El juez procesa al marido de Ana Rosa Quintana en el ‘caso Villarejo’

El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ha dado un nuevo paso al frente en la instrucción de esta macrotrama de corrupción que implica a policías, empresarios y políticos. El magistrado de la Audiencia Nacional ha dado por finalizada una tercera línea de investigación y, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha procesado a 14 personas por esta parte de las pesquisas conocida como Pieza Thew-Pintor. Entre los señalados se encuentran el comisario jubilado José Manuel Villarejo y varios de sus colaboradores, pero también el conocido empresario Juan Muñoz Tamara, marido de la popular presentadora de televisión Ana Rosa Quintana.

El magistrado, en un auto dictado este viernes, explica que Juan Muñoz y su hermano Fernando mantenían una larga pelea con un exsocio, M. M. N. Este se había declarado insolvente después de que la Agencia Tributaria les reclamase un millón y medio de euros, por lo que toda la actuación de Hacienda se había dirigido exclusivamente contra Fernando Muñoz, que acusaba a su adversario de haber ocultado parte de su patrimonio para eludir hacerse cargo de la deuda. Los empresarios recurrieron primero a la vía legal para tratar de recuperar lo que, según ellos, era su dinero. Pero fracasaron. Así que, entonces, el esposo de Quintana propuso contratar los servicios de Villarejo, que posteriormente también se ofrecería a la presentadora.

El objetivo, según especifica García-Castellón, era conseguir información comprometedora de M. M. N. y su abogado para “presionarlos” y lograr así cerrar un acuerdo ventajoso para los Muñoz Tamara. Para ello, contaron también con la colaboración de sus letrados, quienes “recibirían el material sensible [obtenido por la trama] (fundamentalmente dos vídeos con prostitutas y cocaína, entre otros) para mostrárselo a su colega y conseguir de esa forma el pacto que se buscaba”. El encargo se cerró en 2017.

Según los investigadores, los hermanos pagaron 20.000 euros a la organización del comisario jubilado. “Precio que se abonó en efectivo y sin dejar ningún rastro documental”, especifica el juez, que relata que solo ha quedado acreditado que Villarejo cobró en esta ocasión el dinero que le iba a costar subcontratar a otros detectives para espiar a las víctimas. Eso sí, advirtió a sus clientes que “la tarifa” subiría en el futuro. El antiguo Policía Nacional vendía esta operación por 150.000 o 200.000 euros. “Menos no se cobra por esos curros, porque si te pillan te comes cuatro años por revelación de secretos”, afirmaba en una conversación grabada e incorporada a la causa.

Los implicados siguieron a las víctimas, las grabaron con cámaras ocultas y recabaron información de “bases de datos policiales de carácter restringido”. “La actividad contratada iba mucho más allá de un mero contrato de prestación de servicios de detectives”, detalla el magistrado, que atribuye a los 14 procesados los delitos de extorsión y revelación de secretos. Además de Villarejo y los Muñoz Tamara, la causa también sigue adelante contra el hijo del comisario jubilado (José Manuel Villarejo Gil) y varios de sus colaboradores (Rafael Redondo, Antonio Bonilla y Javier Fernández); contra el grupo de detectives subcontratados (Núria Morales, Gervasio Cañabate, Elisa Gabán, Juan Manuel Léon y José Manuel González); y contra los dos abogados de los empresarios (José Luis García y Ricardo Álvarez-Ossorio).