El juez propone sentar en el banquillo a dos de los personajes clave en el estallido del ‘caso Villarejo’

Otro hilo del caso Villarejo llega a su fin. El juez Manuel García-Castellón ha concluido la instrucción de la pieza separada número 1 de la Operación Tándem, el macrosumario sobre los negocios del comisario jubilado José Manuel Villarejo. El magistrado propone juzgar al comisario Carlos Salamanca y al abogado Francisco Menéndez Rubio por supuestamente facilitar la entrada ilegal en España de empresarios de Guinea Ecuatorial a cambio de regalos, según una resolución dictada este martes y a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Menéndez se convirtió en uno de los primeros colaboradores de la Fiscalía cuando estalló el escándalo.

El juez concluye que existen indicios claros contra Salamanca y Menéndez, dos personajes clave en este macrosumario. El caso Villarejo se inició a raíz de las revelaciones del abogado, que contó a la Fiscalía que un grupo de altos directivos de la petrolera estatal guineana Gepetrol estaban desviando dinero negro a sociedades radicadas en paraísos fiscales para después hacerlos llegar a países de la Unión Europea. Este grupo de ejecutivos contaba con el presunto apoyo de Salamanca, comisario encargado de la seguridad del aeropuerto de Madrid-Barajas. Este, a su vez, contactó supuestamente con Villarejo para solicitar servicios “altamente especializados de información e inteligencia” para sus socios guineanos.

Ante tales revelaciones, la Audiencia Nacional abrió la línea de investigación principal de la Operación Tándem, centrada en los negocios de Villarejo; pero también una primera pieza separada sobre los presuntos tejemanejes de Salamanca y Menéndez. Esta parte es la que el García-Castellón da ahora por concluida y por la que les procesa por primera vez. Atribuye a ambos delitos de cohecho y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, aunque al abogado también le imputa cuatro delitos contra la Hacienda Pública por ocultar a la Agencia Tributaria sus negocios a través de su empresa Framen.

Según detalla el juez, entre 2011 y 2012, Menéndez Rubió contacto con Carlos Salamanca, jefe del puesto fronterizo de Barajas, para que le “facilitara la entrada ilegal en territorio español de empresarios ecuatoguineanos vinculados a Gepetrol, que carecían del visado pertinente”. Según los investigadores, el agente de la Policía no solo aceptó, sino que “dispensó un ilícito tratamiento VIP” a su socio y clientes en el aeropuerto, “consistente en recogerles en vehículos policiales a su llegada a Madrid procedentes de Guinea Ecuatorial o de Dubái en la escalerilla del avión, y trasladarles hasta la salida con el fin de sustraerles de la preceptiva vigilancia y control de aduanas de España y, por tanto, de la UE”. Esto les permitía introducir de forma irregular “elevadas cantidades de dinero en efectivo”.

A cambio, Salamanca recibió presuntamente numerosos regalos: entre ellos, dos coches de la marca Porsche, relojes de lujo por valor de más de 80.000 euros, viajes con los gastos pagados, entradas de palco al estadio Santiago Bernabéu y 135.000 euros en efectivo. En su defensa, el comisario alegó que entre ambos existía “una estrecha relación de amistad, en el contexto de la cual se han producido regalos recíprocos cuyo valor puede haber variado en función de la capacidad económica de cada uno”.

Esta es la cuarta de las 27 piezas separadas que acumula el macrosumario que el instructor da por finalizada. García-Castellón ya hizo lo propio con la Pieza Iron, que fue la primera en darse por concluida y donde se investiga un encargo a Villarejo por parte del bufete de abogados Herrero & Asociados para espiar a un despacho rival. La segunda fue la Pieza Land, sobre la guerra familiar de los Cereceda, impulsores de la urbanización de lujo La Finca (Pozuelo de Alarcón). Y la tercera, la Pieza Thew-Pintor, que versa sobre un encargo del empresario Juan Muñoz Tamara, marido de la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana, y su hermano Fernando para espiar a un exsocio y a su abogado. Por solo estas tres derivadas del proceso, la Fiscalía pide más de 100 años de cárcel para Villarejo.