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Una historia de espías dentro de la familia propietaria de La Finca

Un reciente informe de la Fiscalía Anticorrupción aporta datos sobre cómo Susana García-Cereceda encargó presuntamente al comisario Villajero vigilar a su hermana, su cuñado, su madrastra y al arquitecto Joaquín Torres

Las hermanas Susana y Yolanda Garcia-Cereceda en 2013 y 2015, respectivamente.
Las hermanas Susana y Yolanda Garcia-Cereceda en 2013 y 2015, respectivamente.

Un informe de la Fiscalía Especial Anticorrupción, fechado el pasado 6 de septiembre y enviado recientemente a la Audiencia Nacional, proporciona nuevos detalles propios de una novela de espías sobre las relaciones de la familia García-Cereceda, promotores de la Finca, la exclusiva urbanización de Madrid en la que viven empresarios, futbolistas y artistas de renombre internacional.

Que la familia vivía tiempos convulsos desde el fallecimiento de Luis García-Cereceda en 2010 ya se conocía. También el fondo que motivaba la lucha entre los herederos del magnate inmobiliario: el control de un patrimonio que se ha valorado en más de 1.000 millones de euros. No resulta nuevo que una herencia millonaria enfrente a los miembros de una familia –en este caso las dos hijas del empresario, Susana y Yolanda, su viuda Silvia Gómez-Cuétara, su exesposa, Mercedes López, y el exmarido de Yolanda, Jaime Ostos Jr. Más sorprendente es que en las intrigas familiares y empresariales aparezca el nombre del comisario jubilado José Manuel Villarejo –actualmente en prisión y de su socio, el abogado Rafael Redondo. Y aún más ir conociendo los detalles que llevaron a la detención de Susana García Cereceda, una de las hijas del empresario, en mayo de 2018 por revelación de secretos, falsedad documental y cohecho. Todo en relación con el control de las sociedades familiares y con los supuestos dosieres que Villajero elaboró presuntamente para favorecer a Susana en la lucha por la herencia. 

Una imagen del estudio del arquitecto Joaquín Torres en La Finca, Pozuelo. ampliar foto
Una imagen del estudio del arquitecto Joaquín Torres en La Finca, Pozuelo.

El informe de la fiscalía, en el que solicita al Juzgado Central de Instrucción 6 nuevas diligencias de investigación dentro de la Operación Tándem –también conocida como Caso Villarejo– , detalla procedimientos de escuchas y seguimientos ilícitos, nombres en clave de los implicados y pagos opacos. Quienes encargan estas acciones son, siempre según el escrito de Anticorrupción, Susana García-Cereceda, Francisco Lorenzo Peñalver y David Fernández Aumente en nombre de la sociedad PROCISA. Quienes realizan la investigación es el Grupo CENYT, representado en estas acciones por Villajero y Redondo. Y los investigados son Yolanda García-Cereceda, hermana de Susana, su exmarido Jaime Ostos Jr., el arquitecto Joaquín Torres y Silvia Gómez-Cuétara, viuda del empresario que creó el grupo inmobiliario que generó la riqueza de la familia.

Como en una buena película los nombres en clave resultan básicos. El proyecto se denominó "Land" y el objeto de los servicios contratados era, según detalle el informe "un trabajo de investigación, análisis de información e intoxicación informativa en los medios de comunicación, dirigido a obtener, analizar y difundir información patrimonial, personal o íntima de una serie de personas cuyos supuestos intereses económicos podían perjudicar al patrimonio y la reputación de PROCISA". Servicios que se contrataron entre febrero de 2013 y marzo de 2014 mientras Villajero era comisario de la Policía Nacional en activo.

El proyecto, según especifica el escrito de Anticorrupción se ejecutó en varias líneas: "Land1" se centró en Jaime Ostos, exmarido de Yolanda García-Cereceda, hermana de Susana, la accionista mayoritaria de PROCISA; "Land2" en el arquitecto Joaquín Torres, creador de la urbanización La finca, y "Land3" en Silvia Gómez-Cuétara, la madrastra de las hermanas García-Cereceda. En los informes cada uno de ellos tenían también nombres en clave: Jimi para Jaime Ostos, Viola para Yolanda García-Cereceda, Jot para Joaquín Torres y Cue para Silvia, la viuda de Luis García-Cereceda.

Jaime Ostos Jr y Yolanda García-Cereceda en Madrid en mayo de 2015.
Jaime Ostos Jr y Yolanda García-Cereceda en Madrid en mayo de 2015. GtresOnline

En todos los casos, el objetivo y el modo de actuación era el mismo, según se desprende del escrito de la fiscalía: controlar los movimientos de los investigados para obtener información que permitiera a los máximos dirigentes de la empresa inmobiliaria adelantarse a las intenciones o estrategias de los investigados y desprestigiarlos si fuera necesario. El fin de Land1 era "controlar todos los movimientos de Ostos (...) para anticiparse a sus actos" y para "rentabilizar la información relativa a actividades irregulares o reprobables cometidas por Jimi, canalizándolas hacia las instituciones disciplinarias competentes, medios de comunicación" para "generar desconcierto y desconfianza con maniobras de intoxicación informativa". 

El arquitecto Joaquin Torres el pasado mes de junio en Alcalá de Henares (Madrid).
El arquitecto Joaquin Torres el pasado mes de junio en Alcalá de Henares (Madrid). GtresOnline

El primer informe sobre el arquitecto Joaquín Torres se remonta a mayo de 2013. Destaca que Torres tiene vínculos estrechos con medios de comunicación y el proyecto Land2 consistía en investigar su patrimonio y, especialmente, su vida íntima para conocer sus "debilidades" y difundir información que perjudique su honorabilidad, según especifica el escrito fiscal. Todo supuestamente para contrarrestar las acciones de Torres que reclamaba cantidades debidas a la sociedad encabezada por Susana García-Cereceda. Land3 centraba su investigación en Silvia Gómez-Cuétara, la viuda del creador de la empresa inmobiliaria, y como en los casos anteriores recabó información sobre su vida íntima para, según afirma el informe de la fiscalía, disuadirla en la negociación por la herencia. 

Los servicios contratados incluían escuchas y seguimientos personales "dirigidos a conocer vínculos de carácter estrictamente personal e íntimo que les permitiera posteriormente utilizarlos como instrumentos de presión en las controversias económicas sobre el patrimonio social y familiar", especifica la fiscalía. Unos servicios que se cuantifican en 340.252 euros en total y cuyo pago, para mayor gloria de este enredo, se solicitaba se realizase "con la máxima opacidad dado el carácter confidencial del proyecto". Un objetivo que, según se detalla, se consiguió generando facturas por conceptos ficticios.

Una batalla familiar convertida en objeto de investigación judicial que habría escandalizado a Luis García-Cereceda, el empresario detrás de este emporio con tanto celo por su privacidad que no existe más que una fotografía de él y ninguna entrevista que de pistas sobre su familia o los posibles conflictos que existían dentro de ella. Construyó su negocio desde la nada y se movió en un círculo de amistades privilegiadas entre las que se contaban políticos como Adolfo Suárez, Felipe González o Alberto Ruiz-Gallardón, además de otros muchos poderosos empresarios. Un círculo que requería discreción y en el que se le apreciaba por su condición de visionario capaz de adivinar el prometedor futuro de las urbanizaciones exclusivas destinadas al descanso de las élites.  

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