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El BBVA declara 14 horas ante el juez por las dudas sobre su relación con Villarejo

El banco se desvincula de cualquier irregularidad en la contratación del comisario encarcelado

El edificio del BBVA, conocido como La Vela, en Madrid.
El edificio del BBVA, conocido como La Vela, en Madrid.

El juez y los fiscales del caso Villarejo pusieron este miércoles definitivamente el punto final a la declaración del BBVA, imputado como persona jurídica por los pagos millonarios a las empresas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, epicentro de la macrotrama de corrupción que investiga la Audiencia Nacional. Las tres largas jornadas de preguntas y respuestas suman más de 14 horas de interrogatorio debido a las dudas sobre quién decidió y quién conocía que se había contratado al agente encarcelado. El BBVA dijo que el banco no tenía ninguna responsabilidad.

"De los hechos investigados no se deriva responsabilidad para BBVA". Con estas palabras, vertidas en un breve comunicado difundido por la tarde, el banco volvió este miércoles a defender su inocencia aunque no aclaró cómo es posible que se le pagara más de 10 millones a Villarejo entre 2004 y 2018, algo reconocido por el BBVA, sin que la entidad fuera responsable. Diferentes fuentes repiten que los pagos no correspondieron —o no se conocían— en el primer nivel ejecutivo del banco, aunque el juez deberá analizar la responsabilidad de los altos mandos en la contratación de una supuesta agencia de detectives que debía realizar informes para la alta dirección.

La tercera jornada de interrogatorio ante el magistrado Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, y los fiscales del caso Villarejo, siguió con las preguntas sobre las facturas abonadas al comisario jubilado, en prisión desde 2017 por haber diseñado un "aparato paraestatal" para traficar con información confidencial.

Los investigadores sospechan que, durante el mandato del anterior presidente de la entidad, Francisco González, el BBVA contrató a Villarejo para espiar a líderes políticos, empresariales y periodistas. Y la pregunta clave pasa por saber quién estaba al tanto de ello y hasta qué estrato de la cúpula asciende la responsabilidad. De hecho, el pasado 28 de noviembre, en la segunda jornada de declaración del representante legal del BBVA ante el magistrado —papel que jugó Adolfo Fraguas, director de los Servicios Jurídicos del BBVA España—, el banco ya señaló como responsable de la contratación del agente retirado a Julio Corrochano, exjefe de Seguridad de la entidad financiera.

Aunque los fiscales, de momento, no se quedan en ese estrato y han apuntado mucho más arriba. Además del expresidente del BBVA, por la sede de la Audiencia Nacional ya han pasado como imputados una batería de altos directivos del banco. Como Ángel Cano, que fue jefe directo de Corrochano y consejero delegado del BBVA entre 2009 y 2015; Juan Asúa, asesor del actual presidente del banco y coordinador de los trabajos del informe forensic encargado a un auditor externo tras saltar el caso; Eduardo Arbizu, exresponsable legal; Manuel Castro, exjefe de riesgos; y Eduardo Ortega, director de los servicios jurídicos contenciosos. A excepción de González, todos ellos se negaron a responder a las preguntas de los investigadores.

Para explicar este silencio, varios de los imputados alegaron que la causa sigue bajo secreto de sumario. Una situación que García-Castellón ha ampliado hasta el próximo 4 de enero, según detallaron fuentes jurídicas. El representante legal de la entidad financiera, en cambio, sí se extendió en sus tres citas ante el juez: "Fraguas ha respondido extensamente a todas las preguntas planteadas y de nuevo ha defendido que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad para BBVA", aseguró este miércoles el banco, que se encuentra imputado por los presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.

Los frentes abiertos

El informe forensic, la implicación de los altos cargos, los correos electrónicos internos... Los investigadores han abierto diversos frentes sobre la relación entre el BBVA y Villarejo, que arranca en 2004, cuando la constructora Sacyr trató de hacerse con el control del grupo bancario. Este vínculo se mantuvo, al menos, hasta 2018. El banco no encargó las primeras investigaciones internas hasta mayo de 2018, después de que se desvelaran en prensa los primeros pagos —por 242.000 euros— a una de las compañías del comisario jubilado para descubrir tramas oscuras de Luis Pineda, presidente de Ausbanc, acusado de extorsionar a la entidad financiera, una de las más poderosas de España. A partir de entonces, la bola de nieve no ha parado de crecer. Ahora la expectación está en los detalles del sumario.

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