Ángel Cano, exconsejero delegado del BBVA, se niega a declarar en el ‘caso Villarejo’

Ángel Cano, exconsejero delegado del BBVA entre 2009 y 2015, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar acerca de los encargos que durante más de una década el banco hizo a empresas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, actualmente en prisión provisional. Cano había sido citado la semana pasada por el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Villarejo, pero no acudió al encontrarse de viaje.

Cano y otros siete directivos del BBVA —cuatro de ellos empleados actuales del banco y dos vinculados a él— han sido llamados a declarar en las últimas dos semanas como imputados por los delitos de cohecho activo y revelación de secretos en una pieza separada de la macrocausa conocida como caso Villarejo que investiga el presunto espionaje que hizo el policía para el banco durante la etapa de Francisco González al frente de la entidad.

Tampoco ha prestado declaración Ricardo Gómez Barredo, que también estaba fuera de España la primera vez que le citó el juez Manuel García-Castellón, según fuentes jurídicas. Gómez Barredo es miembro del consejo de administración de Garanti, la filial turca de BBVA, y anteriormente fue director de contabilidad y relación con los supervisores. Ambos han llegado a la Audiencia Nacional poco antes de las 10 de la mañana y han salido poco después.

La Fiscalía Anticorrupción no ha pedido medidas cautelares para los dos investigados, por lo que de momento el único directivo del BBVA al que se ha puesto alguna restricción es Julio Corrochano, antiguo jefe de seguridad del banco durante la etapa de González, que tendrá que hacer frente a una fianza de 300.000 euros y la prohibición de salir de España.

Según distintas grabaciones aportadas al sumario, en 2004 el banco contrató a Cenyt, una de las empresas del comisario, para defenderse de una operación financiera de Sacyr que amenazaba con arrebatar el control al entonces presidente González. La relación se prolongó durante varios años más, e incluyó otros trabajos, según fuentes de la investigación, como un encargo para aplacar a Ausbanc, la asociación de usuarios de banca dirigida por Luis Pineda calificada, junto con Manos Limpias, de “organización criminal” —el delito por el que se juzgará a sus responsables el próximo otoño— que presuntamente se dedicaba a chantajear a entidades financieras.

El único directivo que ha declarado ante el juez ha sido Antonio Béjar, actualmente consejero delegado de Distrito Castellana Norte (el proyecto de la Operación Chamartín) y anteriormente director general de la división inmobiliaria del banco. Lo hizo brevemente y solo respondió a preguntas de su abogado, el exmagistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez. Béjar reconoció que el banco contrató a la empresa de Villarejo entre 2010 y 2013 pero que lo hizo para indagar en el patrimonio de clientes morosos con la entidad y para hacer otras tareas de inteligencia que también se contrataban con otras compañías.