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El caso BBVA

La imputación del banco en las escuchas de Villarejo exige explicaciones públicas del presidente y el Consejo

Francisco González, expresidente de BBVA
Francisco González, expresidente de BBVA EFE

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García- Castellón, ha imputado al banco BBVA como persona jurídica por cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios, dentro del caso de espionaje del excomisario José Manuel Villarejo, en favor de la entidad cuando Francisco González era su presidente. La decisión judicial supone un salto cualitativo en la investigación; a partir de este momento, la responsabilidad del banco, que deberá nombrar un representante ante los tribunales, pasa a ser objeto de la investigación, sin perjuicio de las responsabilidades que se exijan al excomisario. El juez ha decidido que la gravedad del caso y sus implicaciones en el conjunto de la entidad justifican la aplicación del artículo 31 bis del Código Penal, que permite trasladar a una persona jurídica la responsabilidad penal de personas físicas.

La decisión del juez es la mejor solución para aclarar cómo se contrataron y ejecutaron labores de espionaje en una institución de la importancia del BBVA, sin que fueran detectadas por los sistemas de control interno del banco. A la empresa de Villarejo se le pagaron por sus tareas de vigilancia “física y telemática” ilegal de políticos, empresarios y periodistas al menos 10 millones, que deben figurar en registros y facturas; esos apuntes tuvieron que ser visados y aprobados por personas de la estructura administrativa de la entidad mediante órdenes concretas; no cabe pues alegar desconocimiento, como ha intentado hacer el expresidente Francisco González, y este argumento justifica la racionalidad de la imputación al banco como persona jurídica. El caso Villarejo se ha ampliado y ha pasado a convertirse en el caso BBVA-Villajero; y ahora la última palabra la tendrá un juez, no las tóxicas divagaciones de un excomisario metido a espía.

Frente a unos hechos presuntamente delictivos, por los que hasta la semana pasada el juez había imputado a nueve cargos del banco, entre ellos al exconsejero delegado Ángel Cano y al exjefe de Seguridad Julio Corrochano, la reacción institucional de sus ejecutivos y del Consejo de Administración ha resultado tardía e insatisfactoria. Ayer mismo, el banco relevó de su cargo a Eduardo Arbizu, responsable de Control Interno de la entidad, despido que puede interpretarse como un intento de proteger al Consejo de las consecuencias de una deficiente supervisión del funcionamiento interno del banco.

La situación judicial del BBVA ha empeorado objetivamente, puesto que ya está investigado. Hoy se presentan los resultados de la entidad; es un buen momento para tranquilizar a los accionistas, calmar la indignación de los empleados y recuperar la reputación en el mercado. Y eso se conseguiría realizando ante los accionistas un análisis en profundidad de los hechos y de las causas que han llevado hasta este callejón del embrollo judicial.

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