Villarejo trata de frenar de nuevo su primer gran juicio en la Audiencia Nacional

La primera gran vista oral contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo avanza a trompicones. El abogado defensor del antiguo policía, Antonio García Cabrera, presentó en la mañana de este lunes un escrito de recusación contra los magistrados que lo enjuician en la Audiencia Nacional, que decidieron suspender la sesión por unas horas a la espera de que el resto de partes se leyeran el documento para poder manifestarse sobre el mismo. Reanudado el juicio pasadas las 16.00 horas y tras escuchar a todos los personados, la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, anunció que se rechaza la iniciativa de Villarejo “por temeridad, mala fe y abuso del derecho”.

El juicio comenzó a mediados de octubre, pero hasta ahora no se había logrado pasar de la fase de cuestiones previas. El tribunal tenía previsto empezar este lunes finalmente con la declaración de los primeros acusados. Unos interrogatorios que se han iniciado cerca de las 17.00 horas, una vez resuelta la petición de recusación.

La defensa ha intentado así volver a frenar el triple juicio. Nada más comenzar la sesión de este lunes, el abogado de Villarejo ha informado de que ha presentado un escrito para recusar a los magistrados por “pérdida de imparcialidad”. Según argumenta el letrado, que ha mantenido un tenso enfrentamiento dialéctico con la presidenta del tribunal, los jueces se “han formado ya una previa convicción condenatoria” sobre su cliente. Para tratar de sostener su tesis, García Cabrera ha recordado varias “manifestaciones” vertidas por la presidenta del tribunal durante la fase de cuestiones previas: “En la primera sesión, le dijo usted [al comisario]: ‘Cállese, no se mueva de ahí”; “[también le dijo] a este letrado: ‘si no le importa, me escucha usted y podrá tomar la palabra si se la doy’ o ‘le voy a negar seguir hablando”.

García Cabrera ha incidido en que estas expresiones evidencian una “predisposición” contra Villarejo que después ha quedado “manifestada” en una resolución del tribunal del pasado jueves, cuando emitió un auto donde se denegó la inmensa mayoría de cuestiones previas planteadas por el antiguo policía. En ese escrito, los magistrados frenaron la estrategia del comisario de poner bajo sospecha a todos los poderes del Estado y rechazaron que declararan una larga lista de testigos que incluía a presidentes del Gobierno, ministros, fiscales y magistrados.

El pasado 13 de octubre, antes de comenzar la fase de cuestiones previas, la defensa también trató de frenar sin éxito el arranque de la vista oral. El letrado argumentó entonces que no habían podido acceder a todas las resoluciones judiciales emitidas por el tribunal y que, además, se había añadido a la causa un informe policial sobre las agendas del comisario que se elaboró después de que esta parte de las pesquisas se enviara a juicio. Según dijo García Cabrera, esta situación generaba una indefensión a su cliente, pero los magistrados lo rechazaron. El abogado también ha cuestionado la competencia de la Audiencia Nacional y planteó que este caso se mandara a la Audiencia Provincial de Madrid para su enjuiciamiento allí.

Datos fiscales y bancarios

Desde el pasado octubre, la Audiencia Nacional acoge este triple juicio a la trama liderada por Villarejo. La Sala decidió juntar en esta vista tres líneas de investigación que se instruyeron por separado: las piezas Iron, Land y Pintor. La primera versa sobre la contratación del comisario por parte del bufete Herrero & Asociados para espiar supuestamente a otro despacho de abogados. Land se centra en la guerra familiar de los herederos de Luis García-Cereceda, el promotor que levantó la urbanización de lujo La Finca en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Y Pintor investiga si Juan Muñoz, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, fichó a Villarejo para obtener ilegalmente datos de un exsocio, al que reclamaba una deuda.

La fase de interrogatorios ha comenzado este lunes con la declaración de Mario Carpintero y Álvaro Martínez, directivos de Herreros & Asociados. Estos procesados, que han llegado a un acuerdo con la Fiscalía, han admitido que participaron en la contratación de Cenyt después de que “se produjese una salida escalonada de personal del [bufete] para montar otro despacho de la competencia”, Balder. La idea era acumular datos comprometedores para contraatacar. Y para ello, según han dicho, la trama les suministró “datos bancarios y fiscales” de las víctimas. La Fiscalía afirma que la información “reservada” se conseguía a través del acceso a bases de datos confidenciales.

Los dos acusados han admitido que Villarejo también les ofreció “tráfico de llamadas” de los espiados. Según ha incidido entonces Mario Carpintero, se “intuía” que la trama “pagaba a otros funcionarios” para obtener todos esos datos. Tras la declaración de estos dos directivos, ha llegado el turno de una tercera (Ángeles Moreno), que ha negado su implicación en la contratación irregular.