El Gobierno y el PP se enzarzan de nuevo por el Poder Judicial

Con el bloqueo en la renovación de varios órganos constitucionales de fondo y poco después de la última llamada de atención de Bruselas sobre la situación del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno y el Partido Popular han vuelto a enzarzarse a cuenta de la independencia de la justicia. Las últimas declaraciones de la ministra Pilar Llop, quien en una entrevista concedida a EL PAÍS publicada este domingo señalaba que veía “bastante improbable” desde el punto de vista jurídico que la Sala de lo Contencioso del Supremo pudiese anular los indultos a los presos del procés, provocaron de inmediato las críticas del PP y Ciudadanos (Cs), que acusaron de injerencia a la titular de Justicia y elevaron de nuevo el tono contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

“Quizá quien sí quiere influir es quien está diciendo que yo tengo alguna intención de influir”, se ha defendido Llop este lunes al término de un acto en Castrillón (Asturias). PP, Vox y Cs presentaron en junio recursos ante el Supremo contra la medida de gracia otorgada por el Gobierno. “Quien hace esas manifestaciones seguramente desconoce cómo es el sistema judicial y la absoluta independencia que tienen los magistrados del Supremo”, ha añadido. La ministra, magistrada de carrera y que tomó posesión del cargo en el Ejecutivo hace menos de un mes, ha señalado que tiene un “absoluto respeto” por las resoluciones judiciales.

También este lunes, el secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, que se mostró crítico con las declaraciones de Llop el domingo, ha vuelto a arremeter contra la ministra al señalar que es “inapropiado” e “irresponsable” que la titular de Justicia se pronuncie sobre este tipo de resoluciones. “Si hay un ministro que no debe opinar sobre las decisiones judiciales es el de Justicia. Adelantar qué es lo que puede o no hacer la Sala Tercera en materia de indultos es inapropiado, irresponsable y no es propio de un ministro de Justicia”, ha declarado López a los medios de comunicación tras visitar los juzgados de la plaza de Castilla, en Madrid.

Pilar Llop no es el único integrante del Gobierno que ha manifestado públicamente que ve poco probable que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo revoque los indultos concedidos a los presos del procés. Días antes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha sido magistrada de esa misma sala, se expresó en términos similares en una entrevista con la agencia Europa Press (EP). Robles dijo que “no contemplaba” el escenario de que el alto tribunal acoja los recursos de los partidos contra la medida de gracia. La jurisprudencia del Supremo reconoce que el indulto es una prerrogativa del Gobierno y generalmente solo revoca el perdón gubernamental cuando este es decididamente arbitrario y carente de la debida motivación formal, como en el caso de un conductor kamikaze cuyo indulto fue anulado en noviembre de 2013.

Ley del aborto

El consejero de Justicia e Interior en el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso ha añadido en una entrevista en La Sexta que la ministra de Justicia no debe pronunciarse sobre cuál ha de ser “la mejor solución” al recurso contra la ley que regula el aborto que debe resolver el Tribunal Constitucional, otra de las cuestiones abordadas en la entrevista con EL PAÍS. Llop afirmó que “ahora no es el momento” de abordar ese tema, que hacerlo “supondría un retroceso absoluto para los derechos de salud y reproductivos de las mujeres” y que lo que procede es “avanzar en derechos”.

En la misma línea que López, la vicesecretaria general de Política Social del PP, Ana Pastor, ha solicitado a la ministra y al resto del Gobierno que “dejen tranquilas a las instituciones del Estado y que dejen a los jueces que actúan con independencia”. Durante un acto celebrado en Lugo, Pastor ha recordado que “en España hay separación de poderes” y ha señalado que “el Gobierno no puede inmiscuirse ni profetizar sobre lo que van a hacer los tribunales”. “Le pedimos que no se inmiscuya y no intente influir en las decisiones de los tribunales porque afortunadamente tenemos un sistema judicial independiente”, ha sentenciado.

Estas críticas se suman a las realizadas el domingo por el vicesecretario general de Cs, Edmundo Bal, quien consideró que las palabras de Llop representan una “injerencia política en el poder judicial y un atentado contra la división de poderes”.

También las asociaciones de jueces se han pronunciado este lunes. En declaraciones a Europa Press, Concepción Rodríguez, portavoz de Foro Judicial Independiente, se ha manifestado “muy en contra” de lo afirmado por Llop, al considerar que el ministerio “tiene que ser respetuoso con la separación de poderes”, mientras la portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ascensión Martín, aseguró que las palabras de la responsable de Justicia son “fruto de la libertad de expresión”.

La nueva fricción entre el Gobierno y el PP, esta vez a cuenta de lo improbable de la anulación de los indultos concedidos a los líderes del procés, da pocas esperanzas para que la renovación de los órganos constitucionales sea desbloqueada a la vuelta de las vacaciones de agosto. El Consejo General del Poder Judicial lleva en funciones desde diciembre de 2018 al expirar el mandato de cinco años, y ha batido todos los récords de prolongación, pero su relevo sigue estancado en el Congreso. Y ello pese a la mediación emprendida en los últimos meses por el presidente del Supremo y del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Este ha sustituido los llamamientos públicos a los partidos para que pacten la renovación por contactos con el líder del PP, Pablo Casado y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El acuerdo parece lejano.

Enrique López se ha referido este lunes también a la renovación y ha afirmado que en “todo el PP” son “conscientes” de las obligaciones constitucionales que tienen, pero ha insistido en que desde Bruselas también piden que se reforme “cuanto antes” la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los vocales judiciales sean elegidos “directamente por sus pares”, mientras que el Gobierno se decanta por que primero se lleve a cabo la renovación y después la reforma de la ley.

Al negarse a pactar la renovación, el PP retiene la mayoría conservadora en el órgano de gobierno de los jueces vigente desde 2013, cuando gobernaba Mariano Rajoy con mayoría absoluta. El partido de Pablo Casado ha planteado diversos pretextos para evitar acometer la sustitución de los 20 vocales del Consejo —doce jueces de carrera y los otros ocho pertenecen a otras profesiones jurídicas—, y adecuarla a la composición actual de las Cortes. El órgano de gobierno judicial se elige por mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado, lo que otorga al primer partido de la oposición poder de bloqueo.

En los últimos años, el PP ha rechazado que Podemos entre en el reparto de vocales; ha vetado a candidatos como el magistrado José Ricardo de Prada, que intervino en el caso Gürtel; y ahora, exige una reforma legal para que los vocales de extracción judicial sean elegidos por los propios jueces. Todo ello mantiene al Consejo paralizado, y más después de que una reforma legal impulsada en marzo por el Gobierno impide al órgano hacer nombramientos de la cúpula judicial.

El Tribunal Constitucional también está pendiente de renovación parcial. Desde hace año y medio, cuatro de los 12 magistrados tienen el mandato caducado. El PP impone su minoría de bloqueo en el Congreso —sin su voto no se alcanzan los tres quintos necesarios— para impedir la sustitución. En este caso, los equilibrios se mantendrían intactos: habría cinco magistrados elegidos a propuesta del PSOE y siete del PP. Pero esa situación cambiará en breve, cuando el Gobierno nombre a los dos magistrados que le corresponden y que sustituyen a los dos que en su día nombró el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Desde el 23 de julio, los doce consejeros del Tribunal de Cuentas también están pendientes de su renovación —seis por cada Cámara por mayoría de tres quintos—. En este órgano administrativo, el PP hace valer su mayoría de siete consejeros tras el relevo de 2012.