El tribunal frena el intento de Villarejo de hacer desfilar por su juicio a los poderes del Estado

La Audiencia Nacional frena en seco el intento del comisario José Manuel Villarejo de poner bajo sospecha a todos los poderes del Estado en la vista oral que se celebra contra él desde el pasado octubre. El tribunal ha rechazado citar a la inmensa mayoría de testigos propuestos por la defensa del antiguo policía, que quería interrogar a presidentes del Gobierno, ministros, secretarios de Estado, fiscales y magistrados. “No guardan relación, ni directa ni indirecta, con los acontecimientos específicos objeto de lo que ahora enjuiciamos”, incide la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en una resolución fechada este jueves, donde resuelve las cuestiones previas planteadas por las defensas y acusaciones.

Con esta decisión, el tribunal inflige otro golpe a la estrategia de Villarejo, que ya trató de frenar sin éxito el arranque del juicio. El comisario jubilado ha presentado la investigación que lo sienta en el banquillo como una “causa viciada y preparada”, urdida por el CNI para tratar de “aniquilarlo”. Y, además, ha insistido en que nunca pudo cometer delitos con sus negocios privados porque estos formaban parte de la tapadera que tenía como agente encubierto. Una tesis que rebate la Fiscalía, que considera que trata de enfangar la vista oral con “ruido” ajeno a la misma. De hecho, el ministerio público ha incidido en que este proceso se centra exclusivamente en el “entramado empresarial” que creó para lucrarse, “aprovechando su condición” de policía.

Entre los nombres que Villarejo puso sobre la mesa figuraban el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y dos de sus antecesores, Mariano Rajoy y Felipe González. También, el actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; los exministros Jorge Fernández Díaz, María Dolores de Cospedal y José Luis Corcuera; los exsecretarios de Estado Rafael Vera y José Antonio Nieto; la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; magistrados de la Audiencia Nacional como Fernando Andreu y Alejandro Abascal; el primer juez instructor del caso Villarejo, Diego de Egea; y los fiscales Eduardo Torres-Dulce, Javier Zaragoza y Manuel Moix. El tribunal rechaza citarlos como testigos.

Los magistrados también vuelven a descartar la declaración de la presentadora Ana Rosa Quintana, planteada por el comisario jubilado y apoyada por la Fiscalía —Podemos, personado como acusación popular, ya lo propuso antes de la vista, pero la Sala lo rechazó—. El marido de Quintana, el empresario Juan Muñoz Tamara, está acusado en el juicio por contratar al policía y ella se encontraba presente en alguna reunión donde se habló del tema.

De los nuevos testigos propuestos en las cuestiones previas, los jueces apenas aceptan que comparezcan un agente del CNI, D. V. R.; y una serie de exmandos policiales, como José Luis Olivera, exdirector del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado) e imputado en el caso Kitchen; Manuel Sánchez Corbí, ex jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil; y tres ex directores adjuntos del cuerpo, Agustín Linares, Pedro Díaz-Pintado y Florentino Villabona. También se acuerda, entre otros, la declaración de Jaime Ostos, perjudicado en uno de los encargos de espionaje.

La competencia

La resolución de la Sala se erige como una cadena de varapalos a la defensa del comisario. Los magistrados rechazan otro de los argumentos esgrimidos por Villarejo para tratar de frenar el juicio: la falta de competencia de la Audiencia Nacional. El tribunal descarta enviar esta vista oral a los juzgados ordinarios y acuerda quedársela por su vinculación con la línea de investigación principal de la causa, donde se cerca la existencia de una presunta organización criminal encabezada por el comisario. Este delito entra dentro de las materias sobre las que tiene jurisdicción: “Los hechos objeto de acusación [en Iron, Pintor y Land], por sí solos considerados, no sería suficiente para mantener la competencia de este órgano”, admite la Sección Cuarta: “[Pero], en la medida en que existen datos que apuntan a la existencia de una ligazón común entre algunos acusados y una presunta actividad ilícita cometida fuera de nuestras fronteras, puede sostenerse la competencia de esta sede”.

Desde el pasado octubre, la Audiencia Nacional acoge este triple juicio a la trama liderada por Villarejo. La Sala decidió juntar en esta vista tres líneas de investigación que se instruyeron por separado: las Piezas Iron, Land y Pintor. La primera versa sobre la contratación del comisario por parte del bufete Herrero & Asociados para espiar supuestamente a otro despacho de abogados. Land se centra en la guerra familiar de los herederos de Luis García-Cereceda, el promotor que levantó la urbanización de lujo La Finca en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Y Pintor investiga si Juan Muñoz fichó a Villarejo para obtener ilegalmente datos de un exsocio, al que reclamaba una deuda.

Según consta en la resolución de este jueves, el tribunal también rechaza expulsar del juicio a Podemos, al que atribuye un “cierto interés legítimo” y un “papel activo” como acusación. A su vez, los magistrados descartan que se vulnerase el derecho de defensa de Villarejo al no devolverle las agendas que se le intervinieron en los registros, una de las pruebas clave del caso: “El hecho de que las agendas se encuentren a disposición del Juzgado, no impide que el autor de las notas extraiga las anotaciones que estime oportunas para su defensa en relación al presente juicio”. El comisario puede acudir a la Audiencia Nacional para consultarlas y tomar nota de lo que considere oportuno.