Francisco González se desmarca de Villarejo y apunta ante el juez a otros ejecutivos

El influyente Francisco González, expresidente del BBVA y uno de los banqueros españoles más poderosos de las últimas décadas, aterrizó este lunes en la Audiencia Nacional dispuesto a explayarse ante el juez. En su entorno, de hecho, repetían que respondería a todas las preguntas del magistrado Manuel García-Castellón y de los fiscales del caso Villarejo, que investigan los presuntos pagos de la entidad financiera al comisario jubilado José Manuel Villarejo, a quien se le ordenó supuestamente espiar a líderes políticos y empresariales desde 2004, cuando la constructora Sacyr trató de hacerse con el control del grupo bancario. "Hoy he podido contestar con toda transparencia y con total claridad", ha asegurado González tras el largo interrogatorio, que se ha prolongado durante más de dos horas y media.

"Una vez que termine esta investigación quedará muy claro que el BBVA y sus directivos han trabajado siempre de una manera íntegra y ejemplar", ha insistido el exbanquero antes las cámaras, antes de matizar: "Sin perjuicio de que hubiera alguna conducta irregular de carácter individual que yo desconozco". 

González mantuvo así la principal línea de defensa que esgrime desde que estallase el escándalo en mayo de 2018, cuando dice que supo por primera vez de la relación con las empresas de la trama. Según ha repetido desde entonces, no conocía a Villarejo ni a las personas de su entorno, y por su mesa no pasaban las contrataciones de proveedores. Además, según afirman fuentes jurídicas, González también ha dicho este lunes que su jefe de Seguridad, Julio Corrochano, fue quien contrató al exagente de la Policía Nacional, encarcelado desde 2017. Y ha apostillado que Corrochano dependía directamente de Ángel Cano, consejero delegado del BBVA entre 2009 y 2015, también imputado en la causa, pero que se negó a declarar en la instrucción, que aún permanece secreta.

Imputado a petición de la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de cohecho y revelación de secretos, la declaración de este lunes de González reimpulsa el caso BBVA, una pieza separada del macrosumario de la Operación Tándem, que sigue la pista del "entramado criminal" —en palabras de García-Castellón— urdido por Villarejo en torno a las empresas del Grupo Cenyt. Según escribió el magistrado en un auto, el antiguo agente de la Policía Nacional creó todo un "aparato paraestatal" para traficar con información confidencial a la que tenía acceso gracias a sus contactos en las fuerzas de seguridad. Unos datos obtenidos presuntamente de forma ilegal y que, posteriormente, vendía a terceros.

En ese marco, precisamente, brotaron las supuestas maniobras orquestadas en el interior del BBVA, que salieron a la luz en mayo del pasado año. Entonces, Público difundió las primeras facturas que desvelaban el pago de 242.000 euros a una de las compañías de Villarejo para descubrir tramas oscuras de Luis Pineda, presidente de Ausbanc, acusado de extorsionar a la entidad financiera. Pero esos documentos eran solo la punta del iceberg.

Los investigadores creen que la relación entre el banco y el comisario jubilado se prolongó al menos durante 13 años y le costó a la entidad más de 11 millones de euros. Y, en enero de 2019, la web Moncloa.com y El Confidencial publicaron que el BBVA había ordenado 4.000 pinchazos a empresarios, políticos y periodistas. En una grabación, además, el presunto exjefe de seguridad del banco habla con Villarejo sobre la presión de Francisco González para obtener esos datos.

Además de González, que abandonó en diciembre de 2018 el máximo cargo del banco y dejó en marzo de este año el de presidente de honor, este lunes también han desfilado otras dos personas por la Audiencia Nacional para declarar por la misma causa. Primero, citado en calidad de testigo, le ha tocado el turno a Javier Ayuso, responsable de comunicación del BBVA hasta 2009 y uno de los periodistas que destapó en 2015 la trama de Villarejo en diferentes artículos escritos en EL PAÍS. Posteriormente ha hecho lo propio el expolicía Antonio Bonilla, ya como imputado.

La ronda de interrogatorios continúa este martes con Juan Asúa, actual asesor del presidente Carlos Torres; Eduardo Arbizu, exresponsable legal; Manuel Castro, exjefe de riesgos; Eduardo Ortega, director de los servicios jurídicos, y José Manuel García Crespo, exresponsable jurídico para España y Portugal de BBVA. Por su parte, el miércoles declarará el banco, imputado como persona jurídica. Lo hará, en nombre de la compañía, el director de sus servicios jurídicos, Adolfo Fraguas, que desvelará así si la defensa del actual presidente se encuentra en línea con la de su antecesor en el cargo.