Cuatro directivos del BBVA mantienen la estrategia de callar ante el juez del ‘caso Villarejo’

Frente a la extensa declaración del lunes de Francisco González ante el juez del caso Villarejo, cuatro nuevos imputados han optado este martes por el silencio en la línea de investigación abierta por los presuntos pagos del BBVA al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Según han confirmado fuentes jurídicas, todos los citados esta mañana por el magistrado Manuel García-Castellón han rechazado responder las preguntas de los fiscales y del propio instructor de la Audiencia Nacional.

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Pese a ello, el juez no ha tomado ninguna medida cautelar contra ellos, investigados por cohecho y revelación de secretos. Ni contra Juan Asúa, asesor del actual presidente del banco y coordinador de los trabajos del informe forensic encargado a un auditor externo tras saltar el caso —aunque en la entidad se asegura que desconocía los hallazgos concretos que iban recopilando—. Ni contra Eduardo Arbizu, exresponsable legal; ni contra Manuel Castro, exjefe de riesgos; ni contra Eduardo Ortega, director de los servicios jurídicos contenciosos. El interrogatorio de un quinto, José Manuel García Crespo, exresponsable jurídico para España y Portugal, se ha suspendido.

Con esta estrategia, los cuatro investigados han mantenido este martes la misma línea de defensa que han esgrimido la mayoría de directivos de la entidad que han desfilado por la Audiencia Nacional, que se han acogido a su derecho a no declarar. Como Ángel Cano, consejero delegado del BBVA entre 2009 y 2015, también imputado en la causa y que se negó a declarar en la instrucción que aún permanece secreta. Solo dos personas han roto este silencio en estas pesquisas. El primero fue Antonio Béjar, el expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN), la empresa encargada de la Operación Chamartín y controlada por BBVA, que solo respondió a su abogado en la primera citación y que, después, amplió su testimonio ante los investigadores en otras dos nuevas comparecencias y aportó nueva documentación —antes de, posteriormente, ser despedido por el banco—.

El segundo fue, este lunes, el propio Francisco González, que ha contestado a todas las preguntas en esta primera llamada del juez. "Una vez que termine esta investigación quedará muy claro que el BBVA y sus directivos han trabajado siempre de una manera íntegra y ejemplar", afirmó el presidente del BBVA hasta el pasado diciembre, que en el momento de su salida ya se encontraba salpicado por el escándalo. "Sin perjuicio de que hubiera alguna conducta irregular de carácter individual que yo desconozco", continuó Francisco González delante de las cámaras de televisión, minutos después de declarar ante García-Castellón durante más de dos horas y media. Un tiempo que aprovechó para desvincularse de Villarejo, para asegurar que por su mesa no pasaba la contratación de proveedores y para señalar que el fichaje del comisario jubilado corrió a cargo de su jefe de Seguridad, Julio Corrochano, que dependía directamente de Ángel Cano.

El caso BBVA estalló en mayo de 2018, cuando se publicaron las primeras facturas que desvelaban que la entidad financiera había pagado a la red de empresas de Villarejo cientos de miles de euros. Según los investigadores, esta relación se prolongó durante 13 años y desde 2004, cuando la constructora Sacyr trató de hacerse con el control del grupo bancario. En total, las pesquisas apuntan que habría facturado más de 11 millones a las compañías del comisario jubilado, encarcelado desde 2017 por haber creado un "aparato paraestatal" para traficar con información confidencial.

Según el juez García-Castellón, Villarejo lideró un grupo que obtenía datos restringidos gracias a sus contactos con las fuerzas de seguridad y, posteriormente, los vendía a terceros. En ese contexto, precisamente, se sospecha que se enmarca la contratación por parte del BBVA, cuya trama se investiga como pieza separada de toda la Operación Tándem, el macrosumario donde se cerca la red de corrupción creada por el agente retirado de la Policía Nacional. Este miércoles declarará, a través de un representante, la entidad financiera imputada como persona jurídica. Según fuentes del banco, tiene previsto responder a las preguntas de los investigadores.