El Gobierno se apoya en Europa para urgir al PP a pactar el Poder Judicial

El Gobierno ha encontrado en Europa el mejor apoyo en su presión al PP para que desbloquee la renovación Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La vicepresidenta europea de Valores y Transparencia, Vera Jourová, avaló el lunes la reforma legal que limita los nombramientos cuando el Consejo está, como ahora, con el mandato prorrogado, pero pidió la retirada de la proposición de ley que rebajaba la mayoría necesaria para elegir a los 12 vocales jueces y apremió al Ejecutivo a renovar el órgano cuanto antes. El Gobierno aceptó el martes retirar la proposición de ley, que estaba aparcada, pero instó al PP a sentarse a negociar. Los populares mantienen el veto al juez José Ricardo de Prada, el escollo que frustró la última negociación.

Los recelos de Europa hacia las reformas legales promovidas por el Gobierno para intentar desbloquear el Poder Judicial han sido el argumento más firme del PP para negarse a pactar la renovación de un órgano que en su formato actual, según los populares, pone en duda la separación de poderes. Tres de las cuatro asociaciones judiciales ahondaron la semana pasada en el conflicto abierto para el Gobierno en Bruselas al denunciar ante la Comisión Europea el “riesgo claro de violación del Estado de derecho en España”. Pero el Ejecutivo ve ahora una oportunidad en esa invocación constante a Europa para forzar al partido de Pablo Casado a desbloquear cuanto antes la renovación del Consejo.

La vicepresidenta europea de Valores y Transparencia dio el lunes el visto bueno a la reforma legal que impide al Consejo hacer nombramientos de la cúpula judicial cuando, como ocurre ahora, tenga prorrogado su mandato. Pero, durante el encuentro virtual que mantuvo con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, lanzó dos mensajes más: hay que renovar ya el CGPJ y, además, hacerlo con un acuerdo pactado entre el Gobierno y la oposición, es decir, sin valerse de la otra reforma legal que el Ejecutivo mantenía aparcada desde octubre y que le permitiría renovar el órgano sin el voto del PP. “No quiero que perdamos un minuto (...) Ahora estamos preocupados por la eficiencia. Para evitar los focos [en esa propuesta], se propondrá que los grupos lo retiren para no dar más pábulo”, explicó el martes Campo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Minutos después del anuncio, cuando el ministro todavía seguía interviniendo en la sala de prensa de La Moncloa, el presidente del grupo parlamentario Unidas Podemos, Jaume Asens, mostraba en otra comparecencia ante los medios, esta vez en el Congreso, un rechazo inicial a la medida que parecía avisar de un nuevo desencuentro entre los socios de Gobierno. Sin embargo, fuentes de ambos grupos atribuyeron después a Asens una cierta precipitación y aseguraron que la retirada de la reforma legal estaba pactada y que Unidas Podemos la apoya. “La propuesta de reforma del CGPJ estaba muerta desde hacía tiempo porque el PSOE no le daba apoyo y, por lo tanto, asumimos su retirada de facto. No obstante, nos emplazamos a seguir negociando una alternativa para acabar con el bloqueo del CGPJ”, explicaron fuentes del entorno del presidente del grupo parlamentario.

La pelota en el tejado del PP

El paso dado por el Gobierno pretende volver a dejar la pelota en el tejado del PP aprovechando, además, que la vicepresidenta europea de Valores y Transparencia ha instado al Ejecutivo, pero también a la oposición, a desbloquear el órgano de gobierno de los jueces. El ministro Campo emplazó al PP a “dejarse de excusas” y a buscar ya el pacto.

El PP celebró como un éxito propio la retirada de la proposición de ley y aseguró que el Gobierno ha tomado esta decisión “por imposición” de Bruselas y no para mejorar la negociación con su partido. Fuentes de la dirección aseguran que todo sigue “en el mismo punto”, pero la retirada de la reforma allana el camino de un acuerdo. Los populares se muestran abiertos a sentarse a negociar, aunque sin renunciar a las condiciones que encallaron el anterior intento de pacto, incluido el veto como vocal del CGPJ a José Ricardo de Prada, el juez que firmó, junto a otro magistrado conservador, las condenas del caso Gürtel. Para los populares, incluir a De Prada sería una “humillación” a su partido que no están dispuestos a aceptar.

El PP exige también que Podemos quede fuera de la negociación y que el acuerdo para renovar el Consejo se firme a la vez que se pacta una reforma para cambiar el método de elección de los vocales jueces para “reforzar su independencia”. Las conversaciones, en cualquier caso, no se retomarán previsiblemente hasta que pasen las elecciones de Madrid del 4 de mayo.