La Fiscalía pide procesar a los implicados en el encargo del marido de Ana Rosa Quintana a Villarejo
Anticorrupción da por finalizada la investigación que señala al ampresario Juan Muñoz Tamara
La estrategia de la Fiscalía Anticorrupción de acelarar la instrucción del caso Villarejo ha dejado este lunes un nuevo ejemplo. El ministerio público ha dado por concluida otra de las líneas de investigación abiertas y ha solicitado al magistrado Manuel García-Castellón que procese a los 14 implicados en la denominada pieza Thew-Pintor, que versa sobre la contratación del comisario jubilado por parte del empresario Juan Muñoz Tamara, marido de la popular presentadora de televisión Ana Rosa Quintana, para espiar a un adversario y a su abogado.
Según un comunicado difundido este lunes, Anticorrupción ya da por finalizada esta parte de la conocida como Operación Tándem y se prepara para presentar el escrito de acusación contra los 14 imputados por los delitos de extorsión y descubrimiento y revelación de secretos. Según consta en el sumario, Juan Muñoz Tamara y su hermano Fernando encargaron a José Manuel Villarejo que espiara a M. M. N. —al que “le reclamaban una cantidad importante de dinero”— y a su letrado para contar con armas que les permitiera “coaccionarles” y lograr así “un acuerdo ventajoso” sobre esta deuda. Los implicados los siguieron, grabaron con cámaras ocultas y recabaron información de “bases de datos policiales de carácter restringido”.
“Toda esta capacidad operativa, tanto de medios personales como materiales de la mayor variedad y al más alto nivel tecnológico, venía siendo ofrecida por Villarejo a sus clientes”, recalcó García-Castellón en un auto. El comisario jubilado se encuentra en prisión provisional desde noviembre de 2017, señalado como el epicentro de esta macrotrama de corrupción que salpica a empresarios del Ibex 35, altos mandos de la Policía Nacional y a políticos.
La Fiscalía ya dio por por finalizadas el pasado mayo las dos primeras piezas de esta causa: el encargo a Villarejo por parte de un bufete de abogados para investigar a un despacho rival; y la contratación del antiguo agente por parte de varios de los promotores de la urbanización de lujo La Finca. El magistrado instructor de la Audiencia Nacional aceptó en ambos casos las pretensiones de Anticorrupción y aceptó el procesamiento de los imputados en ambas líneas de las pesquisas.
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