Sánchez Galán declarará como investigado por el ‘caso Villarejo’ el 18 de enero

El juez de refuerzo de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha citado para el próximo 18 de enero al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, investigado por los encargos de la eléctrica a la empresa Cenyt, vinculada al comisario jubilado José Manuel Villarejo, según fuentes jurídicas. Solo quedaba por fijar fecha después de que el pasado 23 de junio el titular de dicho juzgado, Manuel García-Castellón, acordara imputar a Sánchez Galán por presuntos delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.

Según han informado fuentes jurídicas, la ronda de declaraciones comenzará el lunes 17, con los interrogatorios al director general de negocios de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles, y al exjefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo. El martes 18, además de Sánchez Galán, también está citado el que fuera presidente de Iberdrola España Fernando Becker, mientras que dos días más tarde será el turno de Iberdrola Renovables Energía, la filial del grupo que, a diferencia de la matriz, fue imputada en el caso.

El caso Villarejo ha colocado a la cúpula del Ibex 35 en el punto de mira. El juez instructor decidió en junio imputar a Sánchez Galán y a los tres directivos por los supuestos encargos de espionaje contratados por la compañía con Villarejo, entonces comisario en activo, y epicentro de una de las mayores macrotramas de corrupción de la historia reciente de España. El magistrado tomó esta medida tras recibir la petición de la Fiscalía, lo cual amplió la lista de altos ejecutivos que han desfilado por la Audiencia Nacional, después de que ya declararan también como investigados el presidente de Repsol, Antonio Brufau; el expresidente de Caixabank, Isidro Fainé, y el expresidente del BBVA, Francisco González.

A lo largo de un auto de 23 páginas, García-Castellón enumeró los múltiples indicios que se acumulan en el sumario contra la cúpula de la eléctrica española. Entre otros, el juez recalcó que han encontrado en la contabilidad de Iberdrola hasta 15 facturas sin pedido, emitidas y abonadas por un total de 1,04 millones de euros al grupo Cenyt, la trama societaria de Villarejo. “Se tratarían, pues, de servicios prestados [por el comisario] cuando se encontraba en situación de servicio activo en la Policía”, dice el instructor, que insiste en que se “manipularon” los conceptos de las facturas para ocultar la verdadera finalidad de los trabajos. Además, añadió el magistrado, Sánchez Galán tuvo “conocimiento exclusivo” de todo.

Entre los servicios solicitados se encuentra el llamado “proyecto Posy”, centrado en investigar al presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, “a fin de conocer cualquier circunstancia que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola”. De hecho, entre la documentación intervenida se encontraban los datos del censo de Pérez y de su familia; para entonces, año 2009, Sánchez Galán “ocupaba ya el cargo de presidente”.

Otro de los proyectos encargados a través del entonces jefe de seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo, fue el denominado “Black Board” o “B-B”, desarrollado en 2004 y 2005 y que, según el informe de Cenyt, “tenía por objeto conocer información de naturaleza sensible” acerca del entonces presidente de Endesa, Manuel Pizarro. En aquellos años, Sánchez Galán ocupaba el puesto de vicepresidente y consejero delegado de la compañía, en tanto que Becker, histórico del grupo, era director de recursos humanos y servicios, y Martínez Córcoles, director de generación.

Junto a los altos directivos de esa época, el juez también imputó a Iberdrola Renovables como persona jurídica, al detectar un posible delito de cohecho en la presunta contratación de Villarejo para llevar a cabo una investigación a la sociedad suiza Eólica Dobrogea. La filial de la eléctrica se había aliado con ella para acometer una serie de proyectos en Rumanía; sin embargo, en este proceso surgieron diferentes conflictos que fueron resueltos de forma favorable para la compañía española en un procedimiento arbitral.