Más Madrid denuncia ante la Fiscalía 342 contratos del Gobierno de Ayuso que considera troceados para eludir controles o concursos

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, ha denunciado este martes ante la Fiscalía 342 contratos menores del gobierno de Isabel Díaz Ayuso que su formación considera sospechosos de haber sido troceados para eludir controles y evitar concursos públicos. Esos acuerdos, según el partido que lidera la oposición, están vinculados al caso FP, que ya investiga el Ministerio Público para esclarecer la supuesta construcción irregular de centros educativos con empresas elegidas presuntamente a dedo gracias a que las obras se habrían hecho con contratos fraccionados artificialmente de menos de 40.000 euros más IVA —límite a partir del cual hay que convocar un concurso al que se pueden presentar múltiples compañías—.

“Traemos a la Fiscalía nuevos indicios sobre el caso FP”, ha dicho Bergerot antes de registrar su escrito. “En total hemos traído 342 contratos [menores] que son sospechosos de ser contratos a dedo, contratos que se han saltado la ley de contratación pública, y contratos troceados”, ha detallado. “En total son seis millones de euros repartidos en 342 contratos a once proveedores que tienen una vinculación a través de la administración común”, ha denunciado. “Hay un modus operandi para llevarse el dinero público de los madrileños, que debería ir a la FP; no son casos aislados”.

Además, Bergerot ha pedido que el actual presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, y la actual consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, den explicaciones, pues ambos tenían las máximas responsabilidades en la consejería de Educación cuando se firmaron estos contratos, que supuestamente afectan a al menos ocho centros.

“[Esta] manera de actuar por la Consejería de Educación, dados los numerosos casos encontrados, supone un claro empleo abusivo de la figura del contrato menor que podría ser fraudulenta y que debe ser investigada para depurar las responsabilidades correspondientes”, se lee en la denuncia, a la que accedió este diario. “El fraccionamiento de los contratos públicos sólo se admite en supuestos excepcionales, particularmente en aquellos que vengan determinados por la necesidad de la continuidad del servicio”, argumenta.

Y remata: “De investigarse y comprobarse la inadecuación del fraccionamiento, y su práctica de manera generalizada por la Consejería, podría suponer indiciariamente que nos encontramos ante un delito continuado de prevaricación administrativa, así como, obviamente, un delito de fraude en la contratación pública, pudiendo llegar incluso a la posible malversación de caudales públicos y al cohecho”.

Tras sendas denuncias de la propia Comunidad de Madrid, la Fiscalía ya investiga las obras del macrocomplejo educativo Ciudad Escolar y de la Escuela de Arte, que supuestamente se ejecutaron y pagaron a través de contratos fraccionados por menos de 40.000 euros más IVA para evitar sacar los proyectos (por 1,2 y 2,5 millones de euros) a concurso público.

Sobre la primera, Más Madrid dice no haber encontrado licitación alguna en el portal de contratación, donde, en cambio, sí ha detectado 11 contratos menores, por importe de 249.242,11 euros. En el segundo caso, el partido cree haber dado con cuatro, con un importe de 62.298,85 euros. “Pero las cifras no concuerdan ni se cierran, puesto que este centro se construyó con presupuesto de más de 2 millones de euros, según lo publicado en prensa”, reconoce en referencia al digital eldiario.es, que destapó el escándalo.

En paralelo, la Fiscalía Territorial de la Comunidad de Madrid ha admitido a trámite la denuncia del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) por el fraccionamiento de facturas en las obras de centros de Formación Profesional (FP) en Alcalá de Henares y en Madrid. Los socialistas denunciaron en julio que estas obras realizadas con fondos europeos se llevaron a cabo en el IES Antonio Machado, el Conservatorio y la Escuela de Arte, ubicados en Alcalá de Henares en un mismo recinto, mientras que en Madrid se realizaron la Ciudad Escolar y Hotel Escuela, ubicados en la carretera de Colmenar. Según consta en la denuncia, las obras encargadas verbalmente a la empresa VIRELEC, se facturaron mediante contratos menores por debajo de los 40.000 euros, eludiendo así la publicidad y los controles que exigiría una licitación ordinaria. Por ello, argumenta el PSOE, se habrían producido posibles delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública o incluso cohecho, en contratos de ejecución de obras en infraestructuras educativas

Por otro lado, los socialistas también acusaron al Gobierno madrileño de utilizar el mismo modus operandi en las obras realizadas en el IES Príncipe Felipe de Madrid, en la Escuela de Idiomas y el Centro Territorial de Innovación y Formación Sur (CTIF) de Leganés, el IES Carlos Bousoño de Majadahonda y el IES Pio Baroja de Madrid. Estos hechos llevaron a imputar y mandar a la Fiscalía a seis funcionarios docentes y, paralelamente, abrir expediente a los directores y jefes de Estudios de los tres centros.

