La Fiscalía europea archiva la investigación a Tomás Díaz Ayuso por la compra de mascarillas para Madrid

La Fiscalía Europea ha archivado el caso sobre la presunta malversación de fondos europeos en el contrato de suministro de 250.000 mascarillas por 1.512.500 euros del que se benefició Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Los fiscales europeos han tomado esa decisión al concluir que no hay indicios suficientes de delito en esa adjudicación. “En particular, no ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado, atendida la calidad del material ofertado y entregado, ni que hubiera sufrido un incremento indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa. Finalmente, ha quedado acreditado que el transporte fue abonado por la empresa adjudicataria y no por la Comunidad de Madrid”, ha señalado la Fiscalía Europea en un comunicado.

Con la decisión de los fiscales europeos quedan ya cerradas las dos investigaciones que pesaban sobre el contrato por el que el hermano de Isabel Díaz Ayuso percibió 234.000 euros, según los cálculos de la Fiscalía . El verano pasado, la Fiscalía Anticorrupción también archivó sus indagaciones al concluir que no se produjo ilegalidad porque ni Ayuso ni el Consejo de Gobierno que ella preside había intervenido en el procedimiento. Además, la Fiscalía sostuvo que la presidenta madrileña no se prevalió de su posición para influir en que se aceptara la oferta de Priviet Sportive, la empresa con la que colaboraba su hermano, ni existía incompatibilidad para contratar con esta sociedad debido a la intervención en la operación de Tomás Díaz Ayuso.

Tras el cierre de las pesquisas por parte de Anticorrupción, se mantenían abiertas las iniciadas en paralelo por Fiscalía Europea en marzo del año pasado. Este cuerpo independiente de la Unión Europea entendía que con esa adjudicación se había podido cometer un delito de malversación de fondos europeos, ya que las mascarillas se pagaron con fondos Feder, y reclamó dirigir en exclusiva esa investigación. Anticorrupción se opuso y el choque entre ambas instituciones obligó a intervenir a la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que optó por desgajar la causa para que los fiscales europeos investigaran presuntos delitos derivados del mal uso de los fondos de la UE, y Anticorrupción se centrara en los delitos que podían afectar directamente al funcionamiento de la Administración pública española (como tráfico de influencias, falsificación de la facturación o negociaciones restringidas a los funcionarios).

Los fiscales europeos han acordado cerrar la investigación tras tomar declaración a las personas que intervinieron en esas adjudicaciones, analizar la documentación aportada por cada un y requerir información a diversas entidades como la Agencia Tributaria, el servicio madrileño de Salud (Sermas) y la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Además, se recabaron informes de la Guardia Civil y se nombró a un perito que examinó la documentación. Tras esa investigación, no se han hallado “indicios suficientes” de la comisión de un delito, apunta la Fiscalía europea.

La venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid del que se benefició el hermano de la presidenta fue el origen de la crisis interna del PP que desembocó en la salida de Pablo Casado y la convocatoria de un congreso en el que Alberto Núñez Feijóo se convirtió en el nuevo presidente del partido. Aunque la denuncia que dio origen a la investigación de la Fiscalía la presentaron los grupos de la oposición de la Asamblea de Madrid (Podemos, el PSOE y Más Madrid), fueron Casado y su secretario general, Teodoro García Egea, quienes sembraron las primeras dudas sobre la presidenta, a la que acusaron de mantener una conducta “no ejemplar”. “Mi labor es garantizar que ninguna comunidad gobernada por el PP ha cometido una práctica corrupta”, señaló el entonces presidente popular, que reprochó a Ayuso haber ninguneado sus peticiones de información sobre el contrato del que se benefició el hermano de la presidenta.

Anticorrupción cifró la comisión recibida por Tomás Díaz Ayuso en 234.203,52 euros: 175.000 provenientes de los trabajos realizados para Priviet y 59.203,52 euros de un bonus pactado por la obtención del contrato de las mascarillas con la Comunidad de Madrid. La Fiscalía española vinculó en su escrito esta comisión con el trabajo realizado por el hermano de la presidenta para Priviet, “consistente en añadir valor al proceso comercial de esta empresa mediante su conocimiento de la gestión sanitaria y del mercado sanitario, de los proveedores y clientes potenciales así como de las calidades y especificaciones de los productos demandados”. Esta aportación se produjo en la operación de venta de 250.000 mascarillas a la Comunidad de Madrid, pero también en otras, según dio por acreditado la Fiscalía a partir de la documentación aportada por el hermano de Díaz Ayuso relacionada con seis ofertas realizadas por la misma empresa con distintos clientes no institucionales, dentro y fuera de España.