Ley del suelo

La reforma de la ley del suelo de Madrid se aprueba pese a las dudas legales

El Ejecutivo autonómico inicia los trámites para sustituir la mayor parte de las licencias de obra por declaraciones responsables y la oposición denuncia fraude en la votación

Vista exterior del emblemático Edificio de los Cubos.
Vista exterior del emblemático Edificio de los Cubos.EFE

El Ejecutivo madrileño apuesta por el ladrillo. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha llevado este jueves a la Asamblea una reforma de la ley del suelo que busca hacer frente a la crisis económica del coronavirus dinamizando el sector de la construcción. La norma eliminará la mayoría de las licencias urbanísticas, sustituyéndolas por una declaración responsable posterior. Ocho diputados de Más Madrid y siete de Podemos han abandonado el pleno momentos antes del sufragio. Pero el presidente de la cámara, Juan Trinidad, de Ciudadanos, ha considerado el quorum intacto, basándose en un recuento previo a la tramitación.

Los representantes madrileños se alternan para acudir a la Asamblea desde el estado de alarma. Para la deliberación y adopción de acuerdos, el quorum necesario estos meses es de 67 diputados. Pero durante la votación solo 55 de ellos se encontraban en el interior de la cámara. Pablo Gómez Perpinyà, portavoz de Más Madrid ha calificado lo ocurrido como “fraude parlamentario y vulneración de la legalidad”, y prevé acciones legales. Isabel Serra, de Unidas Podemos, se ha sumado a la denuncia y ha evocado tiempos pasados: “La última vez que sucedió algo parecido fue durante el tamayazo. No vamos a permitir que la especulación urbanística gane”.

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Con esta votación, que no está exenta de sospechas, el Gobierno regional inicia la reforma de 12 artículos de los 248 que componen la actual ley del suelo. Se trata de aquellos epígrafes relativos a las licencias de obra, el acto administrativo por el cual los ayuntamientos resuelven la autorización de cualquier transformación urbanística. Estos permisos se reemplazarán en varios supuestos por un documento en el que tanto promotor como arquitecto se responsabilizan jurídicamente de la legalidad de los trabajos efectuados. Los consistorios efectúan más tarde una inspección. Las deficiencias podrán subsanarse en un plazo máximo de 10 días. El nuevo sistema se asemeja al funcionamiento de la declaración de la renta, examinada a posteriori por el Ministerio de Hacienda.

La modificación puntual, ha defendido la consejera de Medio Ambiente Paloma Martín, pivota sobre tres objetivos: ganar competitividad con respecto a otros países europeos que ya han reducido sus plazos de tramitación, ahorrar tiempo de espera a los ciudadanos y favorecer reformas en viviendas, como la instalación del aire acondicionado, que no necesitará siquiera una declaración responsable. “Es necesario desregular aquellos ámbitos que permitan impulsar la actividad económica, generando mayor capacidad de acción a las empresas”, ha dicho la popular. “El empresario quiere libertad para invertir y generar oportunidades, nuestro deber es facilitarle el camino y liberarlo de trabas burocráticas”, prosiguió.

Únicamente estarán sujetos a la licencia urbanística los movimientos de tierra, las intervenciones en edificaciones protegidas, la división de terrenos, la tala de árboles y la ubicación de vivienda prefabricada. Tanto las obras de edificación de nueva planta, como la rehabilitación y acondicionamiento de edificios, la demolición o los cambios de uso se someterán a una declaración responsable firmada por los interesados. “La ceguera ideológica de la oposición hace que sigamos enredados en trámites burocráticos que nos restan agilidad. No se trata de especulación, sino de crear oportunidades, que son la clave para salir de la crisis, al contrario que los subsidios y las subidas de impuestos”, pontificó la consejera.

El número de visados de dirección de obra ha experimentado en Madrid una reducción del 34%. El dato muestra la contracción de un sector que supone el 20% del empleo en la región. Cada millón de euros invertido en la construcción crea 10 puestos de trabajo directos y 14 indirectos, según datos de la Comunidad. Pero la pandemia ha provocado un insólito frenazo que empuja al Ejecutivo regional a impulsar esta modificación, prevista hasta ahora para la futura ley del suelo. La nueva norma está pendiente desde la anterior legislatura. No termina de haber consenso para aprobarla. Quizá porque el texto supondrá la clave de bóveda del desarrollo urbanístico durante los próximos años.

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