Una pareja española lleva cuatro días raptada en Colombia

Los secuestradores han pedido rescate y dicen que son miembros de las FARC La mujer fue capturada junto a otro turista español en una zona fronteriza con Venezuela

Foto pública del perfil de Facebook de María Concepción Marlaska.
Foto pública del perfil de Facebook de María Concepción Marlaska.

La policía colombiana confirmó este martes, tras cuatro días de secuestro, que los turistas españoles Ángel Sánchez Fernández, de 49 años, y María Concepción Marlaska Sedano, 43, —pariente del juez Fernando Grande-Marlaska, según fuentes policiales españolas y colombianas— están cautivos de un grupo armado que aún no ha sido identificado por las autoridades. Los autores del secuestro, que ya han telefoneado a la familia para exigir un rescate, se identificaron durante la llamada como miembros de las FARC.

Los dos turistas, naturales de Avilés (Asturias), fueron secuestrados en el departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela, cuando se dirigían a Cabo de la Vela, uno de los lugares más turísticos de esa región del noroeste del país y que se encuentra en medio del desierto, a unas dos horas de Riohacha, capital de esa provincia.

Los españoles alquilaron un coche (un Chevrolet Spark) en Bogotá en el que viajaron hasta La Guajira y que fue encontrado el viernes, abandonado y con un cristal roto, en una ranchería, como se conoce en Colombia al lugar donde viven los wayuu, la comunidad indígena más grande del país. Esta ranchería está ubicada a unos 85 kilómetros de Uribia, la capital wayuu. Hasta ahora ningún grupo se ha atribuido el secuestro, por lo que las autoridades ni confirman ni descartan que sea un acto de las FARC. Es habitual que los delincuentes comunes, para presionar en el cobro del rescate, se identifiquen ante los familiares como integrantes de esa guerrilla, para darse importancia y lograr que su exigencia sea tomada más en serio. Lo que sí consideran las autoridades es la posibilidad de que los turistas españoles hayan sido trasladados a territorio venezolano.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, aseguró este martes en los pasillos del Senado, que el Gobierno ha estado “desde el minuto uno en contacto con las autoridades de Colombia y con la familia” de los secuestrados. García-Margallo no ha dado más detalles sobre el secuestro, ya que, según ha dicho, “la norma de la casa” en estas situaciones es “mantener una discreción absoluta”. Tampoco ha querido pronunciarse acerca de si María Concepción Marlaska Sedano, trabajadora del diario La Nueva España, es familiar del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska: “Ni confirmo ni desmiento”.

Las autoridades colombianas han enviado a La Guajira una unidad especial de su grupo antisecuestros y antiextorsión. El último caso de un español secuestrado se registró en noviembre de 2012, cuando Rafael Molina Correa, que reside en Colombia, permaneció 23 días en cautiverio en el departamento del Cauca, al suroccidente del país.

En lo que va de año, la seguridad en La Guajira ha sido fuertemente golpeada por los ataques del frente 59 de las FARC contra la infraestructura de El Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande que tiene Colombia. También se ha incrementado la extorsión a manos de bandas criminales como Los Urabeños y Los Giraldo, enfrentados en una guerra por el control del departamento. Según datos de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía, en 2012 se registraron en esta región 98 casos de extorsión, así como cinco secuestros a empresarios, comerciantes y ganaderos.

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En Colombia, según la Fundación País Libre, que hace seguimiento a la tragedia del secuestro que ha azotado a Colombia desde hace décadas, se han contado 58 secuestros en los tres primeros meses del año, la cifra más baja desde 2003. En el 69% de los casos, los responsables fueron delincuentes comunes. Aun así, las FARC incrementaron esta práctica con relación a 2012, pasando de 2 secuestros a 11 en un año. Esta guerrilla anunció a finales de enero que se reservaba el derecho a secuestrar uniformados (militares y policías), lo que provocó una crisis en los diálogos de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana. Sin embargo, también recordaron que seguía en pie su compromiso a no secuestrar con fines económicos.

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