El comisario Alberto Carba planta cara a Nacho Cano

El 20 de mayo de 2013, el inspector de policía Alberto Carba estaba disfrutando de su luna de miel en Tanzania cuando le sonó el teléfono: “Ha habido un secuestro complicado en Colombia, tienes que venir”. Por aquel entonces, Carba era uno de los negociadores más cualificados de la Policía Nacional. No en vano, fue quien montó los protocolos de actuación e impulsó toda la red nacional de negociadores, cuyo modelo se exportó después a Europa (EUNAT, Red Europea de Secuestros y Extorsiones).

Un grupo armado, supuestamente de las FARC, había secuestrado a Consuelo Marlaska, prima hermana del actual ministro del Interior (entonces presidente de la Audiencia Nacional), Fernando Grande Marlaska, junto a su pareja. Fueron 20 días de complejas pesquisas. Pero Carba —que llegó de Tanzania un día y voló a Colombia al siguiente— y los suyos lograron parar el pago del rescate desde España y liberar a la pareja, a quien se habían llevado los secuestradores hasta Venezuela desde la Guajira colombiana.

Nadie conoce al (ahora comisario) Alberto Carba por aquello, ni por otros muchos rescates que dirigió y por los que fue condecorado junto a su equipo, sino que su fama (mala) está vinculada a uno de los muchos turbios asuntos de Villarejo (que le tocó investigar en 2019) y ahora al promotor musical, Nacho Cano, que lo ha tachado públicamente de “criminal”, “paleto”, “torpe” y que lo ha acusado de “coaccionar” a las víctimas y de actuar guiado por una persecución política contra su persona por estar “muy supeditado a Marlaska”.

Incluso llegó a decir: “Si un día me encuentran muerto en una cuneta, sabrán quién ha sido”. El excomponente de Mecano lo dijo todo en una rueda de prensa, posterior a su detención por un presunto delito de favorecimiento de la inmigración irregular y contra los derechos de los trabajadores extranjeros. El promotor del espectáculo Malinche, junto a tres de sus colaboradoras, está actualmente inmerso en un procedimiento judicial que instruye la juez del juzgado número 19 de plaza de Castilla por ese motivo.

El comisario Carba ha guardado silencio hasta ahora. O mejor dicho, ha estado esperando a que alguien de su institución alzara la voz en su defensa y la de los investigadores de la comisaría de Centro que realizaron el atestado policial correspondiente al caso, en coordinación con la Brigada Provincial de Extranjería. Pero nadie lo ha hecho y, por eso, ahora le ha enviado al artista, a través de la abogada del Sindicato Profesional de Policía (SPP), el de los mandos policiales, un acto de conciliación: “O se retracta públicamente de las acusaciones e insultos que ha vertido contra mi persona y contra los investigadores de mi comisaría o le presentamos una querella por calumnias e injurias”. El comisario ha decidido plantar cara a Nacho Cano porque “una cosa es el derecho a la defensa y el principio constitucional de contradicción, y otra el insulto y el desprestigio de una comisaria de barrio en la que se ha hecho un trabajo policial valiente”, dice tras seis años al frente de la sede policial más grande de Madrid.

La paciencia de Carba se fue agotando mientras nadie decía nada y Cano recorría los platós de televisión presentándose como víctima de una conspiración político-policial “por ser amigo de [la presidenta de la Comunidad de Madrid] Isabel Díaz Ayuso”. Mientras el músico trataba también de desacreditar a la denunciante (”era mala compañera”), una de las 17 “becarias” mexicanas que trabajaba sin permiso de trabajo ni de estudios en su espectáculo musical por 500 euros al mes.

Nadie decía nada, mientras el equipo de comunicación del artista filtraba conversaciones de WhastsApp en las que presuntamente Lesly Ochoa, la “estudiante” de 28 años que lo denunció en enero pasado en la comisaría de Centro, lo chantajeaba pidiéndole 6.000 euros para no proceder legalmente. Y “nadie decía nada”. Bueno, sí, la propia Ayuso le daba la razón a su amigo músico, tildaba de “estalinista” la investigación y cargaba contra la policía en estos términos: “¿Es normal que te estén esperando furgones de policía, que se metan en tu casa y te la revuelvan, o que la citación se la den a tu madre, una anciana que está sola, viuda, a amedrentarla?”.

La realidad, según cuenta ahora el comisario Carba, cansado de esperar a que alguien hable por él o en su defensa, es que fue el propio Cano quien facilitó a la Policía la dirección de su madre (nonagenaria), y los del grupo de Informes fueron allí para entregarle la citación. La realidad, según Carba, es que —para su detención— llamaron a Nacho Cano y le dijeron que se presentara en comisaría el día que le viniera mejor (”lo eligió él”) y que lo hiciera acompañado de su abogado.

La realidad, según Carba, es que lo reseñaron como a cualquier otro detenido y lo dejaron en libertad enseguida (porque no quiso declarar) y se fue de la comisaría por la puerta que consideró más discreta. La realidad es que los policías intervinieron en un ensayo del espectáculo junto a una inspectora de trabajo y que la jueza ha desestimado todas las presuntas pruebas que ha ido aportando con mucho ruido mediático el equipo de abogados de Cano, por entender que no aportan nada en el esclarecimiento de los hechos que se investigan.

La voz y las acciones judiciales del comisario Carba están ahora acompañadas por el SPP que, en una nota enviada a EL PAÍS, manifiesta que “es un comisario que está siendo injuriado y difamado públicamente por parte de Nacho Cano, quien gratuitamente ha vertido severas acusaciones sobre la investigación que se ha llevado a cabo, y cabe señalar que la investigación y la actuación policial es intachable, y así queda de manifiesto en la providencia del juzgado de instrucción que lleva la causa”. “Es más”, continúa la nota y apunta también otro sentido: “La información objetiva está en manos de la Dirección General de la Policía, del Ministerio del Interior y de la autoridad judicial, sin que por parte de ninguno de ellos se haya iniciado procedimiento contra el investigador”. El sindicato entiende que la situación “exige que la Dirección General de la Policía manifieste también su posición en contra de este tipo de difamaciones, que tan gratuitamente atentan contra la imagen de profesionales de la Policía que simplemente cumplen con su trabajo”.