El PP fracasa en su intento de desacreditar al principal investigador del ‘caso Gürtel’

El PP ha recibido otro revés en su reiterado intento de desacreditar a Manuel Morocho, inspector jefe de la Policía y principal investigador del caso Gürtel. El juez Santiago Pedraz ha frenado recientemente las últimas pretensiones del partido en las pesquisas sobre la caja b que aún permanecen abiertas en la Audiencia Nacional. La formación de Pablo Casado había pedido escrutar al detalle uno de los informes del agente para “materializar” la “supresión” de aquellos fragmentos que no tuvieran relación con la causa, pero el magistrado lo ha rechazado. Esta decisión se produce después de que el partido ya arremetiese contra Morocho en un escrito anterior sobre el mismo asunto, en el que solicitaba incluso que se le apercibiese por “mala praxis” y por su “reprobable conducta”.

Desde hace años, los populares mantienen una intensa campaña contra el inspector jefe, que ha liderado durante más de una década el grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía encargado de las pesquisas sobre la red corrupta de Francisco Correa que anidó en el partido. Morocho firmó la mayoría de informes que han llevado al banquillo al PP y, recientemente, detalló también las presiones que recibió para tratar de frenar sus averiguaciones.

Entre los documentos que cuentan con la rúbrica del agente se encuentra uno fechado el pasado 20 de julio, que ha irritado sobremanera en la sede de Génova 13. Este informe evidencia los nexos entre Gürtel y Kitchen: concluye que la operación parapolicial de espionaje al extesorero Luis Bárcenas no solo tenía como “objetivo estratégico” arrebatarle papeles comprometedores que guardase de altos cargos del PP antes de que la UDEF o la Audiencia Nacional se hiciese con ellos en el marco del caso Gürtel, sino que asevera también que la trama se gestó dentro de la propia formación, del Ministerio del Interior y de la cúpula de la Policía.

Ante tales afirmaciones, el PP presentó un escrito donde pedía a Pedraz que eliminara ese análisis de Morocho de la instrucción de la caja b. Con un tono durísimo, el partido consideró que el policía se extralimitaba en sus funciones e incluía “valoraciones subjetivas” guiado por un “sesgo incriminatorio” que busca “desesperadamente elementos indiciarios” contra los populares. Sin embargo, ya en octubre, el juez descartó expulsar el informe de las pesquisas, “sin perjuicio” de que aquellas apreciaciones que nada tuvieran que ver “puedan tenerse por excluidas (sin necesidad de su expulsión)”.

Pese a ello, el PP consideró insuficiente la decisión. Los populares presentaron de inmediato un recurso para incidir en que el instructor debía explicar “cómo iba a materializar” esa medida o que, en su defecto, la “materializase” ya directamente con la “supresión” de los “subjetivos juicios de valor” de Morocho, lo que implica escrutar todo el informe para detallar dónde se habría extralimitado supuestamente el policía. Pero, de nuevo, Pedraz ha desestimado esas alegaciones con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.

Según consta en una resolución del pasado 18 de noviembre, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, no tiene ningún sentido adoptar esa iniciativa ahora. El juez instructor argumenta que ya lo considerará cuando dicte el auto de procesamiento o de sobreseimiento de la causa, que se encuentra pendiente de un último informe. Será el momento en el que “valorará todo lo actuado” en la investigación, según dice.

El informe final de Hacienda

Esta arremetida del PP contra Morocho se produce en la última línea de investigación del caso Gürtel que permanece abierta en la Audiencia Nacional, centrada en el delito de cohecho por las presuntas donaciones de empresarios a la caja b del partido a cambio de adjudicaciones. En esta parte, Morocho ya dio por acreditada la relación de los ingresos irregulares del partido con la concesión de obra pública y, de hecho, firmó otro informe este julio donde documentaba sobrecostes millonarios en gran parte de 23 contratos concedidos durante el segundo mandato de José María Aznar (2000-2004) a Constructora Hispánica, una de las empresas vinculadas a la trama de corrupción de Correa.

Pedraz, que cuenta con todos esos datos sobre la mesa —incluido el informe de Morocho sobre el nexo entre Kitchen y Gürtel—, dio por finalizado el tiempo de instrucción el pasado julio. Ahora, solo se encuentra a la espera de recibir el informe definitivo de la Intervención General del Estado (IGAE) sobre las presuntas irregularidades en esas obras, que resultará clave a la hora de acordar si envía a alguien al banquillo para ser juzgado.