El ‘caso Villarejo’ enfila un año clave con más de 100 imputados a sus espaldas

El caso Villarejo afronta un año clave. La Audiencia Nacional ha acelerado los trámites para sentar en el banquillo al comisario jubilado José Manuel Villarejo, epicentro de la trama, que cumple el próximo 5 de noviembre cuatro años en prisión provisional, máximo previsto por la ley para mantenerlo encerrado sin una sentencia en contra. El juez Manuel García-Castellón ya envió a juicio tres de las líneas de investigación, mientras sigue adelante con el resto de una macrocausa que suma más de 100 imputados y que ha desvelado los tejemanejes en las altas esferas policiales, empresariales, sociales y políticas del país.

Las pesquisas, bautizadas oficialmente como Operación Tándem, comenzaron en 2017 con una denuncia anónima llegada a la Fiscalía Anticorrupción. Detrás de ella estaba el empresario y abogado Francisco Menéndez, un antiguo colaborador de Villarejo que estaba siendo investigado por delitos fiscales. Su declaración desencadenó un efecto dominó —reforzado con el ingente material incautado a la trama: como las horas y horas de grabaciones halladas— que ha hecho tambalear las más altas instituciones del Estado. Cuando la Audiencia Nacional se prepara para juzgar las primeras líneas de investigación, las miles de páginas del sumario ya permiten sacar varias conclusiones:

Guerra sucia en el Ibex. La instrucción de Tándem deja al descubierto los oscuros intereses y maniobras que asolaron la cúpula empresarial del país durante años. Ya no son solo meras sospechas de la ciudadanía sobre las intrigas gestadas al más alto nivel, sino que el sumario plasma los reiterados contactos entre compañías y el círculo de Villarejo para espiar a rivales o tratar de sacar ventaja en conflictos. Entre las señaladas, sociedades de primera línea: como el BBVA (imputada, incluso, como persona jurídica, además de su expresidente, Francisco González), Iberdrola, la constructora San José, Mutua Madrileña, Repsol, Caixabank o Grupo Planeta. Tampoco se salva la jet set: los promotores de la urbanización de lujo de La Finca han sido procesados.

El empresario Luis del Rivero, expresidente de Sacyr y presunta víctima, dio algunos detalles al juez sobre el modus operandi de la trama, que cobraba presuntamente cientos de miles de euros por sus trabajos al margen de la ley, y sobre las escasas lealtades que existían en su mundo. Según contó, un colaborador del comisario jubilado, el también comisario Enrique García Castaño, se acercó en 2011 a su jefe de seguridad para ponerle en contacto con Villarejo, quien en una posterior reunión le ofreció sus servicios “para desactivar las maniobras que se estaban llevando a cabo en contra de Sacyr”. Según cree Del Rivero, que asegura que rechazó la propuesta, era un intento de “infiltración”: en aquella época, según mantienen los investigadores, Repsol y Caixabank ya había contratado a la trama para atacar al empresario rival.

El juego a dos bandas no resulta insólito. En esa línea, fuentes de otra de las compañías que hizo encargos a Villarejo sospechan que este les sustrajo información de sus sistemas tras darle acceso.

Policías desbocados. La Policía Nacional sale muy tocada. El sumario cuenta con casi una veintena de agentes imputados. Entre ellos, Eugenio Pino, el máximo responsable operativo del Cuerpo con Mariano Rajoy; además de media docena de comisarios y otros tantos inspectores.

Los investigadores, que llegan a hablar de trama “parapolicial” en la pieza separada que versa sobre Kitchen —el dispositivo para espiar al extesorero Luis Bárcenas para arrebatarle documentos comprometedores para altos cargos del PP—, describen actuaciones policiales al margen de cualquier control judicial, espionaje a periodistas, revelación de investigaciones bajo secreto, acceso a bases de datos confidenciales para vender la información al mejor postor o la concesión de favores aprovechándose de su cargo en el Cuerpo. El comisario Carlos Salamanca, que operaba en el aeropuerto de Barajas, se encuentra procesado, por ejemplo, por supuestamente facilitar la entrada ilegal en España de empresarios de Guinea Ecuatorial a cambio de coches de la marca Porsche, relojes de lujo, viajes con los gastos pagados y entradas de palco al Santiago Bernabéu.

