La Fiscalía Anticorrupción da un acelerón para llevar a juicio a Villarejo

Los investigadores pisan el acelerador y abren un nuevo escenario en el caso Villarejo. La Fiscalía Anticorrupción ha informado este martes de que ya ha solicitado a Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional, el cierre de la instrucción de dos de las líneas de investigación abiertas en esta macrotrama de corrupción, que salpica a policías, empresarios y políticos. Según ha detallado en un comunicado, el Ministerio Público da por concluidas las piezas separadas del caso conocidas como Iron y Land, y le pide también al juez que procese a los principales implicados en esta parte de la causa. Entre ellos, al comisario jubilado José Manuel Villarejo, encarcelado desde noviembre de 2017.

Esta decisión supone un paso importante. No solo son las dos primeras piezas que se dan por concluidas en “esta causa de extraordinaria complejidad”, como ha subrayado Anticorrupción. Sino que además, de aceptarse la solicitud de la Fiscalía, el magistrado dejaría al principal sospechoso de la trama más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados. Y, por tanto, se abriría la puerta a una posible condena. Un factor relevante, puesto que la investigación no deja de crecer —se han abierto más de una veintena de piezas distintas y su instrucción se alargará durante mucho tiempo— y Villarejo lleva ya dos años y medio en la cárcel sin una sentencia en contra. De esta forma, de resultar condenado finalmente en firme, el problema de mantenerlo en prisión provisional pierde intensidad.

“[La estrategia] de la formación de piezas separadas, impulsada por el ministerio fiscal desde el inicio de la instrucción y acordada por el instructor, va a permitir el pronto enjuiciamiento por muy diversos delitos de los principales miembros de la presunta organización criminal”, ha subrayado Anticorrupción en su comunicado, donde avanza que, una vez que García-Castellón acepte su petición de procesarles, presentará “de manera inmediata” su escrito de acusación contra los implicados en Iron y Land.

Dos trama secundarias

Iron y Land son dos tramas secundarias del enorme sumario del caso Villarejo, conocido también como Operación Tándem. En la primera, según el juez, el comisario jubilado y su socio (Rafael Redondo) ofertaron sus servicios a los responsables del despacho de abogados Herrero & Asociados para solventar una “situación de crisis”. Tras contratarlos, los sospechosos obtuvieron ilegalmente “informaciones y datos de carácter reservado —tráfico de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria...—” de uno de sus competidores, el bufete Balder IP.

“Muestra del carácter opaco de los servicios es la forma en que se instrumentalizaron los pagos. En el curso del registro de las oficinas de Herrero, no se encontraron en los archivadores correspondientes a 2013 y 2014 ninguna de las facturas emitidas”, apuntó García-Castellón en un auto, donde añadió que “se disfrazó la realidad”. La Fiscalía tiene la intención de acusar en Iron, que ha salpicado a los miembros del bufete, a 14 personas físicas y una jurídica por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil.

En Land, por su parte, Anticorrupción prevé cargar contra siete investigados y tres compañías por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil. En este caso, se ha investigado la participación de Villarejo en la guerra familiar de los Cereceda, impulsores de la urbanización de lujo La Finca. Según el magistrado, Francisco Peñalver y Susana García Cereceda —promotores del complejo residencial— contrataron al comisario jubilado para recabar información sobre la situación en la que había quedado la compañía promotora Procisa a la muerte de su presidente “a fin de reclamar la herencia”. Estos facilitaron entonces información privada sobre Yolanda García Cereceda, hermana de Susana, y otras personas de su entorno.

Como línea principal de la Operación Tándem, la Audiencia Nacional sospecha que el comisario jubilado utilizaba su condición de agente de la Policía Nacional para acceder a datos confidenciales y venderlos a cambio de cantidades millonarias. Presuntamente, utilizaba para ello toda una red de empresas que había diseñado y a través de las cuales cobraba sus servicios, que incluían también el supuesto pago a otros funcionarios para obtener esa información. De hecho, el juez ha definido a todo el entramado como una “estructura paraestatal” que “instrumentalizó de forma sistemática los recursos públicos en beneficio propio y de sus clientes”.