Sánchez considera “altamente improbable” la reforma del Poder Judicial en lo que resta de legislatura

Pedro Sánchez da prácticamente por imposible la renovación del Consejo General del Poder Judicial en los dos años que restan de legislatura. La oposición del PP hace inviable los cambios pendientes hace ya tres años en el órgano de gobierno de los jueces. “No diría que es imposible, pero con esta oposición es altamente improbable”, ha afirmado el presidente del Gobierno en su balance anual en La Moncloa. “Creo que el deber institucional está por encima de cualquier otra cuestión. Hay que cumplir con la Constitución cuando se está en el Gobierno y cuando no”, ha criticado refiriéndose al bloqueo del PP. Sánchez incluso ha puesto como ejemplo a los agentes sociales, en concreto a la patronal de forma implícita, como un ejemplo que Pablo Casado debería seguir y levantar el veto en el Poder Judicial: “Los sindicatos y empresarios han dado un formidable ejemplo, de empatía y de responsabilidad dando respuesta a las demandas e incertidumbres de este tiempo. Nos debe hacer reflexionar. Y hacer del debate político un foro de encuentro. La política tiene que tomar buena nota de los agentes sociales que anteponen sus intereses generales a los particulares”.

El Gobierno y el PP llegaron en octubre a un acuerdo para renovar varias instituciones pendientes. Los negociadores pactaron actualizar los cargos pendientes en el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos. El acercamiento hizo que socialistas y populares hasta se abriesen a pactar el Poder Judicial. “Todo es posible con voluntad y con intención de acordar y de ceder”, llegó a decir el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Pero desde entonces la relación entre los dos grandes partidos se ha agriado de nuevo, con Casado retomando un discurso durísimo que en ocasiones no se distingue del que emplea Vox. “La discrepancia se debe basar en respeto al adversario y a la buena educación”, ha deslizado Sánchez al expresar este jueves su malestar.

El presidente sí ha destacado en cambio la mejora de la situación política y social en Cataluña tras los indultos del pasado junio a los dirigentes del procés que habían sido condenados y se encontraban en prisión. “Si miramos cómo estaba hace cuatro años [en octubre de 2017 se celebró un referéndum ilegal de autodeterminación y se declaró la independencia] a cómo está ahora es evidente que vive en una normalidad mayor”, ha comparado. El presidente del Gobierno ha insistido en que apuesta por el diálogo para proseguir rebajando la tensión y restaurando la normalidad en la crisis territorial, pero no comparte las prisas del president catalán, Pere Aragonès, para celebrar una nueva reunión de la mesa de diálogo en enero. Sería la tercera tras la inaugural, en febrero de 2020, y la de septiembre en Barcelona. “Ahora la prioridad de la ciudadanía en Cataluña y el país es la de superar la pandemia, proteger a los ciudadanos ante la variante ómicron, consolidar la recuperación económica y gestionar los fondos europeos. Es lógico que las prioridades sean otras”, ha observado. “La mesa se va a reunir seguro, pero es de sentido común que dejemos unas semanas para trabajar en lo que importa a la ciudadanía”, ha zanjado.

“Discrepamos en la tangibilidad de los resultados de la mesa, pero el Gobierno no renuncia al diálogo ni a que se avance en la mesa de diálogo”, ha concluido en alusión a las exigencias de Aragonès de que haya avances concretos en 2022. La alternativa que maneja ERC sería “construir alternativas”, es decir, un referéndum de autodeterminación. Un extremo que, tras abandonar la vía unilateral, Esquerra defiende que sea acordado con el Gobierno. “Todos queremos resultados tangibles, nosotros defendemos superar el procès, que deje de haber dos bloques de la sociedad catalana separados”, ha insistido Sánchez. El Gobierno también ha decidido retrasar a febrero la Conferencia de Presidentes que tenía prevista para mediados de enero en la isla de La Palma. Será la primera cumbre presencial tras la de julio en Salamanca.

A diferencia del año, la Monarquía no ha acaparado la atención del balance anual del presidente del Gobierno. Sánchez abrió paso entonces a modernizar la institución con una ley de la Corona tras los escándalos protagonizados por el rey emérito. El presidente no ha dado en esta ocasión ninguna pista de la situación en que se encuentra aquella “hoja de ruta de renovación” de la Corona –según dijo entonces- que se iba a emprender “paso a paso” para que la institución fuese más transparente y ejemplar. “Cuando tengan noticias, será porque así se produce”, ha zanjado.

El presidente se ha ceñido a respaldar la labor de Felipe VI. “Absoluto reconocimiento a la labor que está haciendo el jefe del Estado y el compromiso personal, de mi partido y de mi Gobierno por las instituciones constitucionales”. Sánchez ha insistido en el “ejercicio de transparencia y ejemplaridad” que el hijo de Juan Carlos I “ha venido desempeñando desde que ostenta la jefatura del Estado. En eso me mantengo y eso reafirmo”.