El 'caso Villarejo'

La Audiencia Nacional imputa en el ‘caso Villarejo’ a Mauricio Casals, presidente de ‘La Razón’

La Sala de lo Penal ordena reabrir una de las líneas de investigación que el juez instructor había cerrado

Mauricio Casals, en la Audiencia Nacional, en abril de 2017.
Mauricio Casals, en la Audiencia Nacional, en abril de 2017.ÁLVARO GARCÍA

La Audiencia Nacional ha imputado a Mauricio Casals, presidente del diario La Razón y miembro del consejo de administración de Atresmedia, grupo al que pertenecen La Sexta y Antena 3, en una de las líneas de investigación abiertas en el caso Villarejo. La Sala de lo Penal ha ordenado reabrir la pieza 18 del macrosumario, denominada Proyecto Brod, en la que se investiga el supuesto espionaje a los hermanos Javier e Ignacio Pérez Dolset, a la que ya había dado carpetazo previamente el juez instructor Manuel García-Castellón. Los magistrados del órgano superior, según consta en un auto, quieren que se tome declaración a Casals para esclarecer si fue la persona que hizo tal encargo al comisario jubilado José Manuel Villarejo, epicentro de la trama y en prisión provisional desde noviembre de 2017.

Los componentes de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal estiman así el recurso presentado por Javier Pérez Dolset contra el archivo de la causa, según consta en un auto dictado este 18 de diciembre. Consideran que, en la fase en la que se encuentran actualmente las pesquisas, “procede revocar las resoluciones [de García-Castellón] y dejar sin efecto el sobreseimiento, a fin de que continúe la instrucción con la declaración del señor Casals”. “Al ser esta la única persona respecto de la cual, por el momento, hay indicios de su posible participación en los hechos objeto de investigación”.

Las pistas que cercan al consejero de Atresmedia brotan de un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, elaborado en octubre de 2019. Los agentes apuntaban que, basándose en los papeles aprehendidos a la trama, un tal “K” había hecho el encargo a Villarejo. Este personaje, a quien no se llega a identificar, quería pasar a la ofensiva tras “haber sufrido una serie de supuestos ataques de naturaleza económica, social, mediática y jurídica por parte de los hermanos Pérez Dolset”, principales accionistas del Grupo Zed y con una participación relevante también en el Grupo Planeta.

“Entre la documentación descubierta se encuentra un estudio económico del proyecto”, recalcaban los investigadores, que detallaron que este constaba con una primera fase de entre 60 y 90 días, con un coste estimado de 275.000 euros y que tenía por objetivo maniobrar contra los Pérez Dolset en favor del tal K. Según consta en el recurso de los hermanos contra el archivo, Villarejo aseguró en su declaración que Casals se encontraba detrás de ese nombre en clave. El directivo tiene un gran peso en el Grupo Planeta, donde supuestamente surgieron los enfrentamientos entre ambas partes.

Comercialización de datos

En esta pieza 18 se investigan delitos de cohecho y de descubrimiento y revelación de secretos. La documentación hallada por los agentes sobre Brod, según la Audiencia, “pone de manifiesto” que Villarejo comercializó con datos de carácter reservado de “particulares que no estaban siendo objeto de investigación oficial”, a los que accedía gracias a su condición de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. Entre sus víctimas estaban los Pérez Dolset.

Los magistrados de la Sala Penal admiten que el juez instructor, a la hora de archivar esta parte de la causa, apreció que no existen “indicios suficientes para atribuir la autoría del delito de cohecho a las personas señaladas” por Pérez Dolset. Pero a su vez, para argumentar la reapertura, detallan que en un segundo auto de García-Castellón se concluye que sí “hay elementos para atribuir a Mauricio Casals la autoría del encargo a. Villarejo”. “Admitida la existencia de indicios de que hubo un encargo por parte de dicha persona a un funcionario público de servicios propios de su función, con fines particulares, no hay razón para no continuar con la investigación”, apunta el tribunal en su resolución de este 18 de diciembre.

“Como hemos dicho, el hecho de que no mediasen pagos no excluiría el delito de cohecho que pudo haberse cometido mediante dicho encargo. Y tampoco el de descubrimiento y revelación de secretos, que pudiera derivarse del acceso a datos restringidos o de su difusión, en el curso de la prestación, por incipiente que esta fuera, de esos servicios”, concluye la Sección Tercera.

Casals ya fue investigado en 2017 por la Audiencia Nacional en el marco del caso Lezo, una de las causas de corrupción que cercan al PP de la Comunidad de Madrid y por el que se ha procesado al expresidente autonómico Ignacio González. El órgano judicial finalmente lo desimputó a los pocos meses al considerar que no “habría conseguido” presionar a Cristina Cifuentes, que llegó después a la jefatura del Gobierno regional, para que no denunciara a Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero delegado de la empresa editora de La Razón y exdirectivo del Canal de Isabel II, por el desfalco en la compra de una empresa en Brasil por parte de esta sociedad pública madrileña.

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