Los agentes tiraban, además, de recursos públicos para sus supuestos negocios ilícitos. De hecho, el juez ha llegado a abrir una línea de investigación centrada en un ordenador portátil HP, que no estaba conectado a la red de la Comisaría General de Información y con número de serie 5CG510NARIC, que los hombres al mando del comisario García Castaño usaban para tener la información confidencial que le pedía su superior y que este supuestamente facilitaba después a Villarejo.

Descontrol de los fondos reservados. El avance de la instrucción ha permitido desvelar las “disfunciones e irregularidades” en el control de los fondos reservados, según subraya el juez en un auto del 21 de diciembre, donde ordena investigar ese extremo. Según explicó Miguel Ángel Bayo, asesor jurídico de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía y uno de los encargados de su gestión, las unidades policiales que solicitaban dinero de esos fondos no justificaban su uso, más allá de “apuntes genéricos”. Solo firmaban un recibí y nadie en el Cuerpo o en el Ministerio del Interior les pedía más explicaciones. Eso permitió su desvío para operaciones ilegales o el “enriquecimiento personal de altos mandos policiales”, recalca el magistrado.

Derivadas políticas. El caso Villarejo ha irrumpido en la escena política con una fuerza inusitada y con múltiples tentáculos. La pieza sobre Kitchen ha golpeado con dureza al PP, con la imputación de Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior; Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad; y la petición de la Fiscalía de imputar también a María Dolores de Cospedal, exsecretaria general de los populares. En el caso Dina, el juez instructor ha investigado si Villarejo se encontraba detrás del robo de un teléfono móvil a una asesora de Pablo Iglesias, líder de Podemos, para quien ha acabado pidiendo su imputación al Tribunal Supremo —pendiente aún de resolver— tras un giro de las pesquisas.

Un exsenador del PSOE por Sevilla, Francisco Rodríguez Martín, está también imputado en otra línea de investigación por el encargo de una empresa a la trama de Villarejo. Y tampoco se salva el rey emérito Juan Carlos I, señalado en la pieza abierta (y posteriormente archivada) sobre los audios de su examante, Corinna Larsen, donde aseguraba que había cobrado comisiones y usado testaferros para ocultar una fortuna en Suiza.

Comunicaciones intervenidas por la “seguridad del Estado”. Desde que lo encarcelaran en noviembre de 2017, José Manuel Villarejo ha tratado por todos los medios de quedar en libertad. A lo largo de estos más de tres años, el comisario jubilado ha asegurado que su permanencia en prisión le impide defenderse adecuadamente en la causa judicial; que padece graves problemas de salud —”su vida no corre el peligro que alega”, le ha llegado a reprochar el juez instructor como respuesta—; e, incluso, ha puesto sobre la mesa el supuesto riesgo que corría de contagiarse de coronavirus. Toda una batería de argumentos que rechaza la Audiencia, que concluye reiteradamente que puede aprovechar sus “conexiones en el extranjero” y su importante “capacidad económica” para fugarse.

Pocos se fían de él. Prisiones le ha intervenido las comunicaciones en la cárcel de Estremera (Madrid). Una situación que Villarejo también ha intentado frenar recurriendo las decisiones del juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Pero, de nuevo, la Audiencia Nacional ha tumbado sus arremetidas. Como consta en un auto de la Sala de lo Penal del 30 de septiembre, al que tuvo acceso este diario, la medida queda justificada “por razones de seguridad”. El comisario jubilado ya ha utilizado las visitas de familiares para hacer llegar mensajes al exterior —de hecho, en una pieza separada se investiga si, junto a su esposa y otras personas de su entorno, urdió una trama desde la cárcel para vender documentos policiales secretos—. Los jueces creen que existe la posibilidad de que, todavía a día de hoy, pueda “transmitir datos o informaciones que conculquen la seguridad del Estado”, así como dar “instrucciones para la realización de actuaciones delictivas”.