El juez impone una fianza de 300.000 euros al exjefe de Seguridad del BBVA por el ‘caso Villarejo’

La pieza separada del caso Villarejo que se centra en los trabajos del comisario jubilado para el BBVA se complica para la entidad y para el que fuera su máximo responsable de seguridad, Julio Corrochano. El juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, le dejó este viernes en libertad pero le impuso una fianza de 300.000 euros y la prohibición de salir de España. Es el primer directivo del banco, de los ocho imputados por cohecho y revelación de secretos, al que se imponen medidas cautelares. La gran incógnita ahora es si las imputaciones alcanzarán a Francisco González y al BBVA como persona jurídica.

El juez García-Castellón y los dos fiscales Anticorrupción que investigan los tentáculos empresariales, políticos y mediáticos de los negocios de José Manuel Villarejo tratan de clarificar quién formaba parte de la “cadena de mando” que dentro del BBVA decidió contratar los servicios de dudosa legalidad del comisario jubilado. Quién le hacía los encargos, pero también quién conocía los métodos empleados para conseguir la información. En este punto, una de las incógnitas es saber cómo de arriba llegaba esa cadena de mando. Fuentes judiciales consultadas señalan que para que el banco resultara imputado como persona jurídica habría que demostrar que los presuntos delitos beneficiaron a la entidad.

Por ahora, los ocho directivos imputados han aportado más bien poco. Casi todos se han negado a declarar, asesorados por los abogados que, según ha admitido la entidad, les sufraga el BBVA en virtud de una póliza que cubre a los actuales trabajadores y también a los antiguos directivos. Cinco de los ocho se han acogido a su derecho a no declarar. Dos ni siquiera se presentaron a la cita en la Audiencia Nacional: tanto el exconsejero delegado Ángel Cano como el actual miembro del Consejo de Administración de Garanti (la filial turca del BBVA), Ricardo Gómez Barredo, alegaron ante el juez que se encontraban de viaje en el extranjero y el juez les ha vuelto a citar para el próximo jueves día 11.

Solo Antonio Béjar, actualmente consejero delegado de Distrito Castellana Norte (el proyecto de la Operación Chamartín) y anteriormente director general de la división inmobiliaria del banco, declaró brevemente y solo a preguntas de su abogado, el exmagistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez. Reconoció que el banco contrató a la empresa de Villarejo entre 2010 y 2013 pero que lo hizo para indagar en el patrimonio de clientes morosos con la entidad y para hacer otras tareas de inteligencia que también se contrataban con otras compañías. Añadió que no conocía personalmente al comisario, entonces en activo.

Quien sí le conoce, a juzgar por las grabaciones aportadas a la causa, es Julio Corrochano, presuntamente la conexión entre el BBVA y Villarejo y quien se encargaba de pedir los trabajos y entregar el dinero para pagarlos. Corrochano fue nombrado en 1998 jefe superior de Policía de Madrid y posteriormente comisario general de Policía Judicial, pero en 2002 abandonó el cuerpo para fichar por el BBVA. Según las grabaciones publicadas por varios medios de comunicación, apenas tres años después empezó a contratar a Cenyt, una de las empresas de Villarejo, para defenderse de la operación financiera de Sacyr que amenazaba con arrebatar el control al entonces presidente Francisco González.

Presuntamente el encargo a Villarejo incluyó el espionaje a todos los protagonistas de lo que el propio comisario llamaba “grupo hostil”: desde el expresidente de Sacyr Luis del Rivero hasta el ex vicepresidente de la CNMV Carlos Arenillas, pasando por el entonces jefe de la oficina económica de Moncloa, Miguel Sebastián. Arenillas se ha querellado contra González y Villarejo por el espionaje. Se estima que el importe total que el banco entregó a Cenyt por sus trabajos entre 2004 y 2018 supera los 10 millones de euros.

Pero no fue ese el único trabajo del comisario jubilado para la entidad bancaria. Se cree que también cobró del BBVA para aplacar a Ausbanc, la asociación de usuarios de banca dirigida por Luis Pineda calificada, junto con Manos Limpias, de “organización criminal” —el delito por el que se juzgará a sus responsables el próximo otoño— que presuntamente se dedicaba a chantajear a entidades financieras. En mayo pasado, Pineda se presentó como víctima de un complot de BBVA y Villarejo en una rueda de prensa que dio tras salir en libertad provisional.

La pieza separada sobre Villarejo y el BBVA, la número 9 de la causa llamada caso Villarejo —una macroinvestigación con 10 piezas y casi 60 imputados que indaga desde el espionaje a Luis Bárcenas para el PP a los audios de Corinna— está secreta. Ese es el motivo que alegan los directivos de la entidad para no declarar. Afirman que aún no saben de qué hechos concretos se les acusa. Sus defensas les han recomendado guardar silencio por ahora.

Ninguno de los tres directivos citados este viernes quiso declarar. Se trata de Inés Díaz Ochagavia, actual directora de Seguridad; Nazario Campo, jefe de equipo de Seguridad y el exresponsable de esta área, Julio Corrochano. El juez ha impuesto que deposite la fianza en 15 días. Si no lo hace, entraría en prisión. García-Castellón había citado ayer también al abogado Rafael Redondo, socio de Villarejo, imputado ya en otras piezas de la macrocausa.