Sánchez da por imposible que Poder Judicial se renueve esta legislatura

La falta de entendimiento entre los dos grandes partidos para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el mandato caducado hace tres años, amenaza con crear graves problemas de funcionamiento en la justicia española. De hecho, el veto legal a nombrar cargos judiciales que quedan vacantes ha ocasionado que una sala clave del Supremo, la Contencioso-administrativa, dicte 1.000 sentencias menos (el 25% del total en un año).

Pese a esta situación, el presidente Pedro Sánchez dio este jueves prácticamente por imposible en lo que resta de legislatura la renovación del Poder Judicial ante la actitud de bloqueo del PP, sin cuyos votos es imposible el cambio.

El Gobierno impulsó una reforma de la ley para evitar que un Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado pudiera hacer nombramientos en las vacantes de los distintos cargos de los tribunales. Con ese movimiento, el Ejecutivo pretendía forzar al PP para que desbloquease la situación. Algo que no ha ocurrido. Los efectos del veto legal a los nombramientos ya se notan, con medio centenar de vacantes en la cúpula judicial que no se han podido cubrir.

Sánchez se resignó a esta situación: “No diría que [el acuerdo con el PP] es imposible, pero con esta oposición es altamente improbable”. La negativa del PP, insistió, hace inviable renovar el órgano de gobierno de los jueces desde 2018, cuando se cumplieron cinco años de la elección de sus 20 componentes. La realidad política de entonces era otra: Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta, y el PP hizo prevalecer esa ventaja ante una renovación que votó el PSOE sin problemas. Con el PP en la oposición ya se cumplen tres años de bloqueo.

“Creo que el deber institucional está por encima de cualquier otra cuestión. Hay que cumplir con la Constitución cuando se está en el Gobierno y cuando no”, dijo el presidente.

Sánchez puso como ejemplo el apoyo de la patronal, un sector tradicionalmente más próximo a la derecha, a la reforma laboral. “Los sindicatos y empresarios han dado un formidable ejemplo de empatía y de responsabilidad. La política tiene que tomar buena nota de los agentes sociales que anteponen sus intereses generales a los particulares”, aseveró.

El requisito que Pablo Casado pone para permitir la renovación del Poder Judicial es un cambio de modelo para que sean los jueces, y no el Parlamento, quienes elijan directamente —ahora solo intervienen en una selección previa— a 12 de los 20 integrantes del órgano. El PSOE y Unidas Podemos discrepan y recuerdan que las organizaciones judiciales ya son tenidas en cuenta al seleccionar a una serie de candidatos a vocales. Y que son las Cortes, cumpliendo la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas, las que votan a los aspirantes que reúnen el mayor consenso. Los ocho miembros restantes del CGPJ son elegidos directamente entre juristas de reconocido prestigio. Casado replicó a Sánchez que el PP “no puede salir de su exigencia” de cambiar la ley para que los jueces elijan a los jueces y agregó que su partido “ha cumplido con su palabra”. “Sánchez no va a tener más remedio que cumplir con su palabra y hacer caso a lo que piden los jueces y la UE, sobre todo en un momento en que Hungría y Polonia están teniendo restricciones de la recepción de fondos europeos por incumplir con el Estado de derecho”, pronosticó mientras aseguraba que, a diferencia del presidente, el sí creía que se va a “desbloquear la negociación”.

Mientras el tiempo transcurre sin que los partidos se pongan de acuerdo, la parálisis del sistema judicial corre el riesgo de hacerse sistémica. Y nadie parece dispuesto a dar su brazo a torcer. La falta de renovación del CGPJ puede producir, según las alertas del sector, el colapso en el funcionamiento de algunos tribunales por la imposibilidad de cubrir las vacantes de altos cargos judiciales. Son ya 51 las plazas vacantes en la jurisdicción ordinaria (más seis en la militar), de los alrededor de 200 cargos de designación discrecional que existen y que corresponden a magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales y presidentes de sala de la Audiencia Nacional y de los tribunales autonómicos. En un informe difundido el pasado octubre, el Consejo advertía de que, de prorrogarse, la situación será “insostenible”.

El órgano más afectado es el Supremo, el de más alto rango dentro del Poder Judicial, donde cada vacante que se produce (por jubilación, fallecimiento o la marcha voluntaria de un magistrado) deja un hueco que no se puede cubrir mientras el Consejo no se renueve. De las 79 plazas que hay en el tribunal, 12 están ahora vacías. Una cifra que se elevará a 16 (el 20,25% de la plantilla) si el veto a los nombramientos se mantiene en octubre de 2022. Todas sus salas menos la Penal se ven ya afectadas por las bajas, aunque hasta ahora han ido cubriendo los huecos repartiendo el trabajo entre el resto de magistrados. Pero a partir de los próximos meses la situación puede dificultar seriamente el funcionamiento de algunas salas, como la de lo Contencioso, de la que dependen los recursos contra todas las decisiones del Gobierno —por ejemplo, los indultos del procés— o la que tiene la última palabra en las peticiones de los Ejecutivos autonómicos sobre restricciones de derechos fundamentales para combatir la covid.

El Gobierno, según las fuentes consultadas por EL PAÍS, no contempla de ninguna manera derogar la ley que impulsó hace nueve meses en la que se prohíbe al CGPJ hacer nombramientos en unas circunstancias como las actuales, con sus componentes en una situación de interinidad. Pero eso no significa que vaya a seguir así. El Tribunal Constitucional admitió a trámite en septiembre los recursos presentados por el PP y Vox contra la reforma que ha limitado las atribuciones del órgano de gobierno de los jueces.

El PSOE y el PP sí llegaron en octubre a un acuerdo para renovar varias instituciones. Los negociadores pactaron actualizar los cargos pendientes en el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos. El acercamiento hizo que socialistas y populares hasta se abriesen a pactar el Poder Judicial. “Todo es posible con voluntad y con intención de acordar y de ceder”, llegó a decir el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Pero desde entonces la relación entre los dos grandes partidos se ha agriado de nuevo, con Casado retomando un discurso durísimo que en ocasiones no se distingue del que emplea Vox. El contexto político, con dos elecciones en 2022, tampoco ayuda a conciliar las posiciones.