El Gobierno central está dispuesto a llevar hasta el Tribunal Constitucional las reformas de la ley contra la LGTBIfobia y la ley trans de la Comunidad de Madrid, aprobadas en diciembre gracias a la mayoría absoluta del PP de Isabel Díaz Ayuso y pese a la oposición de asociaciones, activistas y partidos de izquierdas. El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha planteado, a instancias del Ministerio de Igualdad, una cuestión de inconstitucionalidad que afecta a cuatro puntos de la primera norma y a uno de la segunda, por lo que las dos partes se citarán ahora en una comisión bilateral para negociar durante un máximo de seis meses con las cartas marcadas: o llegan a un acuerdo, o el conflicto acabará en el Tribunal Constitucional, tal y como adelantó el diario digital Público y ha podido confirmar EL PAÍS.

Las discrepancias que enfrentan a ambas partes se concentran en puntos concretos de las dos normas y son los siguientes, según ha detallado un portavoz del Gobierno central. El Ejecutivo autonómico no había respondido a las preguntas de este diario en el momento de publicación de este artículo.

• Ley de Protección Integral Contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e identidad Sexual. El artículo 14 “patologiza la transexualidad”, cree el Ministerio de Igualdad, al establecer que los menores trans solo podrán iniciar su tratamiento hormonal previo examen de un pediatra, tras ser atendidos “por un profesional de la salud mental” (psicólogo o psiquiatra), o que necesitarán un informe médico favorable “imprescindible” si tienen dos o más enfermedades o trastornos mentales al mismo tiempo. Además, el Gobierno central impugna los apartados 15 y 17, en los que se especifican los derechos de utilización de espacios por parte de las personas trans “sin menoscabo de los derechos y la intimidad del resto de usuarios, especialmente mujeres, chicas o niñas”. A juicio de Igualdad, esa referencia al uso de espacios comunes en función del sexo (en centros de menores, pisos tutelados, residencias de tercera edad…) vulnera el artículo 14 de la Constitución al menoscabar el principio de igualdad y supone un uso discriminatorio del lenguaje. El Gobierno central también señala que la ley estatal establece una prohibición expresa de terapias aversivas o de conversión incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal, mientras que la norma madrileña añade la coletilla “sin que el asesoramiento psicológico pueda considerarse discriminatorio ni contrario a la libertad de la persona evaluada”.
• Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación. El ministerio impugna que niegue a asociaciones, entidades y organizaciones representativas de los colectivos LGTBI la legitimación para presentarse como acusación o representar a víctimas en procesos penales o administrativos sancionadores. Y recrimina: “Este artículo vulnera el artículo 149 de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia procesal y no diferencia ningún procedimiento”.

La convocatoria de la comisión bilateral entre el Estado y el Gobierno regional supone el último paso en la estrategia desarrollada por el PSOE contra unas reformas legales a las que se opuso desde el principio. Así, primero los socialistas madrileños de Juan Lobato anunciaron su voto contrario. Luego, eurodiputados socialistas pidieron en Bruselas medidas para frenar las reformas. Y ahora insta este conflicto jurídico a través del Gobierno de España.

“El Gobierno ha activado un trámite previo al recurso de inconstitucionalidad de las leyes, de la reforma de las leyes LGTBI trans de la Comunidad de Madrid”, ha resumido Santiago Rivero, diputado del PSOE en la Asamblea. “Estas leyes vuelven a patologizar a las personas trans, esperamos que Ayuso rectifique”.

La ley de Cifuentes

La Ley regional de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación (conocida como ley trans) fue aprobada en 2016, cuando el Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) dependía de CS. La norma partió de la oposición y los conservadores no la apoyaron: se abstuvieron. Desde que Ayuso llegó al poder, en agosto de 2019, tuvo esta ley en la diana. Tanto ella como sus principales asesores, empezando por el hoy presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, la consideraron excesivamente ideológica, ineficaz en su redacción y cuestionable en alguno de sus preceptos.

De esta manera, el PP esprintó para emplear en estas reformas la mayoría absoluta que había obtenido en mayo de 2023: para diciembre de ese mismo año, solo seis meses después, ya se había derogado el derecho al reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada (recogida en el artículo 3 de la norma), al igual que al libre desarrollo de su personalidad y a ser tratado de conformidad a su identidad de género. No fue el único cambio. También se quitó de la norma que el contenido educativo contemple la no discriminación por la identidad y expresión de género, y las acciones de los centros educativos para proteger contra el acoso.

Algo parecido pasó con la ley de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, que la pasada legislatura Ayuso ya pactó rebajar con Vox a cambio de recabar su imprescindible apoyo para aprobar la ley ómnibus.

Así, se eliminó la prohibición de que “ninguna persona podrá ser obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte su libertad de autodeterminación de género”. En este caso, también desapareció con la reforma la inversión de la carga de la prueba, con el argumento, sostuvo el PP en su texto, de que fue introducido en la ley “de buena fe o movidos por el afán de imponer ciertas doctrinas conocidas como “de género”.

La norma, además, pasó a denominarse “Ley de protección, igualdad efectiva y no discriminación de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid”. Se derogó la creación del Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid, o el Centro de documentación y memoria histórica LGTBI, y se eliminó la contribución de las instituciones y los poderes públicos madrileños a la visibilidad de las personas LGTBI en Madrid. También se suprimieron todos los apartados correspondientes a los planes educativos y el fomento de la no discriminación, al igual que a la revisión de currículos educativos para incluir “la realidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual en los contenidos transversales de formación de todo el alumnado de Madrid”.

Como consecuencia de los cambios, las organizaciones LGTBI con experiencia en la materia ya no impartirán a los profesionales de los centros educativos la formación necesaria para garantizar el derecho a la educación de los menores de edad LGTBI. Y se ha borrado la obligación legal de dar visibilidad a la diversidad a través de la publicidad institucional.

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