Villarejo intenta poner bajo sospecha a todos los poderes del Estado para defenderse

Cuando José Manuel Villarejo salió de prisión el pasado 3 de marzo, lanzó un mensaje directo a las altas esferas del país. “¿Ellos han decidido hacer una catarsis de España? Vale, de acuerdo. Yo encantado de que eso ocurra”, afirmó el comisario jubilado a las mismas puertas del centro penitenciario de Estremera (Madrid), donde se apostaban las cámaras de televisión. Más de ocho meses después de aquel episodio, sentado ya en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional, el comisario jubilado ha puesto en práctica su amenaza y ha demostrado su disposición a disparar contra todos los poderes del Estado. Sin paliativos. Este viernes, durante la cuarta sesión del primer gran juicio contra él, centrada todavía en la fase de cuestiones previas, su abogado propuso al tribunal que desfilasen por la vista una larga batería de testigos integrada por ministros, presidentes del Gobierno, fiscales, magistrados, altos mandos policiales y agentes del CNI. A todos los puso bajo sospecha por, según él, conocer los negocios de Villarejo e incluso valerse de ellos en algún momento.

Entre los nombres que se enumeró se encuentran el de Pedro Sánchez, actual jefe del Ejecutivo; y dos de sus antecesores, Mariano Rajoy y Felipe González. También, se planteó que declarasen el actual responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska; los exministros Jorge Fernández Díaz, María Dolores de Cospedal y José Luis Corcuera; los exsecretarios de Estado Rafael Vera y José Antonio Nieto; la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; magistrados de la Audiencia Nacional como Fernando Andreu y Alejandro Abascal; el primer juez instructor del caso Villarejo, Diego de Egea; los fiscales Eduardo Torres-Dulce, Javier Zaragoza y Manuel Moix; y dos comisarios que estuvieron al frente de la Policía, Eugenio Pino y Florentino Villabona. Sobre todos ellos, deberá ahora pronunciarse el tribunal.

De esta forma y a lo largo de más de cinco horas, el letrado de Villarejo, Antonio García Cabrera, denunció este viernes supuestas irregularidades en la investigación que acorrala a su cliente, a la que calificó como una operación de “todos los estamentos del sistema” para acabar con el comisario jubilado. De hecho, en la tercera sesión de la vista, el letrado ya ahondó en esa línea al presentar la instrucción como una “causa viciada y preparada”, urdida por el CNI para tratar de “aniquilarlo”. “¡Qué temen que diga!”, exclamó este viernes el antiguo policía a las puertas de la Audiencia Nacional, tras quejarse por la negativa del tribunal a dejarle tomar la palabra para defenderse a sí mismo —ya que él se encuentra colegiado como abogado—. “¿Me van a amordazar? Yo estoy dispuesto a hablar y lo voy a hacer”, apostilló.

Un asunto que provocó el enfrentamiento directo con la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, que ha dejado claro desde el primer día que no iba a permitir los excesos del comisario jubilado. El policía intentó este viernes intervenir sin el permiso de los jueces, lo que derivó en una rápida actuación de Murillo. “Con usted no estoy hablando”, le espetó la magistrada a Villarejo. “¿Quiere callarse? Señor acusado, ¡cállese! Aquí en esta sede no puede decir lo que le dé la gana”, le ordenó, antes de mandar hacer un parón. Todo, en medio de una enorme tensión.

No fue el único roce de la sesión. Antes, la presidenta ya se las había tenido con García Cabrera cuando el abogado quiso desdecirse de unas palabras que había pronunciado “en nombre de Villarejo”, en las que protestaba por la organización de la vista prevista por los magistrados y los acusaba, incluso, de “dormitar” y “abandonarse a manos de Morfeo” en algún momento. Una afirmación que irritó mucho a los jueces.

—¿Se refiere a que el tribunal se ha dormido? —le preguntó entonces Murillo, molesta.

—Eso es... —respondió el letrado de la defensa.

—Le agradecería que nos dijera en qué instante ha ocurrido.

—Se basa en una apreciación...

—Yo le rogaría que el señor que le ha dicho eso [en referencia a Villarejo], que lo acredite —zanjó la presidenta.

La Operación Cataluña

La Fiscalía pide más de 100 años de prisión para el comisario jubilado acusado de cobrar cientos de miles de euros de particulares a cambio de espiar a terceros, para lo que accedía a bases de datos confidenciales valiéndose de su condición de policía. Pero Villarejo mantiene, en cambio, que nunca pudo cometer ningún delito con sus negocios porque estos formaban parte de la tapadera que tenía como agente encubierto. “De ser Villarejo responsable, sería el Estado, que era para quien trabajaba”, reiteró este viernes su abogado defensor.

Por ello, el letrado intenta que desfilen por el juicio numerosos altos cargos del Gobierno y de la Policía que, según dijo, deberían confirmar el supuesto estatus especial del que gozaba el principal protagonista de esta trama. “Fernández Díaz declaró que fue el décimo ministro al servicio del cual estuvo Villarejo, y que lo hizo satisfactoriamente. Y, si el Estado conocía las funciones que hacía Villarejo, nunca pudo haber cohecho, y menos se puede hablar de organización criminal”, incidió García Cabrera, que argumentó de inmediato que Cenyt, el grupo empresarial del policía, siempre habría funcionado con los permisos de sus superiores.

Fue en ese momento cuando la defensa apuntó también a la Fiscalía, a la que acusó de haberse valido de Villarejo para sus investigaciones: “Javier Zaragoza era conocedor de esta estructura y se utilizó en la Operación Oubiña. Si se usaba por la Fiscalía, ¿qué organización criminal hay?”. “Villarejo estuvo en la Fiscalía Anticorrupción organizando la Operación Cataluña por orden de Torres-Dulce. Y la Operación Cataluña es como Kitchen, [la operación de espionaje a Luis Bárcenas, extesorero del PP]. Es la misma utilización de esa estructura”, apostilló el abogado, que pidió al tribunal poder profundizar en este tema durante la vista.

Desde el pasado octubre, la Audiencia Nacional acoge un triple juicio a la trama liderada por Villarejo. La Sala de lo Penal decidió juntar en esta vista tres líneas de investigación que se instruyeron por separado: las denominadas Piezas Iron, Land y Pintor. La primera versa sobre la contratación del comisario por parte del bufete Herrero & Asociados para espiar supuestamente a otro despacho de abogados. Land centra la diana en la guerra familiar de los herederos de Luis García-Cereceda, el promotor que levantó la urbanización de lujo La Finca en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Y Pintor trata de cómo el empresario Juan Muñoz Tamara, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, fichó a Villarejo para que obtuviera ilegalmente datos de un exsocio, al que reclamaban el pago de una deuda.