Además, el PSOE ha alertado este martes de que, a su juicio, parte de ese “proceder irregular” se habría aplicado también para ampliar el número de plazas de educación infantil de 0 a 3 años en la región entre 2021 y 2023, por lo que ve “falta de transparencia”. En este caso, la Administración habría dejado en manos de las direcciones de los centros el encargo de las inversiones necesarias, cuando los colegios solo deben recibir fondos para sus gastos de funcionamiento, según el portavoz del área de los socialistas, Esteban Álvarez.

Exalto cargo

Esa situación, según el relato del PSOE, se dio en 74 de los 78 centros en los que se hizo la inversión. Para ello, relatan los socialistas, “la Consejería de Educación, en el periodo 2021 a 2023, recibió 53,6 millones de euros, pero, en vez de llevar a cabo las correspondientes inversiones a través de la Gerencia de Infraestructuras optó por “endosarle” la gestión de estas inversiones en nuevas plazas a las directoras de los Colegios de Infantil y Primaria, atribuyéndoles una función que no era de su responsabilidad”. Un “proceder irregular”, a juicio de los asesores de Juan Lobato, el líder regional del PSOE, que lo consideran “excepcional en el conjunto de las Comunidades Autónomas en la gestión de los fondos para estas plazas 0-3, y que repite lo que ya está en manos de la justicia”.

Sin embargo, el gobierno regional niega cualquier irregularidad, y explica que para estas obras ha empleado un acuerdo marco con la empresa Tragsa. “Se gestiona todo de acuerdo a la ley de contratos”, ha defendido este martes en la Asamblea Ignacio García Rodríguez, Director General de Infraestructuras y Servicios. “La LOMLOE [ley de educación] encomienda a los directores de instituto realizar obras menores”, ha añadido. Y ha rematado: “Que un director de instituto haga una obra no es una irregularidad, siempre que esté dentro de los límites y umbrales que marca la legislación. Es totalmente legal”.

Esto precisa un portavoz de la consejería de Educación: “La actuación de los directores está avalada por la legislación vigente (artículo 132 de la Ley Orgánica 2/06, de 3 de mayo de Educación), que recoge entre sus competencias las de “realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro”. Y, sobre los 53,6 millones destinados a Educación Infantil, amplía: “En una primera fase se actuó en 46 de estos centros para realizar las reformas menores y adaptaciones de espacios requeridas, que fueron gestionadas por sus directores siempre bajo la supervisión de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios. En los 33 centros restantes, que requerían actuaciones de mayor calado, fue la Dirección General de Infraestructuras y Servicios la encargada de realizar el proyecto y la ejecución de las obras”.

La polémica por los contratos empezó en abril, cuando la Consejería de Educación denunció ante el Ministerio Público a dos funcionarios y un exalto cargo regional.

“La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha solicitado a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigue la comisión de un presunto delito relacionado con la contratación de unas obras de reforma en el complejo educativo Ciudad Escolar, en el que podrían estar implicados varios funcionarios públicos”, señaló entonces el departamento que dirige Emilio Viciana a través de un comunicado.

El macrocomplejo de Ciudad Escolar tiene 500.000 metros cuadrados, uno de los más grandes de la comunidad. El caso que ahora le afecta empezó en septiembre, cuando en la sede de Educación se recibió “un burofax en el que se solicitaba el pago de una elevada cantidad económica adeudada por obras de reforma realizadas en uno de los edificios de este complejo”. Ante esa reclamación, el departamento de Viciana comprobó que en la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería no figuraba ningún expediente de contratación de estos trabajos, por lo que solicitó un informe de auditoría a la Intervención General y se abrió una investigación interna.

“Con los datos recabados, la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades envió el pasado 13 de marzo un informe a la Fiscalía Provincial de Madrid para poner en conocimiento del Fiscal Jefe de este órgano la posible implicación de tres funcionarios en presuntos delitos relacionados con la contratación de estos trabajos”, detalló entonces el comunicado de la consejería.