Objetivo: salvar a Zaplana

El yonqui del dinero quiere anular grabaciones y documentos que señalan la corrupción del PP valenciano

El autodenominado 'yonki del dinero', Marcos Benavent, a su llegada a los juzgados de Valencia el 27 de octubre.
El autodenominado 'yonki del dinero', Marcos Benavent, a su llegada a los juzgados de Valencia el 27 de octubre.Mònica Torres

Marcos Benavent, conocido como el yonqui del dinero, ha dado un giro de guion a su relación con la justicia. Hasta ahora todo había sido colaboración, arrepentimiento, culpabilidad. Sus grabaciones, testimonios y documentos han llevado al procesamiento de decenas de miembros del PP valenciano por distintos tipos de corrupción. Ha cambiado de abogado y pretende que aquello se convierta en todo era mentira.

Benavent, en boca de su abogado defensor, ha pedido que se anulen tanto las grabaciones como la documentación incautada en el registro del despacho de su primer abogado. Las primeras han llevado, entre otros, al procesamiento del expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus. Las segundas provocaron la detención e imputación del expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana.

El brusco cambio de táctica ha supuesto que varias fuentes del caso señalen a Zaplana, incluso a Rus, como verdadera causa. Si se anularan las pruebas que originaron la investigación y, posteriormente, las imputaciones, las causas en las que se les acusa podrían quedar en agua de borrajas. Pese a la idea de Benavent de limpiar la política de una lacra como la corrupción, que tanto ha lastrado en la Comunidad Valenciana, el que se autodenominó como Yonqui del dinero no es una figura respetada. Ni querida. Su implicación en varias de las corruptelas que él mismo denunció tampoco le dejan en un lugar cómodo ni legal ni socialmente. “Ahora me tengo que aguantar”, dijo Benavent a la salida del juzgado el pasado miércoles, requerido por los medios de comunicación, ante los que siempre ha hecho declaraciones.

Sin embargo, son varios los motivos por los que, en principio, el juez podría rechazar la intención del nuevo abogado de Benavent. En 2016 ya se presentó una solicitud de nulidad de esas grabaciones que el juez y la Audiencia rechazaron. En aquella ocasión se alegaba la vulneración del derecho a las comunicaciones pero, curiosamente, Benavent no quiso adherirse a aquella solicitud que sí reclama ahora. Además, según fuentes del caso, la investigación, que se puso en marcha a partir de aquellas conversaciones, ha ido apuntalando lo que en ellas se mantenía a través de registros, movimientos en cuentas, otros testimonios e informes patrimoniales y de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). A todo ello se une, según fuentes jurídicas, que desde la sentencia de la lista Falciani, la doctrina del árbol envenenado, por la que se anulan todas las pruebas que procedan de otra obtenida de forma ilícita, está limitada a los casos en los que intervienen agentes públicos pero no si proceden de un particular, por lo que toda la investigación derivada de las grabaciones y documentos sería válida. Esta doctrina serviría también para la documentación incautada en el despacho del anterior letrado de Benavent que, según fuentes del caso, fue un registro pactado. Desde que se produjo aquella entrada, en 2015, el letrado no ha impugnado la entrada y el decomiso de la documentación de Marcos Benavent entre la que se encontraba un manuscrito que detallaba el circuito internacional de blanqueo que supuestamente utilizó el exministro para lavar las comisiones cobradas por el Plan Eólico Valenciano, un proyecto que puso en marcha en su etapa de presidente de la Generalitat valenciana. Esa documentación, según explicó entonces el yonqui del dinero, procedía de un ciudadano sirio que la encontró en un piso alquilado al propio Zaplana.

Varias fuentes del caso ven la mano negra de Alfonso Rus y de Eduardo Zaplana en el cambio de estrategia de defensa de Marcos Benavent. No en vano, el nombre de Zaplana volvió a surgir hace apenas diez días en la comisión que el Congreso de los Diputados tiene en marcha por el caso Kitchen, que investiga al excomisario José Manuel Villarejo, por el supuesto espionaje y robo de documentación al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas. A preguntas de un diputado valenciano, sin tener supuestamente nada que ver con la temática de la comisión, Villarejo fue preguntado y, en su respuesta, sostuvo que el CNI utilizó a un confidente sitio para ver cómo “destruir al señor Zaplana”. La afirmación ha valido para que la defensa del expresidente valenciano haya pedido que Villarejo acuda a declarar en el caso abierto contra él en el juzgado número 8 de Valencia. Todo pese a que Eduardo Zaplana temía aparecer involucrado en cualquier cosa que tuviera que ver con Villarejo y así lo mostró en una carta que también forma parte del sumario.

Tanto la petición de nulidad, a la que probablemente se adhieran las defensas del resto de acusados, como las nuevas declaraciones, con sus consiguientes recursos, servirán, cuanto menos, para demorar la resolución de los casos.

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Según fuentes de la Fiscalía, nunca pidió llegar a un acuerdo que le posibilitara una rebaja en el castigo que se le pueda imponer por su implicación en prácticas corruptas. “Me he llevado de todo, dinero y caja y comisiones. Era un yonqui del dinero”, alegó Benavent en sus primeras comparecencias ante el juez al que ahora quiere hacer creer que todo era mentira.

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