó a importar mascarillas en lo peor de la pandemia, pese a dedicarse al sector de las bebidas energéticas. Fruto de esa colaboración emitió al menos dos facturas que sumaron casi dos millones de euros. FCS Select Products fue luego denunciada por el PP de Madrid, que preside Díaz Ayuso, por sus contratos con la Administración central, que superaron los 263 millones.

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