Iberdrola carga contra el juez del ‘caso Villarejo’ tras frustrarse su fusión en EE UU

Iberdrola pasa al ataque después de que el regulador de Nuevo México haya rechazado la fusión de su filial en EE UU con PNM por su implicación en el caso Villarejo. La compañía presentó este viernes un escrito en la Audiencia Nacional para apremiar al juez instructor en el avance de la investigación, que mantiene imputado desde junio a su presidente, Ignacio Sánchez Galán. En el documento, la eléctrica carga contra el magistrado —al que acusa de traspasar todas “las líneas inimaginables”—, denuncia el “daño reputacional” que estas pesquisas le generan y afirma que así lo demuestra la operación frustrada en Estados Unidos.

“La Comisión de Servicios Públicos de Nuevo México ha denegado la operación de adquisición como consecuencia de la reputación de la compañía española”, incide Iberdrola en su escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS. “La decisión ha estado fuertemente influida por la existencia de la actual investigación penal. Prueba de ello es que, en el momento de emitir su voto, cuatro de los cinco comisionados mencionaron expresamente la investigación desarrollada en España como motivo para rechazar la operación, haciendo duras manifestaciones en contra de la empresa”, detalla la energética, que valora en 8.000 millones de dólares (más de 7.000 millones de euros) la adquisición frustrada de PNM. Además, remacha: “A estos perjuicios se unen la irremediable caída en bolsa de las acciones de Iberdrola”.

El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, mantiene abierta una línea de investigación sobre la contratación del comisario José Manuel Villarejo por parte de la eléctrica. Según la investigación, los encargos se prolongaron desde 2004 hasta 2017 e incluían el acceso a bases de datos confidenciales.

La instrucción se centra en, al menos, cinco proyectos: Arrow, que tenía por objetivo eliminar la oposición municipal y de los ecologistas a la construcción de una central en Arcos de la Frontera (Cádiz); Black Board, para conseguir información comprometedora sobre Manuel Pizarro, presidente en aquellos momentos de Endesa, su gran rival en el sector eléctrico; Gipsy, para investigar a directivos internos ante las sospechas de que estuvieran cobrando comisiones ilegales; Posy, el espionaje a Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, para evitar el asalto de la constructora al consejo de administración de la eléctrica en 2009; y Wind, “centrado en la investigación de la sociedad suiza Eólica Dobrogea y su accionista mayoritario Christopher Kaap, con quienes Iberdrola Renovables Energía S. A. se había aliado para desarrollar proyectos en Rumania”.

Iberdrola defiende su inocencia y la de su actual presidente. Además, carga contra José Antonio del Olmo, que ejerció como director de control de funciones corporativas dentro de la empresa y que, según recalca el instructor, comunicó a sus superiores en 2004 “diversas irregularidades que presentaban los trabajos del proyecto Arrow”. Para guardarse las espaldas, Del Olmo llegó a depositar entonces un informe en una notaría, que se encuentra incorporado al sumario y que señala a la cúpula de la energética. El juez se apoyó en ese documento para imputar a Galán y escalar en la cadena de mando. Pero la eléctrica afirma que su contenido es falso y denunció por ello a su exdirectivo. La compañía acusa al juez de no querer indagar sobre este extremo.