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Villarejo pide su puesta en libertad por el coronavirus por ser población “de alto riesgo”

El comisario jubilado, principal sospechoso de la trama de corrupción, lleva encarcelado desde 2017

José Manuel Villarejo, en los juzgados de Plaza de Castilla, en una imagen de archivo.
José Manuel Villarejo, en los juzgados de Plaza de Castilla, en una imagen de archivo.Álvaro García
J. J. Gálvez

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017, vuelve a la carga. El antiguo agente de la Policía Nacional ha presentado un nuevo escrito en la Audiencia Nacional para pedir su puesta en libertad. En esta ocasión, ante la expansión de la pandemia del coronavirus, el principal sospechoso de la macrotrama de corrupción alega que pertenece al grupo de la población más vulnerable. “Es persona de alto riesgo”, reza el texto remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6, encabezado por el magistrado Manuel Garcá-Castellón.

“El preso preventivo tiene una edad avanzada, 68 años próximo a cumplir 69 años”, expone el abogado de Villarejo, que enumera a continuación las dolencias que dice padecer: “Presenta un cuadro pluripatológico con hipertensión arterial crónica resistente al tratamiento con continuas crisis hipertensivas, dislipemia, insuficiencia aórtica y mitral, arritmias cardiacas, asma bronquial, deterioro funcional progresivo, vulnerabilidad espinal residual a cirugía atrodésica lumbar, hiperplasia de próstata, hiperuricemia, alergias y problemas dermatológicos y estrés carcelario”.

El comisario jubilado, que recibe tratamiento médico en la cárcel, ya ha pedido varias veces salir de prisión. Hasta ahora, la Audiencia Nacional ha rechazado siempre sus pretensiones. “Su vida no corre el peligro que alega”, ha llegado a responder García-Castellón, que ha contado siempre con el respaldo de la Sala de lo Penal. Los magistrados defienden que existe un elevado riesgo de fuga, ya que el policía mantiene “conexiones en el extranjero” y una importante “capacidad económica” —cuenta con un patrimonio de más de 16 millones de euros en España y fuera del país—.

Aun así, Villarejo no desiste pese a la batería de delitos que se le atribuyen: organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, revelación de secretos, falsedad documental, tráfico de influencias, encubrimiento, extorsión y contra la hacienda pública. Todo ello, en una causa que no para de crecer y suma miles de folios de sumario y, al menos, 25 piezas separadas.

“[Estamos ahora] ante un hecho nuevo por sus excepcionales circunstancias”, destaca el abogado del comisario jubilado, Antonio García Cabrera, en el escrito enviado al Juzgado Central número 6. En este documento insiste en que, vista la extensión de la pandemia del coronavirus, la prisión preventiva “debe limitarse a los casos en los que no exista ninguna otra alternativa posible”. Por ello, el letrado propone que se permita a su cliente volver a su casa de Boadilla del Monte (Madrid) y se le impongan otras medidas de control: como comparecencias diarias en los juzgados, visitas diarias de un agente o la colocación de una pulsera telemática. “Villarejo es hombre de honor”, esgrime también el texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Villarejo permanece en prisión desde 2017 por encabezar supuestamente una red de corrupción policial, política y empresarial. Los investigadores le atribuyen el diseño de un entramado de empresas para traficar con información que obtenía gracias a su condición de agente de la Policía Nacional. Creó una “estructura paraestatal” que “instrumentalizó de forma sistemática los recursos públicos en beneficio propio y de sus clientes”, considera el instructor de sus causas. Entre las compañías bajo sospecha se encuentran algunas del Ibex 35, como Repsol o el BBVA.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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