La Audiencia Nacional quiere acelerar las causas contra Villarejo tras superar los 1.000 días en prisión provisional

La Audiencia Nacional quiere acelerar las causas judiciales contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde noviembre de 2017 y epicentro de una de las mayores tramas de corrupción de la historia reciente de España. El juez instructor, Manuel García-Castellón, ya ha informado a la presidencia del órgano judicial de que el antiguo agente de la Policía, que lleva encerrado sin condena más de 1.000 días, se acerca a los cuatro años que como máximo prevé la ley. Lo que hace necesario adoptar las “medidas precisas para imprimir a las actuaciones la máxima celeridad”.

La permanencia de Villarejo en prisión resulta fundamental, en opinión de los investigadores, para seguir desenredando unas complejas pesquisas que no paran de crecer. El proceso abierto en 2017, bautizado como Operación Tándem, acumula ya más de 25 líneas de investigación y salpica a las más altas instancias del Estado: entre otros, a empresarios del Ibex 35; a la cúpula de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz (PP); e, incluso, al rey emérito, después de que García-Castellón reabriese el pasado julio la conocida como pieza Carol, abierta inicialmente tras el hallazgo de los audios del comisario jubilado con Corinna Larsen, en los que esta atribuía a Juan Carlos I el cobro de comisiones y el uso de testaferros para ocultar una supuesta fortuna.

La Fiscalía Anticorrupción y el juez defienden que la salida de prisión de Villarejo podría poner en peligro todo. No solo porque el antiguo agente de la Policía pueda recurrir a su “amplia red de contactos” y huir al extranjero para no responder de sus presuntos delitos ante la justicia española. Sino porque, además, puede “ocultar, destruir o alterar” pruebas vitales para la causa, según insistió el magistrado en un auto del pasado 20 de marzo, cuando denegó al principal sospechoso de la trama su enésima petición de puesta en libertad —en esta ocasión, el comisario jubilado alegaba que, de permanecer entre rejas, su vida se encontraba en riesgo por la extensión del coronavirus—.

Pero la ley prevé que, como máximo, un imputado puede permanecer cuatro años en prisión preventiva. Y esa línea roja cada vez se encuentra más cerca. Con ese factor en la cabeza, el ministerio público pisó el acelerador a principios de mayo. Anticorrupción dio entonces por concluidas las dos primeras líneas de investigación del caso (conocidas como Iron y Land) —a las que se sumó una tercera (Thew-Pintor) en junio— y pidió enviar ya a juicio a Villarejo por todas ellas. La Fiscalía sacó incluso pecho de su estrategia procesal: “La formación de piezas separadas, impulsada por el ministerio fiscal desde el inicio de la instrucción y acordada por el instructor, va a permitir el pronto enjuiciamiento por muy diversos delitos de los principales miembros de la presunta organización criminal”.

Este paso ha resultado realmente fundamental, pues enviar al banquillo al comisario jubilado acerca la posibilidad de que se le condene, diluyendo así el problema de que se rebase el plazo máximo de cuatro años de prisión provisional. Una vez sentenciado, los investigadores podrían seguir tirando de los hilos —la cantidad de documentación y audios con la que trabaja Asuntos Internos de la Policía Nacional es ingente— sin esa presión sobre sus cabezas. De hecho, el propio Villarejo es consciente de ello y ha arremetido contra los planes del ministerio público: “El juez y los fiscales han decidido cerrar a la carrera parte del entramado que esta patraña pseudojudicial”, escribía en un comunicado hace unas semanas, donde añadía de seguido: “Quieren condenarme lo antes posible para que ya no pueda salir nunca de aquí”.

Con este contexto como telón de fondo, García-Castellón envió el pasado 14 de julio un escrito a la presidencia de la Audiencia Nacional, según consta en el acta de una de las reuniones de la Sala de Gobierno del órgano judicial celebradas el pasado mes. La Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a los jueces a informar cuando la medida de prisión provisional acordada sobre un imputado “exceda de las dos terceras partes de su duración máxima”. El objetivo es que se puedan adoptar así “medidas precisas para imprimir a las actuaciones la máxima celeridad”, declarando la “preferencia absoluta” en la tramitación de estos procedimientos frente a otros. Y ello requería el instructor.

Más de 100 años de cárcel

García-Castellón firmó este escrito, además, solo un día después de dar otro paso clave. El 13 de julio, tras la solicitud de Anticorrupción, el magistrado había rubricado los dos primeros autos de apertura de juicio oral contra Villarejo por la pieza Iron, donde se investiga el encargo del bufete de abogados Herrero & Asociados al comisario jubilado para espiar a un despacho rival; y Thew-Pintor, donde se atribuye al policía retirado una operación ilegal de seguimiento contra un antiguo socio del empresario Juan Muñoz Tamara, marido de la popular presentadora de televisión Ana Rosa Quintana. Por tanto, una vez acabada la instrucción de ambas, le corresponderá ahora a la Sala de lo Penal fijar la fecha de los primeros juicios. Para los investigadores, cuanto antes sea, mejor.

Tras recibir el escrito del juez a través de la presidencia de la Audiencia, la Sala de Gobierno ha dado también un plazo de 10 días naturales al magistrado para que detalle los “obstáculos” que ha encontrado para que Villarejo haya superado los dos tercios del plazo máximo de prisión provisional y adopte también él “las medidas concretas” para acelerar la causa, que acumula miles de folios de sumario.

Mientras, Villarejo continúa en la prisión de Estremera (Madrid), desde donde sigue lanzando amenazas para tratar de salir. Pero su horizonte se avecina oscuro: solo por Pintor, Iron y Land, la Fiscalía le pide más de 100 años de cárcel. Y aún queda mucha madeja por desenredar.