El consejo de administración de RTVE aprueba un ‘contrainforme’ frente al que acusó de “sesgo” a ‘Mañaneros 360’ y ‘Malas lenguas’

El presidente de RTVE, José Pablo López, puso en el punto de mira al consejo de informativos de la televisión pública durante su última comparecencia ante la comisión de control parlamentario. En la sesión celebrada días atrás, López insistió en su “respeto a la labor” que ejerce el órgano de control interno, conformado por 13 vocales elegidos cada dos años por los trabajadores adscritos a las unidades informativas y centros territoriales. “Es una piedra fundamental dentro de la arquitectura de un medio público”, según proclamó. Pero a continuación, el máximo responsable de RTVE acusó al consejo de informativos de “mala praxis” por el polémico informe de más de 140 páginas que a mediados de enero localizó “sesgo” en dos estandartes del auge en las audiencias: Mañaneros 360 y Malas lenguas. Durante su comparecencia en el Congreso de los diputados, López también avanzó que aquel durísimo análisis sobre ambos programas de coproducción externa que abordan la actualidad iba a contar con una réplica oficial. Y esa —también contundente— respuesta es un contrainforme, elaborado por la dirección de TVE y llevado por el presidente este martes al consejo de administración para su aprobación en una iniciativa que ahonda en el enfrentamiento y pide una rectificación de sus conclusiones.

El documento de 19 páginas, aprobado por 11 consejeros con el voto en contra de los otro cuatro integrantes del órgano de gobierno de RTVE que fueron propuestos por el Partido Popular, lleva por título Hechos verificables que refutan el informe del Consejo de Informativos de TVE sobre ‘Mañaneros 360′ y ‘Malas lenguas’. Ha sido enviado por correo electrónico a todos los trabajadores de RTVE, con un mensaje en el que se indica que “el consejo de administración de RTVE, como órgano jerárquico del cual depende jerárquicamente el CDI [consejo de informativos] de TVE, insta a dicho consejo a rectificar las acusaciones realizadas contra dichos programas en los términos previstos en el informe realizado por TVE”.

A modo de introducción, el contrainforme indica que la corporación “considera necesario formular una respuesta al informe emitido por el consejo de informativos”. Y lo hace “atendiendo a la relevancia pública alcanzada por dicho documento y a sus efectos sobre la imagen, el prestigio y el normal funcionamiento del servicio público audiovisual”. El controvertido informe impactó de lleno en los directivos de la televisión pública nada más conocerse, pero el pronunciamiento oficial al respecto ha llegado un mes después bajo esta justificación: “RTVE entiende que la respuesta institucional resulta imprescindible para corregir y contextualizar el contenido del informe en aquellos extremos en los que se aprecian carencias relevantes, conclusiones no suficientemente sustentadas y, en determinados pasajes, afirmaciones inexactas o directamente falsas”.

Ocho son los considerados como “hechos verificables” objeto de refutación en el contrainforme aprobado por el consejo de administración. Sobre el muestreo de emisiones analizadas de los dos programas en tela de juicio, este nuevo documento observa que las conclusiones “incurren en una generalización temeraria, metodológicamente indefendible y jurídicamente arriesgada”. Y ello, entre otras razones, por haber escrutado “13 programas sobre un total emitido de más de 400, es decir, apenas un 3% del universo”. Por tal razón, el texto concluye este señalamiento al órgano de control interno: “Un informe construido sobre una muestra mínima y sin garantías metodológicas ni criterios verificables no solo debilita sus propias conclusiones, también compromete la credibilidad del consejo de informativos de TVE como órgano de garantía”.

“Sospecha de estar contribuyendo a la comisión de un delito”

El segundo de los hechos presentados constituye lo que el presidente de la corporación ya consideró como “más grave” durante la citada comparecencia parlamentaria a finales de enero: una afirmación del consejo de informativos, según la cual “es impropio que RTVE sirva de altavoz a mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad”. En la misma línea, el contrainforme considera que dicha observación combina “tres elementos que la convierten en una imputación institucional de máxima gravedad: la naturaleza de lo que se está acusando, la ausencia total de prueba que lo sostenga y la autoridad de quien lo afirma”. De esta forma, “se está imputando a TVE algo que, de ser cierto, podría encajar en el terreno penal asociado a la promoción, fomento o difusión del odio”. Y el texto añade: “No es una crítica profesional, es una acusación que coloca a un medio público bajo la sospecha de estar contribuyendo a la comisión de un delito”. Líneas más adelante, se pide al consejo de informativos que si sostiene esa afirmación “está obligado a respaldarla con hechos comprobables”. Y “si no puede hacerlo, no cabe ambigüedad ni insinuación y debe rectificar de manera inmediata, clara y proporcional”.

El resto de “hechos” analizados en el contrainforme se centran en otros asuntos como la apreciación del consejo de informativos de lo que considera como una falta de constatación sobre “quiénes son los verdaderos responsables editoriales” de esos programas. La cúpula de RTVE contrapone que “en el mismo informe consta una respuesta escrita de la Directora de Magazines de TVE en la que se identifica expresamente el marco de responsabilidad editorial”. También se hace referencia a la defensa del órgano de control interno respecto a que “cuando se producen hechos informativos de especial trascendencia la cobertura debe recaer en los servicios informativos de TVE”. La réplica argumenta que “la regla debería aplicarse siempre”, pero “la cuestión es si ese mismo criterio se aplica de manera uniforme cuando el especial no es político”. Y se añade: “¿Por qué el consejo de informativos de TVE no ha denunciado cuando el programa de la productora Aquí la tierra ha elaborado especiales sobre los temporales de febrero?”.

En cuanto a la afirmación de que “estos programas y sus prácticas hacen que la credibilidad de RTVE se vea alterada y algunas fuentes y expertos no quieran colaborar” con los servicios informativos, la corporación esgrime que faltan “evidencias verificables” al respecto. Otros contraargumentos versan sobre el uso de Verifica —“quién es el consejo de informativos para dar a entender que un programa de la casa usa una unidad corporativa como si actuara al margen de RTVE”—; una acusación de pluralidad mermada en “los especialistas con los que se conecta”, rebatida mediante la falta de “un análisis metodológico sólido sobre voces, tiempos, contrapuntos y verificación”; y un señalamiento sobre el humor, que según el órgano de control interno en Malas lenguas “no se utiliza para satirizar a todo el espectro político sino a una parte”.

“Temeridad institucional”

En base a estos argumentos, la dirección de RTVE considera que el consejo de informativos de la televisión pública ha actuado desde la “temeridad institucional” y “debe rectificar su informe referido a los programas Mañaneros 360 y Malas lenguas”. El presidente de la corporación indicó en sede parlamentaria que “de los nueve colaboradores citados por el Consejo para sustentar su análisis, cinco jamás han aparecido en estos programas, y un sexto no pertenece al medio que se le atribuye”. Dicho desglose aparecía en una tabla del controvertido informe que fue eliminada en una nueva versión que el consejo de informativos envió semanas atrás a los trabajadores de la televisión pública. Además, añadieron el vocablo “adecuadamente” a la afirmación de que ciertas informaciones, “como por ejemplo acusar a un responsable de la UCO de querer atentar contra el presidente del Gobierno”, no se habían rectificado.

Fuentes del consejo de informativos aseguran haber recibido el correo electrónico con el contrainforme al mismo tiempo que el resto de la plantilla y van a examinar el texto. La comunicación interna enviada a los trabajadores señala que el órgano de gobierno de RTVE “analizará en su próxima sesión de marzo la respuesta que, en su caso, reciba del CDI de TVE y adoptará las medidas que considere pertinentes”.