Anticorrupción atribuye a “dirigentes del Gobierno” de Rajoy el espionaje ilegal a Bárcenas

La Fiscalía está convencida de que cargos políticos del Gobierno de Mariano Rajoy están detrás de Kitchen, la operación de espionaje a Luis Bárcenas sin control judicial. El ministerio público insiste en esa idea en un nuevo escrito enviado al juez después de que Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, y su ex número dos, Francisco Martínez, declararan que nunca ordenaron o supervisaron ese operativo. Un testimonio que contradice la versión de la cúpula policial, que afirmó al magistrado que sus superiores políticos estaban al tanto.

Ni las reiteradas negativas del exministro Jorge Fernández Díaz ni las excusas de Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, convencen a la Fiscalía Anticorrupción. El ministerio público no se cree que la Operación Kitchen, la trama parapolicial urdida en 2013 para espiar al extesorero Luis Bárcenas con el objetivo de arrebatarle papeles comprometedores para altos cargos del PP, se gestara solo en la cúpula de la Policía, cuyo máximo responsable en aquella época, el comisario Eugenio Pino, también se halla imputado. Los investigadores apuntan más alto. E insisten en su tesis: detrás se encontraban “dirigentes del Gobierno” de Mariano Rajoy.

Los fiscales, en un escrito del pasado 10 de diciembre y al que tenido acceso EL PAÍS, recalcan el papel protagonista de miembros del antiguo Ejecutivo popular. “Entre 2013 y 2015, tanto por parte de dirigentes del PP en el Gobierno como desde la cúpula del Ministerio del Interior, se habría puesto en marcha un dispositivo coordinado desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, internamente denominado Kitchen o Cocinero”, subraya el ministerio público, que añade: “Este estaba dirigido a la obtención de información sobre el lugar o lugares en los que Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, ocultarían material comprometedor para el PP y altos dirigentes del mismo”.

El presunto objetivo: hacerse con esos documentos antes que el juez Pablo Ruz, que ya investigaba en ese momento la contabilidad opaca del partido conservador. EL PAÍS había publicado en enero de 2013 los bautizados como papeles de Bárcenas que reflejaban la existencia de una caja b en el PP y el extesorero había mostrado su predisposición a colaborar con el magistrado de la Audiencia Nacional. Para financiar el despliegue ilegal de espionaje se desviaron fondos reservados.

El juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Kitchen, mantiene desde hace tiempo una línea similar a la Fiscalía. En un auto de septiembre, el magistrado ya afirmó que detrás de la operación se encontraban “órganos superiores o directivos de la Administración General del Estado” de la etapa de Rajoy. De hecho, a continuación, imputó a Fernández Díaz, que acudió a declarar el pasado octubre —además de participar, semanas después, en un careo con Martínez, su antigua mano derecha en Interior—. Eso sí, no ha aceptado, de momento, la solicitud de la Fiscalía de imputar también a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP y exministra de Defensa. El ministerio público le atribuye un “interés personal” en la operación de espionaje a Bárcenas.

Los subordinados

En su escrito del pasado 10 de diciembre, enviado al juez, la Fiscalía describe también el presunto organigrama de la trama Kitchen. Inmediatamente por debajo de la cúpula política de Interior se encontraba supuestamente el comisario Pino, entonces director adjunto operativo y que fue señalado en 2017 por el dictamen de la comisión de investigación del Congreso como el muñidor de la policía patriótica que, en la etapa de Fernández Díaz como ministro del Interior, se dedicó a “obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP” y perseguir a los “adversarios políticos”. Según Anticorrupción, este alto mando policial habría “abusado de sus funciones” para encargar el operativo ilegal a un grupo de agentes de la Policía.

El ministerio público insiste en señalar a los comisarios José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño y Marcelino Martín Blas; así como al entonces inspector jefe Andrés Gómez Gordo, quien trabajaba como asesor para Cospedal durante su etapa de presidenta de Castilla-La Mancha. A ellos se sumaron los inspectores jefe Miguel Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano. Y, por supuesto, Sergio Ríos, alias El cocinero, el chófer de Bárcenas captado por la trama y que después ingresaría en el Cuerpo.

Todos ellos conocieron, según insiste el ministerio público, detalles de Kitchen: supieron de los contactos con Ríos para que trabajara para la trama a cambio de dinero sacado de los fondos reservados —la Audiencia Nacional ya ha acreditado el pago de más de 50.000 euros— y de facilidades para que ingresara en la Policía. Unas cantidades “desviadas de los estrictos fines legalmente previstos para su autorización y uso”, según apostilla la Fiscalía. De hecho, la acusación pública ha pedido al juez García-Castellón que recabe más datos sobre ello. Y el magistrado, a través de un auto dictado este 21 de diciembre, ha aprobado más diligencias para investigar “disfunciones e irregularidades” en el uso de esos fondos ante “las posibles responsabilidades penales” de los entonces encargados de la gestión de esta partida.

Los dos máximos responsables políticos de Interior en la etapa bajo sospecha, Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez, han echado siempre balones fuera al respecto. Durante su declaración ante el juez, el exministro del Interior señaló al exsecretario de Estado de Seguridad como el responsable de su control y apuntó que él no participó en nada, insistiendo en que se enteró de la existencia de Kitchen por la prensa. Su vieja mano derecha, por su parte, aseguró al juez que ambos tenían una “información muy general” sobre los fondos reservados. Martínez reconoció al magistrado, además, que en 2013 supieron de la existencia del dispositivo para captar al chófer de Bárcenas, pero que siempre creyó que era legal.

La incógnita sobre el alcance de la comisión

La comisión de investigación del caso Kitchen arrancará este enero si se cumplen las previsiones del Congreso. Será a partir de entonces cuando comiencen a despejarse las dudas sobre el alcance de esta iniciativa, sobre la que PSOE y Podemos mantienen posiciones divergentes. Aún falta por cerrar la lista de comparecientes y los socialistas no han verbalizado, de momento, su predisposición a apuntar ya a lo más alto. Quieren que, en un principio, acudan solo a declarar cargos y directores policiales operativos para que expliquen qué políticos les daban las instrucciones. Para que, una vez se les escuche, decidir si se apunta más arriba. Pero la coalición liderada por Pablo Iglesias aspira, en cambio, a citar desde un primer momento a Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno; Pablo Casado, actual presidente de los populares; y a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del partido.