Nuevo récord en Madrid: casi 50.000 alumnos se quedan sin plaza en la FP pública, según CC OO

Cada inicio de curso, el interés por la Formación Profesional se ensancha. Miles de solicitudes, miles de matriculados y miles de personas que se quedan a las puertas. En la Comunidad de Madrid, el número de nuevos estudiantes en FP lleva dos años superando al de Bachillerato. Este curso son 178.901 alumnos, un 5,3% más respecto al pasado, según cifras del Gobierno regional. Pero en ese recuento, denuncia Comisiones Obreras (CC OO), falta cuántos de los que solicitaron plaza en la pública no la han obtenido. Los excluidos. Un estudio elaborado por el sindicato recoge que 48.255 estudiantes se han quedado sin hueco en los distintos niveles de FP, el curso con más excluidos hasta la fecha. El año pasado fueron 40.149 jóvenes sin puesto. El Gobierno regional defiende que la última fase del periodo de matriculación no ha concluido y que aún hay 13.200 vacantes sin cubrir.

Este es el cuarto año que CC OO analiza en detalle los admitidos y excluidos en la FP pública y cada vez, advierten, el número de excluidos es mayor. En 2021 fueron 25.000, en 2022 llegaron a 33.000 y el año pasado, poco más de 40.000. La subida ha sido progresiva, este curso casi se alcanzan los 50.000 estudiantes sin plaza, y la tendencia es que siga aumentando, indica el sindicato. Según sus datos ―que engloban FP básica, grado medio y superior―, las cifras más “alarmantes” son las de grado medio: hay 10.734 admitidos frente a 21.558 que quedan fuera (el 66,7%), esto es un 15% más de alumnado excluido que el curso anterior. “Y solo han abierto tres grupos más, que es como si ofertasen exactamente lo mismo [que hace un año], a pesar del aumento de demanda. Lo que demuestra que la Comunidad de Madrid no atiende las necesidades reales de la población”, critica Aida San Millán, responsable de Enseñanza Pública del sindicato.

La muestra para el estudio, puntualiza San Millán, varía cada curso y no es una radiografía completa ―aunque sí representativa de lo que ocurre en la región, defiende― porque muchos centros no publican las cifras de excluidos, solo los admitidos, y otros ninguna de las dos. La Consejería de Educación tampoco ofrece el número de alumnos que no consiguen plaza en la pública.

CC OO concluye que de los 92.521 alumnos contabilizados que optaban a una plaza en FP, 44.266 la han conseguido y 48.255 no. Un 52% se ha quedado a las puertas. “Los centros educativos ya no tenemos capacidad para absorber más alumnos, estamos hasta arriba. No hay espacio físico y no dejan abrir más ciclos”, lamenta Rosa Rocha, presidenta de Adimad, la asociación de directores de Secundaria y de FP de la región. “La privada no tiene problemas de contratación y pueden abrir los ciclos que les dé la gana, a veces en instalaciones precarias. Nosotros no tenemos docentes ni instalaciones”, añade.

Según la consejería, la única cifra que pueden confirmar es que “a principios de septiembre aún quedaban 13.200 plazas públicas vacantes en los distintos niveles de FP para este curso, que aún se están asignando”, señala un portavoz. “Por falta de transparencia de la Consejería de Educación, no podemos saber cuántos excluidos lo han sido sin que se les haya ofrecido una plaza en segunda instancia o tercera. Algunos de ellos se están matriculando en la fase de septiembre y otros se han dirigido a ofertas privadas. Pero otros se han quedado sin opción alguna y no se pueden permitir pagar las matrículas en la privada”, señala Isabel Galvín, secretaria de Enseñanza de CC OO.

El Ejecutivo regional publicó justo antes del comienzo de curso que las plazas vacantes mencionadas se distribuyen así: más de 1.300 puestos en Básica, 5.400 en Medio y 6.500 en Superior, en “centros sostenidos con fondos públicos”. Con esa definición, la Comunidad agrupa a centros de FP públicos y concertados, por lo que no es posible determinar cuántas vacantes hay en unos y otros, critica CC OO. Sí informó el Gobierno, sin embargo, de que los “centros públicos suman un total de 4.600 nuevas plazas”. El junio pasado también anunció 10.000 puestos nuevos de FP en la pública.

San Millán cuestiona las cifras de la Comunidad porque cada vez son más los excluidos, especialmente en sectores que llevan años acumulando una alta demanda, como los grados superiores de ramas sanitarias. En el grado de prótesis dental, por ejemplo, donde han podido analizar el 100% de los centros, hay 133 admitidos frente a 652 excluidos (el 83%). En Anatomía Patológica ocurre lo mismo, un 83% queda fuera, a pesar de que hay dos grupos más que en 2023.

De hecho, este grado es uno de los más afectados por la falta de prácticas que llevó a más de 600 estudiantes de 14 centros a la huelga en febrero. Entonces, los institutos denunciaron que cada vez es más difícil que los hospitales de gestión privada acepten a sus estudiantes, porque muchos piden una compensación económica a cambio ―algunos de hasta 500 euros por alumno― y las plazas quedan reservadas para los de centros privados que pagan dicha compensación. “Hay especialidades que crecen mucho en número de excluidos y que, sin embargo, no es proporcional el número de grupos que se abren. [La Comunidad] no analiza qué sectores son los que el alumnado elige más, no analiza dónde hay más salidas profesionales, porque el alumnado no elige casualmente”, se queja San Millán.

En el sindicato llevan años señalando que en sus informes falta una “pata fundamental”: cruzar las cifras con los admitidos y excluidos en la concertada y privada. Si se busca el número de centros públicos que imparten, por ejemplo, estudios de grado medio, la página web de la Comunidad dice que son 149. En cambio, los privados y privados-concertados que lo ofertan son 192. En grado superior hay 144 públicos y 301 privados o privados-concertados. Y si se le indica al buscador la lista de grado superior, pero solo en Madrid ciudad ―donde más problemas de demanda hay―, los resultados son 172 privados y 44 públicos.

Educación construyó al menos ocho centros de FP y Formación de Profesorado sin contrato ni control económico y fuera del presupuesto, según reveló eldiario.es este verano. Y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso denunció en abril ante la Fiscalía regional un posible caso de corrupción que afecta a Alfonso Mateos, que hasta febrero era subdirector general de Centros de Formación Profesional. Además, la actual Consejería de Educación ha abierto auditorías económicas en varios centros de FP para investigar irregularidades.