Otro imputado del ‘caso Villarejo’ trata de apartar al juez que investiga la trama

Nueva ofensiva contra el magistrado Manuel García-Castellón, que investiga la macrotrama de corrupción policial, política y empresarial bautizada como caso Villarejo. Uno de los imputados, Antonio Asenjo, ex jefe de seguridad de Iberdrola, ha impulsado esta semana una batería de acciones legales para tratar de apartar al juez. Según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, su abogado ha abierto tres frentes: ha presentado una querella en el Tribunal Supremo por varios supuestos delitos de prevaricación; ha tramitado un recurso de amparo en el Constitucional por la presunta violación de sus derechos fundamentales; y ha registrado una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial para que tomen medidas disciplinarias contra el instructor. El principal señalado en el caso, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, ya trató también de expulsar al juez de la investigación, pero la Audiencia Nacional tumbó todas sus pretensiones.

Asenjo, imputado por cohecho y revelación de secretos, se encuentra en el punto de mira desde otoño del pasado año, cuando el juez abrió una nueva pieza separada en el caso Villarejo, que aún permanece secreta, para investigar los encargos de la compañía eléctrica al comisario jubilado. En un primer momento, el antiguo jefe de Seguridad de Iberdrola se mostró dispuesto a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción y declaró en varias ocasiones durante varias horas e incluso aportó documentación. Pero esta actitud cambió drásticamente en febrero de este 2020, cuando comenzó a dar evasivas a los investigadores y a negarse a responder a sus cuestiones.

La cooperación había acabado. A partir de entonces, el abogado de Asenjo, Manuel Santaella, ha pasado al ataque. Primero pidió anular las declaraciones de su cliente. Después, solicitó la recusación de García-Castellón por “pérdida de imparcialidad”, que fue rechazada. Y ahora intensifica la arremetida con estos tres nuevos escritos presentados ante el Supremo, el Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Unos documentos donde carga con dureza contra el magistrado, además de atribuirle delitos de prevaricación y pedir que se le suspenda y se anulen algunas de sus decisiones.

Para tratar de demostrar la animadversión del instructor contra Asenjo, por ejemplo, relata un supuesto episodio ocurrido durante uno de los interrogatorios: “Víctima de un arrebato de furibunda ira dirigida hacia el querellado, empleó un tono del todo punto exorbitado, indeciblemente por encima no solo de lo admisible por elementales normas de urbanidad, sino de lo tolerable por las específicas normas de policía de estrados”. Según insiste el letrado del antiguo jefe de seguridad, le habría gritado al investigado con “rabia” expresiones como “¡no me tome por tonto!” o “¡no venga aquí a mentirme!".

Asenjo no es el primer imputado que trata de apartar a García-Castellón. Villarejo ya lo ha intentado en, al menos, dos ocasiones. Aunque la Sala de lo Penal tumbó sus exigencias y acusó, además, a su defensa de “absoluta mala fe procesal” por impulsar esta maniobra contra el magistrado. El comisario jubilado, que ha alardeado en varias ocasiones de que filtraría audios comprometedores si seguía en prisión, ha llegado también a amenazar al juez al asegurar que existe material que le afectaría.

La pieza número 17

García-Castellón abrió en octubre de 2019 la pieza separada 17 del caso Villarejo, que salpica a Iberdrola. El juez y los fiscales Anticorrupción siguen la pista, al menos, a 17 trabajos que el comisario hizo por encargo de Asenjo entre 2004 y 2017, por los que la eléctrica habría pagado 1,1 millones de euros. Por ejemplo, El Confidencial publicó que elaboró un informe sobre Manuel Pizarro, expresidente de Endesa y gran rival de Iberdrola. La compañía ha negado siempre cualquier irregularidad, y, en una nota publicada en su web, aseguró que una investigación encargada a PwC descartó conductas ilegales o contraria a sus normas internas.

El modus operandi de la trama lo describe el juez instructor en varios autos. Según el magistrado, Villarejo diseñó una red de empresas para vender información clasificada a la que tenía acceso gracias a su condición de agente de la Policía Nacional. Lo hacía a cambio de “cantidades millonarias”.